A juicio

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Oscar Rigano y de la cúpula de Jonestur por lavado de activos agravado, cometido con habitualidad y en banda. Quedó acreditado, además, que entre la plata que giraban a Andorra había dinero proveniente de la corrupción.

«Dejame los dólares, que te los cuido». Con esa promesa, Oscar Rigano y los responsables de Jonestur captaron durante años los ahorros de cientos de marplatenses que creían que su plata dormía en la caja fuerte del histórico local de la peatonal, mientras era girada sin su consentimiento a cuentas en Andorra. La historia es conocida para nuestros lectores habituales: la confesión ante la justicia andorrana, la multa millonaria que pagaron para no ir presos, las amenazas a los damnificados que se animaban a reclamar. Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata resolvió «confirmar parcialmente el procesamiento de Oscar Rigano, Rubén Seret, Alfredo Blasco García y María Fernanda García Navarro, por haber tomado intervención en el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y haberse cometido de forma organizada».

La resolución mantiene sobre los cuatro procesados el embargo y la inhibición general de bienes y le otorga al juez de grado un plazo de seis meses para concluir la investigación.

Banca paralela

Según la Cámara, Oscar Rigano y los demás socios y ejecutivos que dirigían el grupo —Francisco Fernando García Navarro, fallecido en 2018, Alfredo Blasco y Rubén Seret— «diagramaron un negocio en conjunto con integrantes de la Banca Privada de Andorra (BPA) para transferir y administrar en el exterior dinero de clientes, que era dejado en efectivo en Argentina y depositado en cuentas de ese banco de las que eran titulares distintas sociedades constituidas en Panamá». El fallo precisa que «quienes se beneficiaban específicamente de esta operatoria eran las cuatro personas antes mencionadas (25% cada uno)» y que la casa de cambio, habilitada por el Banco Central desde 1978, funcionó «como una pantalla para que los acusados capten el dinero de clientes en esa operatoria no registrada».

La maniobra se remonta al menos a 2004, cuando Thenalp SA —la más antigua de una treintena de sociedades pantalla panameñas que pudieron ser identificadas— abrió una cuenta corriente en la BPA. En el acuerdo que los propios acusados firmaron ante la justicia andorrana se reconoce que ampliaron su actividad más allá de los límites autorizados para la casa de cambio, «para realizar actividades de banca paralela, gestión de carteras, cuentas y patrimonios, asesoría financiera y de inversión en Andorra», «al margen de cualquier autorización». Los clientes registrados fueron alrededor de dos mil y, según el informe de compliance que cita la resolución, «en algunos casos no se les informaba ni dónde era depositado su dinero ni que se transferiría a cuentas en el exterior».

El fallo consigna que en marzo de 2015 el grupo administraba «una cartera de 138.000.000 de dólares estadounidenses», por la que obtuvo «utilidades totales por 7.600.000 dólares estadounidenses en once años», y que en total «habrían sido captados fondos por un importe total de cobros y pagos de 437.000.000 de dólares estadounidenses». Los depósitos personales de los socios se mezclaban con los fondos de las sociedades pantalla, «siendo imposible determinar su trazabilidad exacta».

Sobre esa base, la justicia andorrana concluyó que los cuatro desarrollaron «una serie de actividades financieras sin la debida autorización» y, recuerda la Cámara, «fueron condenados por el delito de actividad financiera ilegal y el delito mayor de blanqueo de dinero o valores realizado con habitualidad y cometido mediante grupo, a la pena de cinco años de cárcel sustituida por expulsión del Principado de Andorra por siete años y seis meses y multa de 11.250.000 de euros y 10.500.000 euros (para Oscar Rigano; Blasco y Seret respectivamente)». La parte querellante indicó que en Andorra los acusados «se confiesan lisa y llanamente delitos que significaron el pago de multas por cuarenta y tres millones de euros para no cumplir penas privativas de la libertad».

A todo esto se suma el hallazgo más grave: la Cámara tuvo por demostrado que los directores del grupo «administraron y transfirieron dinero de la corrupción» —lo probado hasta el momento es un mínimo de 3.000.000 de dólares— «que trasladaron al extranjero con el propósito de disimular su origen», con movimientos que «se acreditaron como consecuencia de la documentación secuestrada en el domicilio de Oscar Rigano».

El pope

El fallo dedica un apartado a la responsabilidad individual del jefe, Oscar Rigano, quien «actuó como gerente de «García Navarro y Ramaglio S.R.L.», director de «Jonestur Crediticia S.A.» y accionista de «Cambio García Navarro Ramaglio y Cía S.A»», con una participación que «pasó de un 4% a un 10%», y «se encuentra en la empresa desde su creación». Además, «era oficial de cumplimiento de la firma»: el encargado, en los papeles, de que se respetaran las normas.

Los denunciantes «declararon y sostuvieron que el dinero quedaba a resguardo del acusado», algo corroborado mediante escuchas telefónicas, documentación secuestrada y correos electrónicos; el análisis técnico de sus dispositivos confirmó «la intervención de Oscar Rigano en el manejo habitual con los clientes que depositaban su dinero». Para la Cámara, «tenía un rol preponderante en la recepción de los ahorros de clientes» y su interacción con la banca andorrana «da cuenta también del rol de dominio que tuvo sobre la organización y ejecución de los hechos que se le atribuyen».

La querella agregó que los acusados «se han enriquecido vergonzosamente por el volumen de sus acreencias a instancias de los ahorros de las personas que en ellos confiaron» y que, mientras tanto, «han vendido sus bienes registrables, han desaparecido de los registros que los contaban como titulares dominiales, para pasar a vivir en viviendas a nombre de terceros». De ahí la importancia de que el tribunal haya mantenido el embargo y la inhibición general de bienes sobre los cuatro.

Luego de años de idas y vueltas, las víctimas de Rigano y sus secuaces por fin ven una luz al final del camino: finalmente, irán a juicio. ¿Será justicia?