La integrante del Consejo de la Magistratura defendió la decisión de rechazar el pago adicional solicitado por el camarista federal marplatense Alejandro Tazza, cuestionó la cautelar que lo favoreció y destacó que el nuevo equilibrio del organismo permitió avanzar en la destitución y juzgamiento de magistrados cuestionados.
La integrante del Consejo de la Magistratura, Jimena de la Torre, aseguró que el organismo logró imprimir un cambio de rumbo desde su reconfiguración en 2022, permitiendo acelerar procesos disciplinarios contra magistrados federales, y cuestionó con dureza la medida cautelar que favoreció al camarista federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza, quien reclama el cobro de un adicional por subrogancias.
En diálogo con la 99.9, explicó que el actual funcionamiento del Consejo es consecuencia de la modificación impulsada tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la integración de 13 miembros. «Esto es el final de un proceso que arrancó allá por 2022. Se constituyó una nueva integración del Consejo a partir de ese fallo de la Corte que declaró inconstitucional ese Consejo de 13 miembros que había promovido Cristina Fernández de Kirchner y que, según la Corte, era un Consejo desequilibrado, donde la política partidaria tenía demasiada injerencia y los abogados teníamos poca representación».
Según indicó, «ese equilibrio se revierte en 2022, asume además la presidencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación y este nuevo equilibrio repercutió en que los procesos empezaron a tomar más forma y llegar a destino». Como resultado, enumeró que «hemos destituido a Bento, Bailaque tuvo que renunciar, tenemos la situación de Poderti en Mar del Plata, Díaz Lacava en La Pampa, Salmain con apertura de juicio político y también el juez López». Para De la Torre, «todo esto empieza a elevar la media histórica de procesos disciplinarios».
Sin embargo, reconoció que el problema también está en el origen. «Estamos haciendo mal las cosas al momento de elegir. Efectivamente, hay que revisar cómo se seleccionan los jueces», afirmó.
Durante la entrevista también se refirió a su declaración testimonial en el juicio por la denominada causa de los Cuadernos, donde fue convocada por su paso por la AFIP entre 2018 y 2019 como subdirectora de Coordinación Técnico Institucional.
«Me citaron para explicar cómo se habían tramitado los oficios judiciales y cuál era el procedimiento interno de la AFIP. Hay toda una teoría de las defensas respecto de una persecución política y creo que fue un buen aporte para desbaratar esa mirada», señaló.
Recordó además que había solicitado «una auditoría conjunta entre la SIGEN y la AFIP para revisar todo el proceso de tramitación de oficios, verificar que todo se hubiera hecho en tiempo, forma y ajustado a los procedimientos internos», documentación que aportó durante su declaración «como una prueba de transparencia de todo lo que había hecho la AFIP».
En ese contexto relató un episodio con el fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien había solicitado la colaboración de un funcionario específico de la AFIP. «No fue fácil. Bonadio era un juez muy duro y en una causa que era de las más relevantes de la Argentina. Me tocó proyectar una nota, que finalmente terminé firmando yo, donde le tuve que decir que íbamos a colaborar en todo lo necesario, pero que quienes podían contribuir con la causa lo definíamos nosotros, porque las decisiones de recursos humanos eran nuestras».
Con el paso del tiempo, sostuvo, aquella decisión terminó fortaleciendo la posición del organismo. «Hoy la teoría de las defensas es que existía una persona determinada que violaba secretos fiscales y aportaba información ilegítima. Entre la auditoría conjunta y esa nota, toda esa teoría se desbarata. Fueron cientos de funcionarios de AFIP los que trabajaron para responder los oficios y cuando Bonadio entendió que necesitaba una persona determinada, le dijimos que no».
Reconoció que aquella negativa le generó un conflicto con el magistrado. «No fue fácil porque contestarle que no a un juez federal no te deja en el mejor lugar del mundo. Me gané su enemistad durante varios meses, pero hacia el final de mi gestión terminé teniendo una conversación informal en su despacho y me reconoció que habíamos trabajado muy bien y que la AFIP había colaborado a conciencia».
Respecto del reclamo del camarista Alejandro Tazza por el cobro de un adicional salarial, De la Torre defendió el cambio de criterio adoptado por el Consejo de la Magistratura y aseguró que la situación planteada por el juez marplatense no puede equipararse a una verdadera subrogancia.
«El criterio anterior al que alega Tazza era el del viejo Consejo de 13 miembros. Este nuevo Consejo cambió ese criterio y los organismos pueden cambiar de criterio cuando lo fundamentan», explicó.
Aclaró que el régimen de subrogancias contempla un pago adicional cuando un magistrado efectivamente debe hacerse cargo de otro juzgado. «Tiene sentido que un juez perciba un adicional cuando se le duplica la tarea porque debe cubrir otro juzgado distinto, interiorizarse de otras causas y asumir otra carga de trabajo».
Sin embargo, aseguró que el caso de Tazza es completamente diferente. «Lo que pasaba con Tazza es que él subrogaba la vacante del juez de al lado dentro de la misma Cámara, con exactamente los mismos expedientes, los mismos temas y la misma carga de trabajo. Es exactamente la misma tarea y pretendía cobrar como una subrogancia natural«.
Para la consejera, «sería disparatado pensar que Tazza va a firmar una sentencia de una manera como titular de su vocalía y otra distinta representando la segunda vocalía. Lo que hace es proyectar un único resolutorio y firmarlo en ambos caracteres. Es la misma tarea».
También cuestionó el argumento de la cautelar que sostuvo que el pago no afectaba el interés público. «La decisión dice que no afecta el interés público, pero nosotros pagamos con nuestros impuestos el sueldo de los jueces. ¿Cómo no va a afectar el bolsillo público? Por supuesto que nos ocasiona un perjuicio y además el precedente es muy malo porque, si esto se proyecta al resto del país, implica una erogación inmensa».
Finalmente, De la Torre reflexionó sobre la calidad institucional y el funcionamiento del sistema legislativo. Consideró que «el derecho es lógica pura y sentido común», pero advirtió que «las leyes que terminamos aprobando empiezan a sacarle esa lógica y esa armonía que supo tener históricamente el derecho». Atribuyó ese deterioro a «la calidad de muchos legisladores» y reclamó una mayor formación de quienes ocupan cargos públicos.
«Tenemos que aspirar a que nuestros políticos no sean políticos profesionales, sino primero servidores públicos y después personas con formación. No pretendo que todos sean abogados, pero sí que se rodeen bien, se asesoren, estudien y hagan su trabajo de manera seria. No podemos tener levantadores de manos que no entienden ni lo que leen».