El fiscal Walter Martínez Soto cuestionó con dureza el fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías que desvinculó el fallecimiento de Oscar Oronó de la golpiza sufrida durante un robo. Aseguró que hubo una “lectura sesgada” de la prueba, defendió la existencia del nexo causal entre la agresión y la muerte de la víctima, y advirtió que la resolución impidió que el caso llegara a debate oral.
El fiscal Walter Martínez Soto manifestó su fuerte desacuerdo con la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías que entendió que la muerte de Oscar Oronó no podía atribuirse directamente a la brutal golpiza que recibió durante un asalto. En diálogo con la 99.9, sostuvo que el fallo desconoce la evidencia médica y anticipó que la Fiscalía General analiza recurrir la decisión ante Casación.
“Lo que hemos podido apreciar es que ha habido una lectura sesgada. A veces el abogado se va por cuestiones teóricas y empieza a hablar de causas y concausas, pero lo cierto es que el señor termina falleciendo por la lesión que se produjo al momento del robo”, afirmó.
Martínez Soto explicó que desde el primer momento existían signos compatibles con un traumatismo de gravedad y que incluso había indicadores clínicos que demostraban que la víctima debía recibir una atención más profunda. “Ese golpe en la cabeza siempre estuvo presente. Cuando se cae de la escalera, se cae producto de esa lesión, no por su edad ni por un estrés momentáneo. Fue precisamente la consecuencia del golpe que había recibido”, remarcó.
En ese sentido, indicó que el estudio realizado inicialmente no era el adecuado. “Debió haberse hecho una tomografía computada con contraste. Cuando uno tiene un golpe en la cabeza a veces no alcanza a dimensionar el grado de la lesión y el sangrado empieza a aparecer con el tiempo”, explicó.
Para el fiscal, nada de lo ocurrido después modifica el vínculo causal. “Que se haya retirado del nosocomio o que posteriormente haya querido atenderse son cuestiones secundarias. No alteran nunca el nexo causal de la muerte. La muerte se produjo por esa lesión”, insistió.
Martínez Soto cuestionó además algunos fundamentos técnicos de la resolución judicial. “En una parte del fallo hablan de la escala de Glasgow y está mal interpretada. Bajo ningún punto de vista una persona que ingresó en ese estado podía considerarse óptima o apta”, señaló.
Frente a ello, confirmó que la Fiscalía General estudia la presentación de un recurso. “Creo que corresponde. La Fiscalía General también lo entiende así. Estamos dentro del plazo legal y analizando la estrategia para avanzar”, indicó.
El funcionario judicial sostuvo que la causa nunca debió cerrarse antes del juicio oral. “Había una duda que perfectamente podía resolverse en el debate, con todos los peritos y testigos declarando directamente. Pero nos limitaron la posibilidad de ir a juicio, nos limitaron la posibilidad de acreditar esto y nos limitaron la posibilidad de hacer justicia. ¿Quién se hace cargo de la muerte del señor Oronó? ¿Falleció por obra y gracia del Espíritu Santo?”, cuestionó.
Consultado sobre la inseguridad en Mar del Plata, Martínez Soto reconoció que existen delincuentes reincidentes que aparecen permanentemente en las investigaciones. “Hay gente a la que ya le ganó el delito”, sintetizó, aunque rechazó que la situación social pueda utilizarse como explicación suficiente. “No podemos justificar que porque estamos viviendo una situación social complicada la gente cometa delitos. Eso no explica absolutamente nada. Es una gran mentira porque no toda la sociedad piensa de esa manera”, afirmó.
También advirtió sobre la necesidad de una respuesta integral del Estado. “Tenemos que tomar una decisión como marplatenses sobre qué vamos a hacer con esto. No podemos seguir entrando en disputas políticas. Estamos a merced de este tipo de delitos y la verdad es que faltan controles, faltan patrulleros y faltan ganas de trabajar en forma seria”, expresó.
Al mismo tiempo, aclaró que el Poder Judicial tiene límites en su intervención. “El Poder Judicial no puede reemplazar las políticas públicas que le corresponden al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo”, indicó.
Finalmente, al ser consultado sobre la reincidencia y la criminalidad estructural, consideró que el problema excede la aplicación de penas. “Podemos ponerle veinte años de condena, pero si esa persona pasó veinte años perfeccionándose en el delito, cuando salga va a ser peor todavía. Ahí tiene que darse otra discusión, porque lo que está fallando es la reinserción”, concluyó.