La fundadora de Potencia cuestionó el entramado de poder construido alrededor de Martín Insaurralde, denunció la protección política y judicial de la corrupción y advirtió que la falta de una política anticorrupción sostenida mantiene vigente un sistema donde “los negocios reemplazaron al interés público”.
La fundadora de Potencia, María Eugenia Talerico, sostuvo que el caso que involucra al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde excede ampliamente el escándalo mediático generado por el llamado «Yategate» y expone una estructura de poder político, económico y judicial que durante años permitió la acumulación de riqueza y la protección de negocios ilegales en la provincia de Buenos Aires.
En diálogo con la 99.9, la ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) recordó que el organismo participó activamente en causas emblemáticas de corrupción, como Sueños Compartidos y Cuadernos, y lamentó que el actual gobierno haya eliminado las facultades querellantes del organismo. «Eso debilita mucho la lucha contra la corrupción. En muchos expedientes las defensas lograron sacar a la UIF, aunque en las causas donde ya estaba constituida pudo continuar actuando. En el futuro ya no la vamos a ver interviniendo en este tipo de casos», señaló.
Al referirse a Insaurralde, afirmó que el juego constituye apenas una parte del esquema de recaudación ilegal. «El juego es una de las canteras de dinero, pero alrededor de Insaurralde había mucho más. Era una persona humilde que llegó a la intendencia de Lomas de Zamora después de trabajar en el Instituto de Lotería y Casinos. Basta mirar sus declaraciones juradas de 2012 para entender el crecimiento patrimonial escandaloso», indicó.
Según Talerico, el ex funcionario mantuvo influencia sobre múltiples negocios. «Hablamos del juego, de la Legislatura bonaerense, de la protección de La Salada, donde hay evasión impositiva, violaciones a la ley de marcas y de propiedad intelectual, hablamos del control del Tribunal de Cuentas y de empresas vinculadas a la obra pública, como las relacionadas con parques eléctricos y semáforos. Es impresionante todo lo que pasó en Lomas de Zamora con empresas asociadas a Insaurralde», aseguró.
También apuntó contra la modelo Jesica Cirio, al sostener que «evidentemente también le gusta el dinero, porque no puede tener tanta puntería para vincularse siempre con personas que terminan teniendo problemas penales. Seguramente se benefició patrimonialmente y por eso forma parte del entramado de lavado de dinero».
Respecto del desarrollo del juego online en la provincia, recordó que la regulación se concretó durante la gestión de María Eugenia Vidal y aseguró que allí también primó la lógica del reparto político. «Lo que se reparten son negocios. La política terminó loteando negocios y las sucesiones políticas se transformaron en acuerdos para mantener esos negocios. Ya no se discute quién gobierna para hacer mejor las cosas, sino quién administra los recursos y los negocios», sostuvo.
Para la dirigente, ese mecanismo explica buena parte del deterioro institucional argentino. «Los políticos se han transformado en empresarios de la política. Roban dinero público y hacen negocios con quienes después los protegen. Del otro lado encuentran funcionarios dispuestos a corromperse y jueces que también participan del sistema otorgando impunidad», afirmó.
En ese sentido, fue especialmente crítica con el funcionamiento del Poder Judicial. «Los casos de corrupción tardan quince o diecisiete años en llegar a juicio oral y muchas veces terminan prescribiendo o los acusados son absueltos por el plazo razonable. Los juzgados deberían estar auditados para medir tiempos y resultados», reclamó.
Incluso cuestionó las disputas de competencia entre magistrados. «Cuando vemos que varios jueces quieren quedarse con una causa, muchas veces es porque no quieren investigarla. El juzgado que la retiene termina garantizando la impunidad», aseguró.
Talerico recordó además el trabajo realizado durante el gobierno de Mauricio Macri para reactivar investigaciones que permanecían paralizadas. «Cuando asumimos encontramos organismos donde habían borrado servidores completos, como ocurrió en la Procuración del Tesoro con información vinculada a la ruta del dinero de Lázaro Báez. A medida que se profesionalizaron los organismos y se vio voluntad de investigar, empezó a llegar información desde el exterior y muchas causas pudieron avanzar», explicó.
También destacó la importancia de investigar el patrimonio de los funcionarios en paralelo con las causas penales. «Las investigaciones financieras paralelas permiten comprometer el patrimonio de los involucrados. El lavado de activos puede cometerlo el mismo funcionario que obtuvo el dinero ilícitamente, sin necesidad de un tercero. Esa herramienta permitió avanzar sobre muchos bienes, aunque algunos lograron escapar», indicó.
En relación con la condena a Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que «no hay dudas de que fue la jefa de una asociación ilícita porque existían múltiples estructuras montadas para robar desde el Estado». Y agregó que resulta indispensable avanzar sobre los bienes familiares. «Sería muy fácil eludir las condenas transfiriendo todo el patrimonio a los hijos. Por eso esas investigaciones también deben alcanzar esas transferencias», señaló.
Finalmente, Talerico advirtió que la Argentina necesita una política anticorrupción sostenida y no acciones aisladas. «Así como el Gobierno decidió enfrentar la inflación con una política firme, debería existir la misma decisión frente a la corrupción. Mientras eso no ocurra, la política seguirá manipulando las instituciones y los jueces seguirán actuando en sintonía con el poder político», concluyó.