La causa por presunta estafa y despojo contra el propietario de un geriátrico fue elevada a juicio. La investigación apunta a maniobras realizadas sobre una mujer con padecimientos psiquiátricos.
El fiscal David Bruna confirmó en la 99.9 la elevación a juicio de una causa en la que se investiga al propietario de un geriátrico por haber hecho firmar documentos a una mujer con un trastorno psicótico crónico, lo que derivó en la cesión de su vivienda y la firma de pagarés por cifras millonarias. “Tenemos pericialmente determinado que no estaba en condiciones de comprender el alcance jurídico de lo que estaba firmando”, afirmó.
Según explicó, la investigación comenzó a partir de una denuncia presentada tiempo después de los hechos: “Esto ocurre a partir de una denuncia que se hace años después, más o menos unos dos años después, cuando el hijo se presenta y pone en manifiesto esta situación”.
El caso se da en un contexto de alta vulnerabilidad: “Era una señora de edad avanzada que había sufrido una ruptura sentimental, tenía una relación muy conflictiva con su hijo y además presentaba una patología psicótica de base”, detalló Bruna, quien agregó que este escenario “hacía bastante sencillo poder hacerla incurrir en este error”.
De acuerdo a la reconstrucción judicial, la mujer era propietaria de una vivienda en el barrio La Florida y, al ingresar al geriátrico, firmó un acuerdo mediante el cual cedía su parte de la propiedad al titular del establecimiento: “Le hacen firmar un documento donde le cedía al propietario del geriátrico la parte que le correspondía de la propiedad”, indicó.
Además, como garantía, se le exigió la firma de pagarés: “Para poder asegurarse el traspaso del 50% de la propiedad, le hacen firmar documentos por varios millones de dólares”. Este acuerdo, según se le habría presentado a la víctima, funcionaba como “una especie de renta vitalicia por los cuidados que le iban a dar”.
Sin embargo, la permanencia en el lugar fue breve: “La señora está un tiempo en el geriátrico, unos meses, no llega a estar un año, y termina en otras instituciones más adecuadas para su situación”, explicó el fiscal.
Uno de los elementos centrales de la causa es la condición de la víctima al momento de firmar: “De acuerdo a las descripciones de testigos, se la veía bastante bien, pero bajo los efectos de la medicación”, señaló Bruna, aunque remarcó que las pericias determinaron su incapacidad para comprender los actos realizados.
Tras la denuncia, también se abrió un litigio por los pagarés: “Esta gente exige el pago y el hijo rechaza la legitimidad del pretendido cobro”, agregó.
En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos: “Se logró secuestrar, por ejemplo, la escritura que estaba en el domicilio, pero no se han podido encontrar los otros documentos. Hay que ver dónde los tendría ocultos el dueño del geriátrico”, indicó.
Consultado sobre el funcionamiento del establecimiento, Bruna confirmó que “sigue abierto” y aclaró que se trata de relaciones particulares: “No estamos en conocimiento de cómo era el contrato ni si intervenía PAMI, creemos que sí tenía afiliación, pero también tenía una prepaga”.
El fiscal evitó dar el nombre del geriátrico por el momento: “No lo vamos a dar por una cuestión lógica”, y remarcó que “no es algo común, la gran mayoría de los geriátricos de Mar del Plata se manejan de una manera absolutamente responsable”.
La causa por el geriátrico avanza hacia la instancia de juicio con elementos que, según la fiscalía, evidencian un aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima en un contexto de salud mental comprometida.