El abogado querellante de numerosos damnificados por el caso Jonestur analizó en la 99.9 la confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara Federal. Aseguró que la estrategia de las defensas apunta a dilatar el proceso para buscar la prescripción de los delitos y sostuvo que el principal objetivo sigue siendo impedir que los acusados recuperen los fondos inmovilizados en Andorra.
La confirmación de los procesamientos por parte de la Cámara Federal en la causa Jonestur representa, para el abogado Pedro Bove, un punto de inflexión en una investigación que lleva años de trámite. En diálogo con la 99.9, sostuvo que la resolución «no tiene fisuras» respecto de las responsabilidades de los principales imputados y advirtió que el próximo objetivo será superar las nuevas instancias de apelación para llegar finalmente al juicio oral.
Bove explicó que las defensas continúan utilizando todas las herramientas procesales disponibles, algo que calificó como legítimo dentro del sistema de garantías, aunque señaló que existe otra estrategia paralela. «La defensa indirecta consiste en utilizar el paso del tiempo para después volver al ataque diciendo que los delitos prescribieron», afirmó.
Según indicó, el proceso oral «está cada vez más próximo» porque «los delitos los han cometido y no hace falta grandes investigaciones más». En ese sentido recordó que en Andorra los propios involucrados reconocieron hechos vinculados al lavado de activos, la asociación ilícita y el ejercicio ilegal de la actividad financiera. «Ellos se hacen cargo de esos delitos en Andorra, pero esos fondos provenían de una maniobra ilícita iniciada en Argentina», explicó.
Para el abogado, el origen del dinero nunca estuvo en los ahorristas sino en el accionar de quienes «sedujeron a la clientela con mentiras». Relató que a las víctimas se les prometía resguardar sus ahorros para evitar otro corralito, cuando en realidad el dinero era transferido a cuentas bancarias en Andorra administradas por los propios directivos de Jonestur, utilizando sociedades offshore constituidas en Panamá.
Uno de los puntos que más preocupa a Bove es el intento de recuperar esos fondos. «La nueva maniobra que intenta Rígano y todo su grupo es que se les devuelva el dinero diciendo que pertenece al holding que ellos mismos inventaron para sacarlo de la Argentina», señaló. Sin embargo destacó que la Justicia andorrana, junto con la Fiscalía y las autoridades judiciales argentinas, «no les permitió tocar el dinero».
Incluso cuestionó el discurso que, según dijo, mantienen los imputados. «Rígano dice que los corruptos de Andorra no le devuelven el dinero de él. Esto es una cosa muy psiquiátrica, porque sigue sintiéndose dueño de los fondos de la gente», expresó.
Bove remarcó que él representa «damnificados, no especuladores financieros». En ese sentido aseguró que la mayoría de sus clientes son jubilados, con un promedio superior a los 70 años, que simplemente buscaron proteger sus ahorros tras la experiencia del corralito. «Ahora quieren mostrar a esas víctimas como especuladores cuando en realidad confiaron en quien les dijo ‘traigan su dinero que yo se los cuido'», afirmó.
También cuestionó que las multas aplicadas en Andorra hayan sido abonadas con el dinero perteneciente a los propios ahorristas. «No es dinero de Jonestur ni de Rígano; es dinero de la gente estafada. Es realmente demencial», sostuvo.
Respecto del fallo de la Cámara, manifestó sorpresa por la desvinculación de María Isabel Ramaglio y de Belén Cardoso. Según explicó, ambas aparecen vinculadas a las cuentas utilizadas en Andorra y sostuvo que numerosos damnificados entregaron personalmente el dinero a Cardoso. «No entiendo por qué la Cámara las desvincula. Eso será materia de tratamiento en Casación», adelantó.
También hizo referencia a la situación de otro de los imputados, Blasco, quien fijó residencia en España. «Si no volvió, hay que salir a buscarlo. Se enriqueció trabajando en Mar del Plata y no puede simplemente quedarse viviendo en España», afirmó.
El abogado fue especialmente crítico respecto del comportamiento posterior de los acusados. «No resignaron nada. Siguen viviendo la misma vida, estrenan casas, frecuentan los restaurantes más importantes de Mar del Plata mientras muchos damnificados perdieron todo», indicó. Agregó que algunos de sus representados «están internados en geriátricos, muchos ya murieron y hay personas a las que les deben apenas tres mil dólares».
Asimismo cuestionó que, pese al estallido del caso en Andorra, las operaciones cambiarias continuaran durante años. «Las casas de cambio siguieron abiertas hasta 2026. Todos sabían que seguían operando. Ganaron dinero durante más de diez años y nunca utilizaron esas ganancias para devolverle un peso a los damnificados», aseguró.
Finalmente, Bove indicó que el principal objetivo de la querella, junto con la PROCELAC y la Fiscalía, continúa siendo impedir que los fondos inmovilizados en Andorra sean liberados. «Esos aproximadamente 50 millones de euros remanentes deben preservarse porque allí está la posibilidad concreta de reparar a las víctimas», señaló.
Aunque reconoció que todavía restan nuevas apelaciones, recursos de Casación e incluso una eventual intervención de la Corte Suprema, se mostró optimista respecto del avance de la causa. «Hoy, por primera vez en mucho tiempo, vemos la otra orilla. Estamos en condiciones ciertas de llegar a la oralidad», concluyó.