La concejal de General Alvarado denunció falta de transparencia en el destino de los fondos y adelantó que recurrirá a la Justicia ante la falta de respuestas del Ejecutivo.
La concejal del Partido de General Alvarado, Viviana Farías, volvió a poner en el centro del debate el destino de la Tasa de Caminos Rurales y cuestionó la falta de información sobre el uso de esos recursos. “Hace mucho tiempo que los productores vienen insistiendo en lo mismo: en qué se invierte esa tasa”, afirmó en diálogo con la 99.9.
Según explicó, el tema no es nuevo, pero nunca se logró avanzar en mecanismos efectivos de control. Recordó que ya en 2022 se creó una mesa agropecuaria por ordenanza, con participación del sector rural, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo, pero “tampoco ha sido efectiva, porque la última decisión la toma siempre el intendente municipal”.
Farías señaló que el problema central es que los fondos no tendrían una afectación específica clara. “Presentamos la modificación de una cuenta afectada para que los recursos sean destinados a lo que se cobra, pero ese proyecto fue absolutamente rechazado”, indicó. Y agregó que incluso cuando en 2020 se implementó una tasa extraordinaria para comprar equipamiento vial, “los productores tuvieron que hacer una vigilancia absoluta para que no se utilizaran en otros lugares, y tampoco fue efectivo ese control”.
En ese marco, la edil decidió avanzar formalmente con un pedido de informes al Ejecutivo local: “Presenté hace 15 días un pedido bastante exhaustivo, con fundamentos legales, aclarando cuál es el concepto de tasa, que no es lo mismo que un impuesto. Una tasa necesita una retribución, que es brindar el servicio”.
El requerimiento incluye detalles sobre el destino de los fondos desde 2020 hasta la actualidad, incluyendo maquinaria, insumos, personal y planificación: “Se pide un informe desde el año 2020 hasta 2025 y, a partir de 2026, el plan de trabajo a realizar”.
Sin embargo, denunció que no obtuvo respuestas en los plazos establecidos: “No fue respondido en tiempo y forma por el Departamento Ejecutivo, así que va a ir con un recurso de amparo para que nos den a conocer en qué se ha invertido esos recursos”.
Farías también remarcó que no es la primera vez que debe acudir a la Justicia para acceder a información pública: “He presentado varios recursos de amparo, en algunos hemos tenido éxito, pero el acceso a la información no debería ser a través de la Justicia”.
Más allá del aspecto administrativo, advirtió sobre el impacto concreto en la vida cotidiana de los vecinos rurales: “Esto no es sólo producción agropecuaria. Hay mucha gente que vive en el sector rural y depende de la transitabilidad para la salud, la seguridad, la educación y la conectividad”.
En ese sentido, describió las dificultades que enfrentan los habitantes del interior del distrito: “Si tenemos un accidente en la zona rural, ya tenemos problemas porque ni siquiera contamos con ambulancias suficientes. Todo se dificulta: llegar a una escuela, a un hospital, poder trabajar”.
Finalmente, cuestionó la falta de resultados visibles: “Es importante saber a dónde van los recursos, porque tampoco vemos que, si se usaran en otros sectores, haya mejoras. No lo estamos viendo”.
La concejal adelantó que insistirá con herramientas judiciales para obtener respuestas y subrayó que el reclamo apunta a garantizar transparencia y cumplimiento en el uso de fondos que, por definición, deberían destinarse a sostener la infraestructura rural del distrito.