María Jimena Molina, directora del Instituto de Victimología de Usina de Justicia, explicó en la 99.9 los alcances de la Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas de Delito que impulsan ante la OEA. El objetivo es otorgar a las víctimas un rol central dentro del sistema judicial y revertir décadas de una visión que, según sostuvo, favoreció a los delincuentes por encima de quienes sufren las consecuencias de los delitos.
La directora del Instituto de Victimología de Usina de Justicia, María Jimena Molina, destacó la importancia de la iniciativa que la organización impulsa ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear una Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas de Delito, una propuesta que busca modificar profundamente la relación entre las víctimas y el sistema judicial en toda la región.
“Nosotros desde Usina de Justicia venimos luchando desde hace más de diez años por lo que llamamos una justicia justa, una justicia que se posicione en favor de la víctima”, señaló en la 99.9. En ese sentido, aclaró que el reclamo excede las cuestiones simbólicas: “No queremos manuales de buenos modales ni de cortesía, sino una participación real de la víctima en el proceso penal, que se respeten sus derechos, evitar la revictimización y dejar de lado este paradigma zaffaroniano, esta ideología tan nefasta del abolicionismo penal”.
Para Molina, ese enfoque ha provocado “un sistema de justicia en favor del delincuente y de espaldas a las víctimas y a la ciudadanía en general”. Por eso, la convención que elaboró la propia Usina de Justicia apunta a equilibrar la situación. “Lo que buscamos es empoderar a la víctima dentro del proceso”, explicó.
La especialista aclaró que la iniciativa no pretende reemplazar a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino complementarla. “Algunos se preguntarán por qué esta convención si ya existe una Convención Americana de Derechos Humanos. Esa convención protege a toda persona y busca limitar el poder del Estado sobre el acusado. Nosotros queremos que también se proteja a las víctimas. No pedimos privilegios, sino equilibrio”, afirmó.
Entre los puntos centrales del proyecto mencionó el acceso pleno a la justicia, la participación activa durante todas las etapas del proceso penal, el patrocinio jurídico gratuito, la protección integral de derechos y mecanismos de reparación. “Queremos que la víctima tenga una participación activa desde el primer momento hasta el último, en todas las etapas del proceso y en paridad con el imputado”, remarcó.
Además, explicó que la propuesta busca generar compromisos concretos para los Estados miembros. “Queremos crear obligaciones vinculantes para los Estados Partes y que se adopten estándares comunes, porque vemos una crisis estructural de violencia y de desprotección institucional en la región”.
Como ejemplo de esa realidad, señaló que “el 33% de los homicidios del mundo se cometen en América Latina y el Caribe”, a pesar de que la región representa apenas “el 8,3% de la población mundial”. Frente a esa desproporción, sostuvo que la convención busca “equilibrar un poco la balanza y poner a la víctima en un pie de igualdad con el imputado”.
Molina destacó además el trabajo desarrollado por Usina de Justicia durante los últimos años para impulsar la iniciativa. “Han participado abogados reconocidos de la organización como Daniel Rollero y Mariana Romano, que hace muchos años vienen trabajando para llevar esta propuesta a las asambleas de la OEA”, indicó.
Según explicó, consideran que el contexto actual ofrece una oportunidad inédita para avanzar. “Creemos que es un momento propicio para Argentina. Es una oportunidad única para que el país tenga un rol central de liderazgo en este cambio de paradigma y pueda redefinir la agenda interamericana”.
Sin embargo, advirtió que para lograrlo es indispensable el acompañamiento del Estado nacional. “Necesitamos contar con el apoyo de la Cancillería. Hemos tenido reuniones en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde nos recibieron Cornelia Smith Lierman y Diego Goldman, que se mostraron muy comprometidos con el tema, pero necesitamos que nos reciba Cancillería. Sin ese aval no podemos avanzar demasiado en la OEA”.
Consultada sobre el caso de Agostina y el funcionamiento de los operadores judiciales en Córdoba, Molina prefirió la cautela, aunque reconoció el fuerte impacto que generan estos hechos en la organización. “Desde Usina de Justicia venimos luchando desde hace muchísimos años por las víctimas de homicidio y femicidio. Para nosotros es tremendo que siga pasando esto. Cada vez que ocurre un caso como estos es un puñal realmente”, expresó.
Recordó además que la entidad impulsó la Ley Nacional de Víctimas 27.372 y posteriormente la Ley 15.232 en la provincia de Buenos Aires, siempre con el objetivo de fortalecer los derechos de quienes sufren delitos.
Finalmente, insistió en que el problema de fondo exige una transformación cultural y jurídica profunda. “Necesitamos un derecho más científico, basado en evidencias y no tan cargado de ideologías”, afirmó. En ese sentido, destacó la realización del Simposio de Victimología Penal organizado por la entidad y la firma de la denominada Declaración de Buenos Aires el pasado 10 de abril de 2026.
“Lo que planteamos es cambiar de paradigma, pasar a un derecho científico basado en evidencias. Basta de estas ideologías de escritorio que no han prosperado en ningún lugar del mundo. Necesitamos un sistema donde la víctima tenga un rol central en el proceso”, concluyó.