Los procedimientos se realizaron entre el 4 y el 6 de agosto en Caucete, Pocito y Rawson, en el marco de una investigación por daños a transformadores de energía eléctrica y robo de cobre. La Policía detectó irregularidades en la documentación de los establecimientos y secuestró más de 32.700 kilos de material no ferroso.
La Policía de San Juan clausuró cinco chatarrerías y recuperadoras ubicadas en Caucete, Pocito y Rawson y secuestró más de 32 toneladas de material no ferroso, aparentemente cobre -valuado en casi $460 millones en el mercado-, durante una serie de operativos realizados entre el lunes 4 y el miércoles 6 de agosto. Los procedimientos se desarrollaron en el marco de una investigación por daños a transformadores de energía eléctrica y robo de cobre.
Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la División Policía Rural, la Unidad de Apoyo Investigativo y la Sección Leyes Especiales, dependientes de la Dirección D-5. Los agentes realizaron controles para verificar el cumplimiento de la Ley Provincial N° 2437-J, que regula la tenencia, comercialización y transporte de materiales no ferrosos, además de las disposiciones establecidas en el Código de Faltas.
Tres clausuras en Caucete
El primer operativo se realizó el 4 de agosto en Caucete, donde fueron clausurados tres establecimientos. En la Chacarita «Don Antonio», ubicada sobre calle Urquiza, los policías entrevistaron a su encargado, de apellido Varela. Durante la inspección constataron que contaba con una habilitación vencida y que el Libro de Industria y Comercio se encontraba desactualizado.
Ante estas irregularidades, la Jueza de Paz de Caucete dispuso la clausura supeditada del establecimiento por infracciones a los artículos 98, 99, 162 y 184 de la Ley 941-R.
Ese mismo día, en el Loteo Los Andes, fue inspeccionada la denominada «Chacarita Acosta». Allí, su propietario, de apellido Acosta, no pudo presentar las habilitaciones correspondientes y tampoco logró acreditar la procedencia de unos 7.500 kilos de recortes de cables y bobinados de material no ferroso.
La tercera intervención en Caucete tuvo lugar en la Chacarita «Las Huellas Compartidas», situada sobre calle Córdoba, en Villa Independencia. En ese lugar, los efectivos detectaron que su responsable, de apellido Alonso, no contaba con las habilitaciones correspondientes ni con el Libro de Industria y Comercio actualizado.
A partir de las irregularidades detectadas, la jueza de Paz Dra. Silvana Salva ordenó la clausura supeditada del establecimiento.
También hubo operativos en Pocito y Rawson
El 5 de agosto, los controles llegaron hasta Pocito. En la recuperadora «Don Mariano», ubicada sobre calle Lemos, entre calles 5 y 6, los policías entrevistaron a su encargado, de apellido Hernández.
Durante la inspección se detectaron inconsistencias en la documentación, entre ellas un certificado eléctrico vencido y un Libro de Industria y Comercio desactualizado. Además, los efectivos encontraron 120 kilos de cable de alta y media tensión cuya procedencia no pudo ser acreditada.
Según informó la Policía, personal de Naturgy reconoció el material como compatible con elementos utilizados por la empresa. Por este motivo, los cables fueron secuestrados y la jueza del Juzgado de Paz Letrado de Pocito, Dra. Laura Asandri, dispuso la clausura preventiva del establecimiento.
El último procedimiento informado se realizó el 6 de agosto en Rawson, en la Chacarita «Metal Sur S.R.L. – Recuperadora Fernández», ubicada sobre calle Lemos 1436 Sur.
En ese lugar, los efectivos constataron que su propietario, de apellido Fernández, tenía el Libro de Industria y Comercio desactualizado. Además, encontraron 32.670 kilos de material no ferroso, aparentemente cobre, cuya procedencia no estaba respaldada por documentación.
El Dr. Enrique Mattar, del 3° Juzgado de Faltas, ordenó el secuestro de todo el material y la clausura supeditada del establecimiento.
En total, los procedimientos permitieron secuestrar más de 32.700 kilos de material no ferroso. De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Policía de San Juan, el valor de lo incautado en el mercado actual rondaría los $460 millones.