Carlos Córdoba recibió una pena de cinco años de prisión efectiva por 22 hechos vinculados a un plan habitacional impulsado por el gremio en Ushuaia. El tribunal ordenó su detención inmediata.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, Carlos Hipólito Córdoba, fue condenado a cinco años de prisión efectiva por estafas reiteradas relacionadas con un plan de viviendas sociales en Ushuaia. Tras la lectura de la sentencia, el dirigente sindical quedó detenido por orden del tribunal.
El fallo fue dictado por el Tribunal de Juicio Criminal Oral del Distrito Sur y alcanza 22 hechos ocurridos entre diciembre de 2013 y fines de 2017, vinculados al proyecto de 128 viviendas impulsado por el gremio en el barrio Barrancas del Río Pipo.
La Justicia consideró a Córdoba coautor materialmente responsable de maniobras fraudulentas ligadas al emprendimiento habitacional destinado a afiliados estatales.
Junto con él también fue condenado Miguel Ángel “Miguelón” Arana, quien recibió la misma pena y quedó detenido.
El plan de viviendas bajo investigación
La causa judicial se centró en un programa impulsado por la ATE para facilitar el acceso a la vivienda a trabajadores afiliados. Según la acusación, durante varios años se produjeron maniobras fraudulentas relacionadas con aportes y fondos vinculados al proyecto.
Durante sus últimas palabras ante el tribunal, Córdoba defendió el origen del plan y sostuvo que el proyecto inicial era más amplio.
“Nosotros gestionamos esas 128 viviendas, que en realidad eran 600”, afirmó el sindicalista al explicar que la iniciativa había sido presentada ante el Banco Nación para una escala mayor.
“Soy inocente”, dijo antes de la sentencia
Antes de escuchar la condena, Córdoba insistió en que no cometió delitos y negó haber obtenido beneficios personales. “Nunca jugamos con ningún compañero, soy inocente”, expresó.
También sostuvo que no posee vivienda propia y afirmó que vive en la casa de su esposa. “Jamás nosotros le hemos mentido a nadie”, agregó al rechazar las acusaciones sobre el manejo del dinero vinculado al plan habitacional.
En otro tramo de su exposición, el dirigente repasó su historia personal en Tierra del Fuego y defendió su trayectoria gremial.
Un absuelto y posibles apelaciones
En el mismo expediente, el tribunal absolvió al empresario Erik Enrique Moscoso Panozo, acusado por presunto lavado de activos, al considerar que correspondía el beneficio de la duda.
Mientras tanto, Córdoba y Arana permanecerán detenidos en un establecimiento penitenciario hasta que la sentencia quede firme.
La resolución abre ahora la posibilidad de apelaciones ante instancias judiciales superiores.