La educación no tiene rumbo, ni en el ámbito provincial, ni en el municipal. Signos de decadencia de un sistema en crisis del que nadie se hace cargo.
Ante la inacción de un Estado indiferente, las situaciones de violencia en las escuelas se siguen repitiendo. A casi veinte años de la aparición del primer iPhone, la mentalidad de quienes deben tomar decisiones en cuanto a política educativa sigue siendo que el celular en las aulas es una «novedad» y no aciertan a implementar medidas claras al respecto. Por otro lado, están los que, con la excusa de imponer orden, se pasan cinco pueblos.
Violencia en el aula
El lunes 1º de junio, alrededor de las 11 de la mañana, en el Colegio San José de Tandil —una institución con 118 años de historia—, un alumno de 17 años de sexto año agredió a golpes a su profesor de música, Gastón Maximiliano Valdez, de 37 años. Según la denuncia incorporada a la causa, todo comenzó cuando uno de los estudiantes arrojó una silla dentro del salón. Valdez intervino para separar a los alumnos y reordenar las mesas y, al mover uno de los pupitres, tiró accidentalmente un celular que pertenecía al agresor.
Sin mediar palabra, el adolescente le propinó un golpe de puño en el rostro. El docente sufrió fractura de mandíbula, fractura de pómulo y una fractura de cráneo parietal izquierdo, lesiones consideradas de carácter grave. Debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece internado en el Sanatorio Tandil. El instante previo a la agresión quedó filmado por otro alumno dentro del aula y el video se difundió en redes sociales.
La denuncia fue radicada por Alberto Fabián Valdez, padre del docente, y dio origen a una causa por lesiones graves a cargo de la UFI Nº 12 de Tandil, encabezada por el fiscal Damián Borean. Debido al delicado estado de salud del profesor, hasta el momento no pudo prestar declaración testimonial. Los gremios docentes convocaron a un paro distrital y a una marcha. El Colegio San José emitió un comunicado en el que repudió el hecho: «La educación se construye con respeto».
Más allá de las frases y los slogans, estas situaciones de violencia se repiten en todas las instituciones educativas de la provincia, sin que aparezcan políticas claras que busquen erradicarlas. Los docentes están a su suerte y el concepto de autoridad ha sido vaciado de todo contenido.
Infinitas distracciones
Pero incluso sin entrar en el terreno de la violencia, el desamparo de los docentes también se hace evidente a la hora de transmitir los contenidos. En una entrevista para la FM 99.9, la concejal Mariana Cuesta lo expresó con absoluta claridad: «Es imposible dar clases si el docente compite todo el tiempo con TikTok, Instagram o WhatsApp».
Cuesta defendió un proyecto que busca regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias municipales y cuestionó duramente un informe de la Secretaría de Educación al respecto. Aseguró que la evidencia científica demuestra los efectos negativos de la hiperconectividad sobre el aprendizaje, la atención y la comprensión lectora. La curul manifestó su sorpresa por el informe elaborado por el área educativa y sostuvo que desconoce buena parte de los debates pedagógicos actuales que se están dando tanto en Argentina como en el resto del mundo.
«Con un poco de sorpresa leímos el informe», señaló la edil, al explicar que la iniciativa presentada no busca prohibir ni confiscar teléfonos, sino establecer reglas claras para su utilización dentro de las aulas. «Cuando llega la respuesta, el informe se pelea con algo que no tiene nada que ver con nuestra propuesta. Dice estar en contra de prohibir y confiscar los teléfonos, cuestión que el artículo primero de nuestro proyecto no plantea. Lo que proponemos es regular el uso de teléfonos celulares», aclaró.
Según explicó, la propuesta parte de una realidad cotidiana que también está respaldada por investigaciones académicas. «El teléfono celular compite o afecta la atención en el aula. Lo plantea nuestro proyecto, lo plantea la evidencia y lo plantea también la práctica cotidiana», afirmó.
Para Cuesta, el informe de la Secretaría incurre en errores conceptuales importantes. Uno de ellos es justificar el uso del celular porque muchos estudiantes acceden a material de lectura a través de esos dispositivos. «Decir que como no hay libros los chicos leen desde el celular es naturalizar una carencia», sostuvo. Además, remarcó que diversos estudios han demostrado que la lectura en pantallas pequeñas resulta menos eficaz. «El efecto negativo que tiene leer desde una pantalla pequeña como es el celular está demostrado. Además, uno no tiene sólo el texto, tiene aplicaciones, notificaciones y un montón de distracciones que hacen que esa lectura sea fragmentada y no en profundidad».
La concejal también rechazó la idea de que el celular funcione como un «igualador educativo». «Esa es una noción que se tenía hace dos décadas, cuando se creía que el acceso a la tecnología generaba igualdad. Hoy sabemos que eso no es así», explicó. En ese sentido recordó que, según los datos disponibles, «en Argentina los chicos acceden a su primer celular en promedio a los 9 años», por lo que la diferencia ya no pasa por el acceso sino por el uso que se hace de la tecnología.
«Estoy bastante en contra de la mirada de la Secretaría de Educación porque deja afuera cuestiones centrales de los debates educativos actuales: cómo se va a dar el uso del teléfono y cómo entra el teléfono en la escuela», indicó.
Cuesta enfatizó que la iniciativa no desconoce el valor pedagógico que pueden tener las nuevas tecnologías. «Nosotros sí decimos que si hay un uso pedagógico puede habilitarse», aclaró. Sin embargo, insistió en que la ausencia de regulación afecta directamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. «Estamos convencidos de que el teléfono sin una regulación en el aula compite con algo fundamental que es la atención».
La edil señaló además que la tendencia internacional se orienta cada vez más hacia la regulación de las pantallas dentro del ámbito educativo. «Desde hace un tiempo la tendencia mundial es regular el uso de pantallas porque se ha demostrado, incluso desde la neurociencia, el efecto negativo de la hiperconectividad sobre procesos básicos para aprender», sostuvo.
Entre esos efectos mencionó dificultades para mantener la atención, problemas para realizar lecturas profundas, alteraciones en la memoria y limitaciones para consolidar conocimientos. «La idea del multitasking afecta la capacidad de recordar y la memoria es un proceso esencial para el aprendizaje», explicó.
Pero el problema, según señaló, no se limita a lo académico. También afecta la socialización, una función central de la escuela. «Uno va a la escuela a aprender, pero también a hacer amigos y socializar. Si está todo el tiempo con el teléfono puede estar entretenido sin hablar con nadie, sin jugar con nadie durante el recreo», indicó.
La concejal destacó que muchas instituciones educativas ya avanzaron en esta dirección por iniciativa propia. «Las escuelas privadas de Mar del Plata empezaron a prohibir el uso de teléfonos a través de acuerdos institucionales. También lo hacen escuelas de gestión estatal y algunas municipales», explicó.
A su entender, la experiencia cotidiana de los docentes confirma la necesidad de intervenir. «Hablás con cualquier docente y te dice que es imposible dar clases mientras los estudiantes están haciendo cualquier cosa con el teléfono», afirmó.
Además, consideró que la problemática excede el ámbito escolar y se refleja en la vida cotidiana de cualquier persona. «Cuando querés leer algo desde el teléfono tardás más, te desconcentrás más porque te llega una notificación o te acordás de mirar otra cosa. Y eso nos pasa a los adultos. Imaginate estudiantes que además tienen que leer algo que quizás ni siquiera les interesa porque forma parte de una materia», señaló.
Cuesta insistió en que el debate no debe plantearse como una oposición entre tecnología sí o tecnología no. «Siempre que haya una intención pedagógica, cualquier recurso puede estar bien utilizado. Lo que discutimos es cómo entra el teléfono en la escuela», afirmó.
También advirtió sobre los efectos sociales de la hiperconectividad. «Hoy la diferenciación no está en el acceso a la tecnología, sino en cómo se utilizan las redes sociales y en los daños que genera la hiperconectividad», explicó. Según indicó, son justamente los sectores más vulnerables los que suelen estar más expuestos a este fenómeno debido a distintas condiciones sociales y familiares.
En ese marco, recordó que existen investigaciones que vinculan el uso excesivo de pantallas con retrasos en el habla durante la primera infancia y con problemas de comprensión lectora. «Si sabemos cuáles son los problemas y está probado que las pantallas lejos de mejorar los perjudican, no tiene sentido naturalizar que los chicos lean desde un dispositivo que sabemos que no favorece la lectura profunda», sostuvo.
Finalmente, expresó su expectativa de que el proyecto avance en el Concejo Deliberante. «Espero que la semana que viene se apruebe en comisión», indicó, aunque aclaró que el expediente continúa siendo analizado por distintos bloques políticos.
Para Cuesta, la discusión es simple: «En la escuela se regula todo. Se regula el horario de entrada, el recreo, las clases de educación física, cómo nos sentamos. Entonces también es necesario regular cómo se usa el teléfono celular. Porque es imposible dar clases si el docente está compitiendo todo el tiempo con TikTok, Instagram o una notificación de WhatsApp».
Pasado cinco pueblos
Sin embargo, las regulaciones dentro de las instituciones educativas deben tener un límite. Si no, se pueden dar situaciones como la que denuncia hoy la comunidad educativa del Polivalente de Arte por la instalación de cámaras en un espacio que es utilizado por estudiantes menores de edad que se cambian la ropa en ese espacio, ante la falta de vestuarios.
En ese marco, la presidenta de la Cooperadora del Polivalente de Arte, Verónica Scarnichia, brindó una entrevista en la FM 99.9 en la que relató que autoridades vinculadas al Instituto del Profesorado de Arte colocaron cámaras en un salón donde alumnas de danza se cambian de ropa. Los padres ya realizaron denuncias judiciales y exigen conocer qué ocurrió con las grabaciones.
«Tenemos un problema con un inspector que también es vicedirector del profesorado de arte que funciona dentro de la escuela en el turno vespertino. Este señor nunca toma conciencia de que tiene menores a cargo en su cargo de inspector y ya se pasó de la raya», afirmó en la 99.9.
Según explicó, las cámaras fueron colocadas en un Salón de Usos Múltiples utilizado por los alumnos del Polivalente, particularmente por las estudiantes de danza. «Hace unas semanas creemos nosotros, porque no sabemos desde cuándo estaba instalada, el director del IPA colocó cámaras en un SUM donde nuestros menores hacen clase y justamente las chicas de danza se cambian y se visten ahí porque no tenemos zona de vestuario», indicó.
Scarnichia aseguró que la instalación se realizó sin informar a las autoridades del establecimiento ni a las familias. «Pusieron las cámaras sin avisar siquiera a nuestro director ni a ninguna otra persona. Era una cámara oculta mínima y nosotros como padres no sabemos a dónde van esos videos ni qué hicieron con las grabaciones», señaló.
La dirigente identificó a los responsables como Juan Carlos Nizi, inspector y vicedirector del profesorado, y Santiago Lanucara, director del IPA. Según relató, la justificación ofrecida para la colocación de las cámaras fue la existencia de presuntos actos de vandalismo por parte de los alumnos del Polivalente.
«Ellos dicen que lo pusieron por el vandalismo que ven en nuestros alumnos, algo totalmente incorrecto porque los chicos, más allá de alguna travesura, vandalismo no tienen», sostuvo.
La situación salió a la luz de manera accidental. Scarnichia explicó que las autoridades del profesorado habían colocado un cartel institucional sobre un escenario. En una travesura, algunos alumnos retiraron la letra «ñ» de la palabra «año». «Ellos interpretaron que era vandalismo y el director del IPA le mandó un mail a nuestro director diciendo que nuestros chicos habían roto el cartel. Cuando nuestro director dijo que no sabía nada, este señor respondió: “Sí, porque los tengo grabados”, y le mandó el video. Ahí descubrimos que estaban las cámaras», relató.
La presidenta de la Cooperadora recordó además que existen antecedentes similares. «Este inspector tiene causas anteriores. En 2019 tuvo algo parecido también con cámaras colocadas en otro lugar donde no debía. No entendemos cómo sigue en el cargo y, al contrario, cada vez le dieron más responsabilidades», cuestionó.
Frente a la gravedad del hecho, las familias decidieron avanzar por la vía judicial. «Ayer todos los padres fuimos a hacer la denuncia en la comisaría, ya fue a Fiscalía y estamos haciendo todo legalmente», confirmó.
Además, indicó que el tema ya llegó al Consejo Escolar. «Después de que salimos en los medios e hicimos todo este movimiento, citaron a nuestro director y también pidieron la presencia de los padres», agregó.
Scarnichia expresó especial preocupación por el destino de las imágenes registradas. «Ahora lo que queremos saber es qué se hizo con las cámaras. Las sacaron, pero sabemos dónde estaban, están las grabaciones y está el mail que mandó el director. Queremos saber cuánto tiempo estuvieron grabando, a quién se le mostraron esos videos y quién los vio», afirmó.
En ese sentido, recordó que existen múltiples normativas que protegen la privacidad de niños y adolescentes. «Existe la Ley de Protección Integral de los Niños, la Ley de Protección de Datos Personales, el Código Civil y Comercial, la legislación provincial y la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay muchísimas normas que protegen la imagen y la privacidad de los menores», enumeró.
Para la representante de los padres, el problema excede la simple colocación de una cámara. «Todos dicen que es una cámara, pero no es una cámara. Atrás de esa cámara hay un montón de cosas. No sabemos si esos videos fueron mostrados a otras personas, qué uso tuvieron o quién tuvo acceso a ellos. Hay muchas dudas y los padres queremos respuestas», sostuvo.
La dirigente también planteó problemas estructurales en la convivencia entre el Polivalente y el Instituto del Profesorado de Arte dentro del mismo edificio. «Compartimos espacios con adultos mientras todavía hay menores en la escuela. Nos sacan aulas desde las cuatro y media de la tarde y nuestros alumnos terminan en los pasillos. Tenemos un montón de conflictos que no corresponden», afirmó.
Finalmente, propuso alternativas para resolver la situación. «Esto se solucionaría si el IPA tuviera otro establecimiento o si se organizaran los horarios para que no coincidan. El Polivalente termina a las cinco y media y el profesorado podría comenzar a las seis. No podemos estar conviviendo menores con adultos porque tampoco sabemos qué nos puede pasar», concluyó.