La concejal de Miramar Viviana Farías confirmó que la Justicia obligó al Departamento Ejecutivo a pagar las costas de un amparo presentado para acceder a documentación vinculada a concesiones costeras y bajadas públicas en la costa. Además, adelantó que buscarán que los funcionarios responsables paguen personalmente esos costos y no los vecinos.
La concejal de Miramar Viviana Farías reveló en la 99.9 que la Municipalidad de General Alvarado fue condenada a pagar las costas judiciales de un amparo por acceso a la información pública, luego de negarse a entregar documentación vinculada a concesiones costeras y accesos públicos a las playas del sector de Las Brusquitas.
Farías explicó que la situación se originó a partir de los reclamos de vecinos que “no podían acceder a la plaza pública porque el concesionario había cerrado absolutamente todo y no tenían lugar para bajar”. En ese contexto comenzó a solicitar información oficial: “Le pedí a la Municipalidad los planos de la bajada pública porque el concesionario empezó a hacer un caminito que baja y se pierde, que no tenía nada de accesibilidad ni comodidad para los vecinos”.
La edil indicó que posteriormente también requirió expedientes vinculados a las unidades turísticas fiscales “Las Brusquitas”, “Hijos del Mar” y “Maul”, ubicadas cerca del límite con Mar del Plata. “No tuvimos suerte. Lo que yo quería visualizar, más allá de los controles, era la diagramación de las bajadas públicas”, señaló.
Según relató, la situación reveló múltiples irregularidades: “Una de las unidades turísticas fiscales había cerrado la bajada pública con un montículo y la gente tenía que ingresar por la concesión privada, pagar una entrada que después le descontaban si consumían algo”.
Farías explicó que agotaron todas las instancias administrativas antes de acudir a la Justicia: “Presentamos notas en el Concejo Deliberante, después mis abogadas redactaron otra presentación formal, pagamos el sellado y así y todo no recibimos respuesta”. Recién después de iniciado el amparo judicial, el Ejecutivo municipal presentó parcialmente la documentación requerida.
“Bajaron los tres expedientes y una hojita A4 diciendo cuáles eran las bajadas públicas, pero no hay un plano. La Municipalidad, en tantísimos años de funcionamiento del sector costero, no tiene un plano de las bajadas públicas”, cuestionó.
La concejal también remarcó que durante la audiencia de conciliación “los propios funcionarios admitieron que en 25 años nunca realizaron controles a las unidades turísticas fiscales”.
En primera instancia, el juez consideró que existía una situación intermedia porque la información finalmente había sido presentada, aunque tardíamente. Sin embargo, impuso igualmente las costas al municipio. La comuna apeló, pero la resolución fue confirmada. “La Justicia determinó que no había otra forma de conseguir la información ni de comprobar que la Municipalidad no había realizado controles si no era a través del amparo”, explicó Farías.
La dirigente advirtió además que ahora buscarán evitar que esos costos judiciales recaigan sobre los contribuyentes: “Sabemos que si las costas las paga la Municipalidad, termina recargando sobre los vecinos. Por eso mis abogadas están preparando una presentación ante el Tribunal de Cuentas para que las paguen los funcionarios responsables y no la gente”.
Farías vinculó este caso con otras investigaciones que vienen impulsando desde hace tiempo en materia ambiental y de control estatal. Recordó que también mantienen una causa penal vinculada a una escuela de surf que “construyó en espacio público sin autorización” y afirmó que nuevamente allí tuvieron enormes dificultades para acceder a documentación oficial.
La concejal también se refirió al fuerte impacto de la reciente sudestada en Miramar y General Alvarado. “Golpeó muchísimo todo el sector costero, pero también complicó mucho a los vecinos por el estado deplorable de las calles y los caminos rurales”, afirmó. Aunque aclaró que no hubo evacuados ni daños mayores en viviendas, señaló que varias estructuras costeras sufrieron consecuencias severas.
En ese sentido recordó que el año pasado había presentado un proyecto para implementar “casillas de guardavidas modulares que se pudieran desarmar y preservar”, precisamente para evitar daños ante fenómenos meteorológicos extremos. “Después todo es costoso y hoy tenemos un municipio bastante complicado económicamente”, indicó.
Finalmente, adelantó que impulsarán un nuevo pedido de acceso a la información pública, esta vez vinculado al sistema RAFAM y específicamente al módulo de personal municipal. “En este distrito el 75% del presupuesto se va en sueldos municipales. Queremos saber dónde está la problemática que estamos atravesando y tener acceso completo a la información pública”, concluyó.