El analista internacional Sebastián Maril analizó el proyecto del Gobierno para cerrar litigios externos y advirtió que, aunque el monto es bajo, el impacto reputacional es clave para recuperar credibilidad.
El envío al Congreso de un proyecto para cerrar acuerdos con holdouts marca, según el analista internacional Sebastián Maril, un punto de inflexión en la estrategia argentina frente a los litigios externos. “Es un pequeño paso monetario, pero un gran paso en términos simbólicos”, definió, al referirse a la iniciativa del presidente Javier Milei para saldar deudas pendientes con fondos que aún mantenían juicios contra el país.
Maril explicó que se trata de un conflicto que se arrastra desde hace más de una década: “Entre 2012 y 2016 Argentina tuvo una gran catarata de litigios por la deuda en default. Lo perdimos, no lo pagamos, vino el gobierno de Mauricio Macri, emitió bonos para cancelarlos, pero quedó un remanente”. Ese remanente, indicó, “tenía sentencia firme, nunca cobró, empezó a litigar, a embargar activos”, lo que derivó en la actual negociación.
El proyecto enviado al Congreso contempla el pago de unos 171 millones de dólares a dos de los principales grupos acreedores. “Llámalo como quieras, son fondos buitre si querés”, señaló, y aclaró que existe un plazo límite: “Tienen fecha hasta el 30 de abril para aprobarlo, porque si no el acuerdo se cae y volveríamos a empezar todo otra vez”.
Más allá del monto, que consideró “insignificante para un país con un PBI de cientos de miles de millones de dólares”, el especialista puso el foco en la señal que se envía al mundo: “Es el primer acuerdo que este gobierno cierra con litigios internacionales desde que asumió. Sirve para mostrar que estamos respetando el estado de derecho y que somos un país confiable para invertir”.
Sin embargo, advirtió que este es apenas el inicio de un proceso más amplio: “Faltan grandes fallos que no estamos pagando, como el del cupón PBI en euros, que son cerca de 2.000 millones de dólares. Este sería un primer paso de muchos que deben venir”. En esa línea, recordó que incluso el Fondo Monetario Internacional recomendó avanzar en esos acuerdos: “El FMI dijo el año pasado que ese caso debe ser cerrado porque no hay instancias legales adicionales. Es una deuda”.
Al profundizar sobre el conflicto del cupón PBI, Maril explicó que se originó tras cambios en la metodología de cálculo del crecimiento económico: “En 2013, sabiendo que Argentina iba a crecer por arriba del umbral, el gobierno cambió legalmente cómo se calculaba el PBI. Lo que se discute es la buena o mala fe de hacerlo justo en ese momento”. Desde entonces, afirmó, “Argentina lleva 13 años sin pagar”.
El analista también se refirió a recientes fallos judiciales en el exterior y su impacto reputacional. “Fue un fallo durísimo contra la República Argentina. Los jueces dijeron que mentimos, que engañamos y que incumplimos las leyes intencionalmente”, señaló, en relación a una sentencia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Aunque el resultado evitó un perjuicio económico mayor, advirtió sobre sus consecuencias: “El daño que nos hizo ese fallo va a ser por décadas. Wall Street mira esos fallos cuando va a negociar inversiones”.
En ese sentido, fue contundente: “Como argentino, hubiese preferido negociar y pagar antes que recibir un fallo con esos términos. Prefiero pagar antes que un juez escriba que somos un país que no cumple”.
Finalmente, Maril anticipó que el camino hacia la normalización financiera implicará decisiones complejas: “Hay casos del CIADI y otros litigios que el Gobierno va a tener que contemplar cerrar. Van a doler más, pero hay que hacerlo, porque el beneficio es mucho mayor que el costo de seguir sin pagar estas sentencias”.