El fiscal Walter Martínez Soto explicó cómo se originan las investigaciones por amenazas en escuelas, advirtió sobre el crecimiento del fenómeno y señaló la necesidad de avanzar en responsabilidades penales y patrimoniales.
El fiscal Walter Martínez Soto confirmó que la identificación de tres menores involucrados en un caso reciente se originó a partir de una denuncia realizada por el propio establecimiento educativo. “Es una denuncia que realiza el mismo colegio, que tomó conocimiento del hecho y activó su protocolo para brindar seguridad”, explicó en diálogo con la 99.9.
A partir de esa presentación, la Justicia avanzó rápidamente en la investigación. “Se notificó la formación de causa para poder avanzar en el proceso, pero también para que los denunciados sepan que tienen derecho a declarar”, indicó. Además, señaló que se logró el secuestro de teléfonos celulares: “Fueron aportados por los propios denunciados con la compañía de sus familias, que estaban muy preocupadas”.
Según precisó, los tres implicados tienen alrededor de 17 años y cursan el último año del secundario. “Es algo realmente alarmante”, sostuvo, y amplió el contexto nacional: “Ayer llegamos a una cifra de casi 500 causas en todo el país con características similares”.
Para Martínez Soto, el dato más preocupante es la edad de los involucrados: “Están a meses de ser considerados adultos para el régimen penal argentino y podrían haber quedado detenidos”. En ese sentido, cuestionó la formación en materia legal y cívica: “Hemos advertido que no han percibido la norma como deberían. Esto también es una crítica a cómo se enseñan estas materias”.
El fiscal también se refirió a las posibles consecuencias económicas de estos hechos. “Se puede avanzar en la reparación del daño a través de la justicia restaurativa, pero si no hay acuerdo, los jóvenes van a ser demandados”, explicó. Y advirtió: “Si no tienen recursos, van a quedar insolventes hasta tanto paguen la deuda que generaron”.
Respecto del origen de este tipo de amenazas, vinculadas en algunos casos a desafíos en redes sociales, fue prudente: “En las causas que tenemos no hay mención concreta de que sea así”. No obstante, reconoció que se investiga esa posibilidad mediante herramientas tecnológicas: “Para determinarlo necesitamos acceder a datos como IP y perfiles, lo cual aún está en proceso”.
En ese sentido, destacó el rol de la tecnología y la cooperación internacional. “Tuvimos un caso donde una inteligencia artificial detectó una situación y la denunció al FBI, que se comunicó con la Policía Federal Argentina y logramos individualizar al responsable”, relató. Según explicó, los informes que reciben son “recontra precisos”, incluso cuando se utilizan direcciones IP variables desde dispositivos móviles.
Finalmente, Martínez Soto subrayó la complejidad de este tipo de investigaciones: “Estamos ante delitos que no son los habituales, lo que implica adquirir conocimientos tecnológicos específicos”. Y concluyó: “La intercomunicación existe y funciona, pero el volumen de causas hace que todo lleve más tiempo”.