La periodista española advirtió que el ingreso masivo de casi 49.000 inmigrantes en menos de 24 horas constituye una crisis sin precedentes, cuestionó la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez y sostuvo que Marruecos no podría haber permitido semejante situación sin una decisión política.
La periodista española María Jamardo aseguró que la masiva llegada de inmigrantes a Ceuta representa una verdadera «violación de la integridad territorial de España» y sostuvo que resulta «muy complicado» creer que semejante operación pudiera desarrollarse sin la anuencia de las autoridades marroquíes. En diálogo con la 99.9, describió la situación como una crisis geopolítica de enorme magnitud que ya comienza a generar fuertes tensiones dentro de la Unión Europea.
«Estamos hablando de cerca de 49.000 inmigrantes llegados a Ceuta y, según cifras del propio Ministerio del Interior español, esto constituye una violación de la integridad territorial de España», indicó. Sin embargo, remarcó que el gobierno de Pedro Sánchez «califica este asalto como una obra orquestada por las mafias y evita poner el foco en Marruecos».
Para Jamardo, esa explicación resulta difícil de sostener. «Es muy complicado entender que esto no se hubiera producido si las autoridades marroquíes, a las que por cierto la Unión Europea envía fondos ingentes para el control de las fronteras europeas, no hubiesen hecho la vista gorda o, al menos, no hubiesen aflojado la presión que deben ejercer sus fuerzas de seguridad», afirmó.
La periodista recordó que España destina importantes recursos económicos al reino marroquí. «En 2023 ya sufrimos una crisis migratoria importante y el gobierno la resolvió entregando el Sáhara a Marruecos», señaló, aludiendo al cambio de posición histórica del Ejecutivo español respecto del conflicto saharaui. «Se presentó como un pacto de amistad precisamente para evitar este tipo de situaciones. Lo cierto es que no sirvió para nada», enfatizó.
Además, enumeró otras ayudas económicas. «Se entregan subvenciones para educación, para escuelas, para trenes de alta velocidad, para atención sanitaria y dinero constantemente para ayudar al desarrollo de Marruecos. Sin embargo, esto no está sirviendo ni para contentar al gobierno marroquí ni para garantizar una especie de inmunidad frente a este tipo de invasiones», sostuvo.
Jamardo también vinculó el fenómeno migratorio con las políticas internas del gobierno español. A su entender, «el efecto llamada» generado por las regularizaciones masivas constituye uno de los principales incentivos para la inmigración irregular. «Cuando cualquiera que entre de manera irregular sabe que más pronto que tarde va a obtener los papeles y acceder a los mismos servicios que el resto de los ciudadanos, ¿cuál es el incentivo para ingresar legalmente? Ninguno», afirmó.
La situación ya provocó repercusiones en Europa. La periodista recordó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, planteó la posibilidad de suspender a España del espacio Schengen, una iniciativa que recibió el respaldo de Finlandia y generó preocupación en otros países.
Aunque aclaró que «ningún Estado miembro puede expulsar unilateralmente a otro del espacio Schengen», advirtió que sí existe la posibilidad de que distintos países refuercen los controles fronterizos hacia quienes lleguen desde España. «Francia, Italia, Países Bajos y otros países pueden endurecer los controles policiales temporales en sus fronteras interiores para verificar pasaportes y controlar el ingreso de personas provenientes de España», explicó.
Otro de los elementos que, según Jamardo, agravó la situación fue un reciente fallo del Tribunal Supremo español referido a las devoluciones en caliente. Explicó que la Justicia estableció que quienes ingresan a Ceuta o Melilla por vía marítima no pueden ser rechazados inmediatamente, a diferencia de quienes atraviesan la valla fronteriza.
«La Sala de lo Contencioso Administrativo entendió que el mar no constituye un elemento artificial de contención como sí lo es la valla. Por eso obliga a identificar individualmente a cada inmigrante y tramitar su situación conforme a la legislación de extranjería», explicó.
A su juicio, esa interpretación genera una enorme carga para unas fuerzas de seguridad que ya trabajan con recursos insuficientes. «Guardia Civil y Policía Nacional llevan años reclamando más efectivos. Ahora, además del control físico de la frontera, deben afrontar una enorme carga burocrática. En definitiva, se ha producido un abandono de las competencias soberanas del Estado y la interpretación del Tribunal Supremo tampoco ha contribuido a mejorar la situación», concluyó.