Una medida de amparo paralizó el avance del emprendimiento comercial en el barrio privado tras la tala de más de 300 árboles y sin estudios de impacto ambiental aprobados.
Una vecina del barrio Rumencó, Patricia Rosso, confirmó que la Justicia ordenó frenar el avance del emprendimiento denominado “Plaza Rumencó”, luego de hacer lugar a un amparo que expone una serie de irregularidades denunciadas por los residentes. “Lo que ellos le dicen macrolote es un lote lindero a la zona construida, sobre la ruta, donde proyectan un centro comercial con diversos usos, incluida una estación de servicio”, explicó en la 99.9.
Según detalló, la obra quedó paralizada “por una medida de amparo que presentó uno de nuestros vecinos en nombre de muchos”, y que el juez transformó en una acción colectiva. “Considera que se ven afectados intereses de todos los ciudadanos de Mar del Plata, porque se afecta el medio ambiente, la flora, la fauna, un ecosistema consolidado en el lugar”, indicó.
Rosso remarcó que ya se produjo un fuerte impacto ambiental antes de cualquier aprobación formal: “Se talaron más de 300 árboles y todo esto sin tener una resolución del Concejo Deliberante y sin contar con los resultados del estudio de impacto ambiental correspondiente”.
En ese marco, expresó la preocupación de los vecinos por el avance de obras sin los avales necesarios: “Nos llama mucho la atención cómo comenzaron con un movimiento de suelo muy importante, con máquinas trabajando, sin que esté aprobado como debe ser constitucionalmente. Hay un decreto municipal, pero no está convalidado por el Concejo Deliberante”.
La vecina también cuestionó la falta de información por parte de la administración del barrio: “No hubo ninguna comunicación. Tenemos una subcomisión de medio ambiente y tampoco hemos tenido respuestas. Nos preocupa que se avance de esta manera sin explicaciones”.
Además, señaló que la comisión interna del barrio, que debería representar a los propietarios, no intervino en el conflicto: “Tenemos una comisión que debería defender nuestros derechos y no se ha expedido, no dice nada, deja avanzar la obra. Por eso tuvimos que actuar los particulares”.
Si bien reconoció que el terreno pertenece a privados y que pueden desarrollar proyectos, subrayó que deben cumplir con las normativas: “Como cualquier vecino que quiere construir, ellos también necesitan las aprobaciones correspondientes. Ese es el punto central”.
Finalmente, Rosso insistió en que el reclamo no apunta a frenar el desarrollo, sino a garantizar que se realice dentro de la legalidad: “Queremos que las obras se hagan de manera apropiada, con todos los requisitos cumplidos. Lo que no puede pasar es que se avance sin estudios ni autorizaciones, afectando un entorno que tiene características ambientales muy particulares”.