El fiscal general Juan Manuel Pettigiani denunció penalmente la concesión del Estadio Minella. En el expediente, uno de los informes lleva la firma del contador Guillermo Costanzo: el mismo que en la era Arroyo observaba todo, esta vez no observó nada.
La saga del Minella continúa, esta vez con una denuncia penal presentada el pasado 8 de junio por Juan Manuel Pettigiani, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, quien pide que se investigue la concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de los Deportes. La calificación que propone no es menor: administración fraudulenta agravada por ser en perjuicio de la administración pública, en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público. La intervención que solicita es urgente, «en razón de estar en peligro el patrimonio de los contribuyentes del Partido de General Pueyrredon».
Lo avisamos, una y otra vez. En mayo de 2025, cuando la licitación todavía se estaba cocinando, este medio publicó las conclusiones de la auditora internacional Price Waterhouse Cooper sobre el Grupo Revee —el accionista mayoritario de Minella Stadium SA—, que dudaba abiertamente de que la empresa pudiera seguir operando. Advertimos que se trataba de un grupo en fase preoperativa, sin flujo de caja y sin actividad comercial real. La información no solo era pública sino que tenemos constancia de que llegó a los oidos de los funcionarios intervinientes. No importó: la licitación siguió su curso como si nada. Se creyeron ese cuentito de que ellos tenían «protección judicial».
La denuncia
Pettigiani encuadra su presentación en la defensa del Estado de Derecho: «Nuestro país tiene una relación conflictiva con la ley y la única forma que tenemos de crecer como sociedad es con la aceptación de la plena vigencia del Estado de Derecho, que conlleva el equilibrio y control entre los poderes que constituyen el Estado». Y entiende que deben intervenir los fiscales de delitos económicos de la jurisdicción, porque la presentación se dirige contra funcionarios de la administración municipal y contra integrantes de la empresa concesionaria.
Los hechos son los que este medio viene reconstruyendo desde hace más de un año: El 24 de julio de 2025, con la intervención compartida del Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, se autorizó la adjudicación de la licitación a la única empresa que ofertó: Minella Stadium SA, integrada por el grupo brasileño Revee y la argentina Pro Enter. La aprobación salió con los 15 votos del PRO, La Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica; se opusieron los 9 concejales de Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense. La firma ganadora se comprometió a invertir unos 40 millones de dólares a lo largo de los 30 años de concesión —más los 10 de prórroga— y a realizar entre 30 y 35 eventos anuales en el Minella y entre 50 y 60 en el Polideportivo.
Nada de eso ocurrió. Dice la denuncia: «El incumplimiento de los compromisos asumidos, es uno de los puntos centrales de la investigación que se solicita, ya que no se habrían realizado las obras comprometidas en dicho anuncio, ni tampoco se conocen los detalles del proyecto de obras a realizar por el concesionario o el contrato firmado entre la empresa y el Municipio». Los concejales Diego García, Gustavo Pulti, Horacio Taccone y Valeria Crespo presentaron pedidos de informes al Ejecutivo, «sin lograr acceder a la información que debería ser pública y preexistente al desarrollo del proyecto».
Dos preguntas
El otro eje de la presentación es todavía más grave. La denuncia recuerda que «la empresa brasileña Revee, tiene a su grupo controlante REAG, investigado en el caso, conocido en Brasil, como el “Caso banco master”, que resultaría el mayor fraude bancario en la historia de Brasil». Por ese escándalo, el Banco Central de Brasil ordenó el 15 de enero la liquidación de REAG; un día antes, su titular, Joao Carlos Mansur, había renunciado a la presidencia del Consejo de Administración de Revee, intentando despegar a la empresa de la investigación.
Sobre esa base, Pettigiani formula las dos preguntas que la investigación deberá responder, y las formula textualmente: «¿La Municipalidad entregó ese importante patrimonio a un concesionario solvente?» y «¿Los fondos que se comprometieron tienen un origen lícito?». El interrogante no es retórico: «La investigación de este aspecto deviene central, ya que supondría la participación en la maniobra de los responsables de la firma ganadora como así también fondos que podrían provenir del lavado de dinero».
Para fundar las sospechas, la denuncia transcribe lo publicado por este medio: «el Grupo Revee está en fase pre operativa y no tiene aún una actividad comercial real. Los proyectos en Brasil están en estado larvario. Ergo, no es operador, no tiene flujo de caja». Y suma la dimensión más inquietante del caso brasileño, citando una investigación periodística incorporada como prueba: la ex REAG es «una gestora de fondos de inversión acusada de haber participado en el esquema que inflaba artificialmente los activos del caso Master mediante el uso de fondos de inversión» y «está siendo investigada en el marco de la operación Carbonio Oculto contra el principal grupo criminal brasileño, el PCC (Primeiro Comando de la Capital)». Para decirlo en criollo: la casa matriz del concesionario del Minella no sólo se hundió en el mayor fraude bancario de la historia de Brasil, sino que está bajo la lupa por sus posibles vínculos con el crimen organizado.
Pettigiani concluye que «existe una honda preocupación de los ciudadanos, trasuntada en sus legisladores locales y la totalidad de los medios periodísticos» y que «todas estas dudas se legitiman ya que deberían haber sido despejadas a través de un proceso licitatorio que garantice tanto la solvencia de la única empresa oferente, como la legitimidad de los fondos que acompañarían al proyecto». Como prueba, pide que declaren todos los ediles que votaron en contra de la adjudicación, que se oficie a la Cancillería para requerirle a la justicia brasileña la información sobre Revee y REAG, y que el municipio entregue de una vez «la totalidad de la documentación que da soporte a la operación aquí denunciada, la cual debería estar a disposición de todos los ciudadanos, y que fuera requerida, infructuosamente, por los legisladores comunales».
¿Y el cuentaporotos?
Llama mucho la atención cómo una licitación tan floja de papeles pasó todos los filtros, más contando entre las filas del personal municipal al famoso contador general Guillermo Costanzo, el «cuentaporotos» que, en la época de Arroyo, no paraba de hacer observación tras observación en cada expediente que pasaba por su oficina. En el cuerpo 13 del expediente 265-1-2025 obra el informe de la Contaduría General, fechado el 1º de agosto de 2025 y firmado por él, mediante el cual se efectuó el control de legalidad de la Licitación Pública N.º 03/25 en los términos del artículo 187º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El informe repasa el procedimiento sin sobresaltarse por nada, especialmente por la calificación de cien puntos sobre cien —«la máxima calificación posible»— que la Comisión de Preadjudicación le otorgó a Minella Stadium SA apoyándose, entre otras cosas, en «los destacados antecedentes empresariales de su accionista mayoritario». Recordemos que estamos hablando del mismo accionista mayoritario al que Price Waterhouse Cooper le había firmado, apenas unos meses antes, serias dudas sobre su continuidad operativa. La conclusión del contador es de manual: «En relación a los aspectos formales del proyecto de acto administrativo traído a consulta no se encuentran observaciones formales que realizar».
La única consideración final del informe consiste en recordar lo que el propio pliego ya exigía: que «deberán arbitrarse todos los medios necesarios a los fines de acreditar que previo a la suscripción del contrato se encuentre integrado en el patrimonio de MINELLA STADIUM S.A. el aporte irrevocable efectuado a su favor por su accionista mayoritario REVEE – REAL ESTATE VENUES & ENTERTAINMENT PARTICIPAÇOES, por el monto equivalente a DOLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA MILLONES (USD 40.000.000,00)». Hasta transcribe al pie el artículo 19.23 del pliego, resaltado del contador incluido: los aportes irrevocables «deberán ser integrados totalmente con carácter previo a la suscripción del Contrato de Concesión». Nada más. Ni un pedido de información adicional sobre el oferente, ni una mención al informe de la auditora internacional, ni una sola pregunta sobre la solvencia real de una empresa que ofrecía un canon anual de $120.000.000 y obras multimillonarias. El informe de Price Waterhouse Cooper es de diciembre del 2024. Se hizo claramente público en este medio en mayo del 2025. La firma de Costanzo, avalando la concesión del Minella está fechada el 1 de agosto de 2025.
Recordemos que Costanzo supo ser otro: el funcionario que tiene «la lapicera en términos reales» al amparo de la LOM, durante la gestión Arroyo lo observaba absolutamente todo. Sus cuestionamientos constantes a las órdenes de la Secretaría de Hacienda abrieron una guerra con el entonces secretario Hernán Mourelle, que terminó hablando públicamente de «mafias corporativas»; Costanzo lo demandó por daños a su dignidad y perdió en las dos instancias. Su puntillismo llegó al extremo de cuestionar la asignación de pauta publicitaria a un medio de la ciudad con el argumento de que el hijo del director era funcionario político de la administración, a pesar de que la pauta era anterior al nombramiento y de que el área en la que ese funcionario se desempeñaba no tenía incidencia alguna sobre cómo se asigna la pauta municipal. La información —vergonzosamente tergiversada— llegó desde su despacho a la redacción del Antique No Ladrey News y fue hasta título de tapa.
Siguiendo con el ejercicio de memoria, recordemos también que este personaje llegó a Mar del Plata de la mano de Gustavo Pulti luego de desempeñarse como concejal suplente del Frente para la Victoria en Lobería, su ciudad de origen, donde el ex concejal Francisco García lo denunció por cobrar tres sueldos del Estado al mismo tiempo: «en enero de 2008 cobraba como asesor de la Secretaría de Producción, la dieta de concejal por una licencia y además, el tercer cargo que era el de Secretario del Consejo Escolar. Más allá de las calidades de alguien esto no corresponde y por eso hicimos la denuncia». Luego de años de ser capaz solamente de ver la paja en ojos ajenos, ahora Costanzo parece haberse vuelto ciego del todo: le pasó un elefante por el escritorio, y él no observó absolutamente nada.