El abogado Martín Ferrá cuestionó el proceso judicial derivado del operativo “Lavado Total” y denunció falta de imparcialidad, además de advertir sobre el crecimiento sostenido del delito en Mar del Plata.
A casi una década del megaoperativo conocido como “Lavado Total”, el abogado Martín Ferrá aseguró que se trató de una investigación “que arrastró a la mayoría de los imputados sin tener absolutamente nada que ver” y que aún hoy continúa generando consecuencias judiciales.
“Para ser precisos, se cumplen prácticamente 10 años de los allanamientos, 40 espectaculares allanamientos publicitados hasta el hartazgo como una gran operación. Habría que llamarla ‘operación Lavado total’, porque la mayoría de los imputados fueron arrastrados sin tener nada que ver”, afirmó en la 99.9.
Ferrá explicó que el origen del caso está en una causa por narcotráfico iniciada años antes, pero remarcó que luego se amplió de manera irregular: “Una cosa es el tráfico de estupefacientes, que ya fue juzgado y tuvo condenas, y otra cosa totalmente distinta es la causa de lavado que se armó después. No tienen nada que ver los imputados por vender autos con la venta de drogas”.
Según detalló, a partir de “pseudo informes de inteligencia” se ordenaron allanamientos a integrantes de la comunidad gitana y comerciantes: “Se allanaron 42 domicilios, muchos de ellos dedicados a la compra-venta de automotores. Muchos ya fueron sobreseídos y recuperaron sus bienes, pero otros murieron en el camino sufriendo esta injusticia”.
En ese sentido, subrayó que hubo consecuencias irreparables: “Murieron inocentes personas como Walter Washington Esteban o Hugo ‘Perico’ Esteban. El daño ya está hecho y no lo paga nadie”.
El letrado también cuestionó la continuidad del proceso judicial pese a cambios normativos: “Planteamos la prescripción de la acción penal y la atipicidad del delito. Con la modificación del Código Penal, los montos no alcanzan para configurar lavado. Por debajo de ese monto hay una pena de multa, que prescribe a los dos años. Esto ocurrió en 2016, es decir que prescribió en 2018”.
Si bien el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata había hecho lugar a la prescripción, la Cámara de Casación revirtió esa decisión: “Dijeron que los planteos son prematuros y que deben resolverse en juicio oral. Es un fallo arbitrario, apriorístico, y lamentablemente ya estamos acostumbrados a este tipo de injusticias”.
Ferrá fue más allá al denunciar falta de equilibrio en el sistema judicial: “Es muy difícil que un defensor particular logre revertir una resolución en Casación. En cambio, los fiscales sí consiguen que sus planteos sean acogidos. No hay imparcialidad ni objetividad”.
Además, describió prácticas que, según indicó, afectan el funcionamiento del sistema: “Cuando pedimos excarcelaciones nos dicen que no es sentencia definitiva y el imputado sigue preso. Pero cuando el fiscal apela, abren el recurso y lo vuelven a encarcelar. Esto pasa en infinidad de casos”.
En paralelo, vinculó esta situación con el contexto de inseguridad en la ciudad: “No se equivoca cuando se dice que estamos en un estado inédito. El delito aumentó un 10% por año entre 2022 y 2025, y desde 2007 creció un 200% en Mar del Plata”.
Entre los datos que mencionó, destacó que en 2024 hubo “2.400 robos de automotores, 2.500 motos sustraídas y 600 casos de encubrimiento”, aunque cuestionó el abordaje judicial: “Es el único delito que se investiga. No hay prácticamente ladrones de autos detenidos”.
En ese marco, criticó el uso extendido de juicios abreviados y penas leves: “Estamos hartos de ver juicios abreviados con penas mínimas. El encubrimiento tiene de 1 a 3 años, mientras que el robo agravado automotor va de 5 a 15. Pero terminan con condenas en suspenso y los imputados vuelven a su casa”.
También cuestionó beneficios en la ejecución de penas: “Incluso cuando las condenas superan los tres años, los mandan a cumplirlas en domicilio, a personas jóvenes, con antecedentes y sin impedimentos físicos. El único argumento es que reconocieron el hecho”.
Finalmente, advirtió sobre un sistema que, a su criterio, favorece la reincidencia: “Se les pone como atenuante el ‘buen concepto’ cuando ni siquiera hay vecinos que quieran declarar. ¿De qué buen concepto hablamos si tienen antecedentes y fueron detenidos robando? Así es imposible combatir el delito”.