La impronta socialista de Mar del Plata sigue vigente. Está profundamente imbricada en nuestra sociedad y en los usos y actitudes que esperamos de nuestros dirigentes políticos.
En 1964, el intendente socialista Jorge Raúl Lombardo lanzó una reforma de transporte que puso a la ciudad en llamas: los recorridos, hasta entonces, se habían delineado según un esquema que se dio por una suerte de «orden natural», dado el desarrollo urbano que había tenido hasta entonces Mar del Plata. La propuesta de Lombardo, que implicaba rehacer los recorridos y quitarle a los dueños de los colectivos —a quienes aportaban el capital— la potestad de decidir por dónde ir y cómo circular, hizo estallar la relación y dio paso a un lockout que llegó al borde de un enfrentamiento armado. Todas las unidades fueron llevadas lejos de la ciudad, a un campo en la zona de General Alvarado, en donde se montó un esquema pensando en una resistencia armada que, afortunadamente, no llegó a darse.
Hoy, el parate de la mano de la UTA expone una vez más la fragilidad de un sistema acuciado por la ineficiencia estatal que no resuelve ni atiende los problemas relacionados con el transporte público de pasajeros en la ciudad.
Hace seis años que asumía Guillermo Montenegro, el intendente hoy de licencia. Aún hoy no han podido resolver un pliego de bases y condiciones para restablecer una dinámica de acuerdo que preserve la autoridad del municipio sobre el transporte público y al mismo tiempo garantice una tarifa que preserve el capital de las empresas y ofrezca sobre éste un margen de ganancias sustentable y lógico para el volumen de la inversión requerida.
Lo que viene reclamando CAMETAP —la cámara que agrupa a las empresas de colectivos— es que el Gobierno Nacional pague más de tres meses de retraso (febrero, marzo y abril de 2026) en concepto de los beneficios de la tarjeta SUBE, es decir, los fondos que compensan el 55% de descuento que reciben jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Según las empresas, el monto adeudado equivale a tres meses de la masa salarial completa de todo el personal de las líneas locales. Con las tasas de interés en niveles de exacción y la caída de cobertura de crédito por parte del Banco de la Provincia, en pésima situación financiera, solo queda el crédito extra bancario, a un costo astronómico.
La tarifa vigente está acordada desde noviembre de 2025. En dicho período, solo el aumento del gasoil, ha provocado que la tarifa haya quedado absolutamente atrasada. Hoy —y esto ya lleva semanas— la tarifa pretendida es de $2.579. Hay una brecha del 75% entre el costo antes de utilidad y el valor real de sostén del sistema.
Esta situación compleja se corrige con gestión. Pero no hubo gestión alguna, siquiera ante el gobierno nacional para provocar el pago de lo adeudado por el Estado nacional. Hace unos días, Neme se mostraba en la mesa provincial del PRO junto a, entre otros, el diputado por la segunda sección electoral, Alejandro Rabinovich. Pero, de hacer por la ciudad, nada de nada. El precio de la salvajada impulsada por la UTA, dejando a los vecinos en la calle en medio de la sudestada, parece ser algo que debería preocupar a otros, no a ellos.