La coordinadora del INECIP, Micaela Giubilato, explicó los fundamentos de la presentación ante el Senado y advirtió sobre irregularidades en el procedimiento de designación del magistrado.
La Coordinadora del INECIP, Micaela Giubilato, confirmó que desde la organización presentaron una impugnación ante el Senado de la Nación contra la continuidad del juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, al considerar que su situación “no cumple con los requisitos constitucionales necesarios para extender su nombramiento”.
“Fue el Poder Ejecutivo quien elevó al Senado la intención de extender un nuevo nombramiento en el marco de lo que dice la Constitución, que es que cuando un magistrado cumple 75 años, para que se prolongue su cargo, debe presentarse esta solicitud y el Senado debe aprobarla por cinco años más”, explicó. Sin embargo, aclaró que el planteo no cuestiona ese mecanismo en sí, sino su aplicación en este caso particular.
“El punto es que Maíques efectivamente nunca fue nombrado para ese cargo. Es uno de los más altos en la Justicia Federal penal, la Cámara Federal de Apelaciones, y al no haber sido nombrado originalmente, no corresponde extender un nombramiento que nunca existió”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que “parece un juego de palabras, pero no lo es”, ya que se trata de una cuestión clave para garantizar la legalidad del proceso.
Giubilato detalló que el magistrado “hizo concurso y fue designado para la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal, para delitos comunes en la Capital Federal”, pero luego fue trasladado a la órbita federal “con el simple pedido del Poder Ejecutivo, sin pasar por un nuevo concurso”. Esto, explicó, implica una diferencia sustancial: “La Justicia Penal Federal trata delitos complejos, vinculados a la seguridad del Estado nacional, y requiere otro tipo de evaluación”.
“Lo que marcamos es que al no haberse cumplido el procedimiento por el cual se nombra a los magistrados, que busca asegurar la independencia y la imparcialidad de los jueces, se está tomando un atajo y se pone en riesgo lo más importante de la justicia, que es su independencia”, enfatizó.
Además del aspecto técnico, Giubilato reconoció que existen cuestionamientos sobre el desempeño del juez: “Hay dos planos: uno procedimental, que es el que fundamenta la impugnación, y otro que tiene que ver con su desenvolvimiento y cuestiones que han enturbiado su gestión, como su participación en situaciones que han generado mucho ruido mediático”.
En ese marco, también mencionó el contexto institucional: “Es el padre del actual Ministro de Justicia y tiene causas en las cuales su actuación ha sido, como mínimo, sospechosa”. Y agregó que esto adquiere mayor relevancia por el ámbito en el que se desempeña: “La Cámara Federal de Casación Penal es la instancia más alta en materia penal antes de la Corte Suprema y resuelve casos de impacto nacional”.
Por eso, concluyó que la discusión no es menor: “Estamos hablando de garantizar que los jueces lleguen a esos cargos cumpliendo todos los procedimientos establecidos, porque de lo contrario se afecta la confianza en el sistema judicial”.