El prefecto mayor (R.S.) y especialista en seguridad marítima destacó el reconocimiento internacional obtenido por el sistema Guardacostas desarrollado por la Prefectura Naval Argentina y advirtió que el principal desafío ya no son los pesqueros poteros asiáticos, sino los buques de arrastre que realizan “microingresos” en aguas argentinas, violando la soberanía nacional.
El control de los recursos pesqueros y la vigilancia del Atlántico Sur volvieron a instalarse en la agenda pública a partir del reconocimiento internacional que recibió el sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina. Para el prefecto mayor (R.S.), licenciado en Seguridad Marítima y coordinador del Equipo Interdisciplinario para el Control de los Espacios Marítimos y sus Recursos, Sergio Almada, la incorporación de esta experiencia como una «buena práctica internacional» representa un paso fundamental para enfrentar la pesca ilegal.
En diálogo con la 99.9, explicó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) incluyó en un manual elaborado por especialistas internacionales el caso argentino sobre el uso de tecnología para detectar e infraccionar buques pesqueros ilegales.
«La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen incorporó los casos del uso de tecnología por parte de la Prefectura Naval Argentina, a través del sistema Guardacostas, para la detección e infracción de buques pesqueros ilegales. Que un organismo de este nivel considere estas acciones como buenas prácticas internacionales fue una gran noticia», destacó.
Según explicó, la estrategia desarrollada por la fuerza apunta a optimizar los escasos recursos materiales disponibles mediante el uso intensivo de tecnología. «La Prefectura desarrolló una estrategia muy importante para hacer más eficiente el uso de los recursos que tiene, como buques guardacostas y aviones de patrullaje marítimo», indicó.
Sin embargo, Almada sostuvo que la percepción general sobre la amenaza que representan las flotas extranjeras necesita ser actualizada.
«Hace cuatro o cinco años que la flota potera extranjera, mayormente asiática, no se aproxima a menos de una milla del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva. Sigue siendo una amenaza permanente, pero ya no representa el mayor riesgo», aseguró.
En cambio, advirtió que el foco debe ponerse sobre otra modalidad de explotación.
«La mayor amenaza hoy es la flota de arrastre. Y no hablamos solamente de barcos asiáticos; hay muchos europeos, fundamentalmente españoles, gallegos y portugueses», explicó.
Estos buques, detalló, trabajan prácticamente sobre el límite de las 200 millas y generan ingresos ilegales de muy corta duración.
«La flota de arrastre opera hasta el borde mismo de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Cuando viran la red o modifican el rumbo producen microingresos de metros o cientos de metros durante media hora o una hora. Siguen siendo ingresos ilegales. Están violando nuestra soberanía, aunque sea por pocos metros, y además no toman ningún margen de seguridad para evitar hacerlo», remarcó.
Para enfrentar este fenómeno, Prefectura desarrolló herramientas basadas en modelos predictivos, machine learning e inteligencia artificial, capaces de anticipar comportamientos de la flota extranjera y detectar esas incursiones.
«Se desarrollaron modelos predictivos que indican las posibles amenazas en función del comportamiento de la flota. Eso permitió determinar que el objetivo principal debía ser la flota de arrastre y diseñar una estrategia para transformar toda la información obtenida por los sensores en evidencia válida para los tribunales», explicó.
El especialista aclaró que obtener datos tecnológicos no alcanza por sí solo para sancionar.
«Los datos operativos no se convierten automáticamente en evidencia. Hay que atravesar un proceso de admisibilidad para que esa información pueda ser utilizada por un tribunal, respetando todas las garantías legales», señaló.
Gracias a ese procedimiento, explicó, ya pudieron sancionarse cuatro buques pesqueros extranjeros mediante procesos administrativos impulsados por la Subsecretaría de Pesca.
No obstante, Almada subrayó que el objetivo no debe limitarse al cobro de multas.
«El espíritu de esta estrategia no es solamente sancionar económicamente. Lo que buscamos es que el Estado de bandera de esos buques investigue e imponga sanciones propias, activando la debida diligencia. También queremos que esa información llegue a los Estados donde esos barcos ingresan a tomar servicios», sostuvo.
En ese sentido, recordó que Uruguay forma parte del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, por lo que un antecedente de pesca ilegal podría ser motivo suficiente para impedir el ingreso de un buque a puerto.
«Si un barco pierde la posibilidad de ingresar a un puerto para descargar o abastecerse, realmente estamos generando un perjuicio importante. Esa es la finalidad de todo este sistema», concluyó.