La fiscal Betina J. S. de Lacki pidió la detención de seis personas por asociación ilícita, defraudación y lavado de activos. Otra investigación judicial que involucra al marplatense Catriel Taubenschlag.
Hace apenas unas semanas dábamos cuenta en este medio, en la Central titulada «La timba eterna», del camino que va de la quiniela clandestina al juego online y de cómo esa ruta terminaba desembocando en Mar del Plata. En aquella nota, y en las «Malas lenguas» que la precedieron, aparecía un nombre que hoy vuelve al centro de la escena: Catriel Taubenschlag, creador de Mi Saldo, vinculado a algunos proyectos polémicos en la zona de Rumencó y hombre que se presenta ante los medios como empresario y referente argentino del ecosistema fintech, cripto y tecnológico. Decía entonces estar muy tranquilo, ¿seguirá así?
El 7 de agosto, la agente fiscal Betina J. S. de Lacki, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 del Departamento Judicial La Plata, presentó ante el Juzgado de Garantías un requerimiento en el que solicita que se libre orden de detención respecto de los imputados «Albertina Mangini, Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni», junto con órdenes de allanamiento, registro y secuestro con habilitación de día y hora para el 12 de agosto. La calificación legal es «Asociación Ilícita, Defraudación mediante uso indebido de datos, lavado de activos agravado por la habitualidad, por ser cometido como miembro de una asociación y por su comisión por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, todos ellos en concurso real entre si».
La licuadora
La materialidad ilícita que describe la fiscal arranca a fines de 2023 y se sostiene, al menos, hasta agosto de 2024. Según el requerimiento, una funcionaria pública —Secretaria de la Fiscalía de Cámaras con funciones en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados— y un operador tomaron parte, junto a otros, «de una asociación cuyo fin era la captación de personas vulnerables económicamente a los fines de «escanearles el ojo» y extraer sus datos para luego abrir cuentas a sus nombres, realizando un uso espurio de sus datos».
El primer eslabón, sostiene la fiscal, es institucional. Mangini, dice el escrito, «valiéndose de su condición de funcionaria pública como Secretaria de la Fiscalía de Cámaras con funciones en la Oficina de Coordinación del Patronato de Liberados se encargaba de identificar y abordar a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica y/o bajo tutela judicial. Aprovechándose del velo de legalidad institucional y la necesidad de las víctimas, les ofrecía la suma de dinero a cambio de dejarse “escanear el ojo” y tomar fotografías de su documentación personal —DNI, entre otros—, bajo la falsa premisa de que se trataba de un trámite inocuo por encontrarse “limpios en la AFIP”». A cambio, según las declaraciones que cita el expediente, las víctimas recibían apenas ochenta mil pesos. Se las citaba en un bar de la zona de Tribunales de La Plata, donde otras intermediarias les fotografiaban el rostro y el documento con teléfonos celulares para abrir cuentas en billeteras virtuales.
De ahí en más interviene Perrotta, señalado como el nodo operativo, «quien tenía la total disponibilidad de las mismas haciendo las veces de nexo tecnológico y operativo central administrando las cajas recaudadoras», vinculando las cuentas de las víctimas a su propio correo electrónico y a sus abonados telefónicos. El correo, «telsinocas7@gmail.com» es, para la fiscal, un indicio en sí mismo: «La inversión del término «CASINO» (ONISAC/SINOCAS) es una técnica de cripticismo rudimentario destinada a eludir los algoritmos de control y monitoreo de las plataformas financieras». Por si quedaban dudas, uno de los abonados registrados a su nombre figura agendado en TrueCaller como «CASINO 24HS».
Solo por dos de las cuentas abiertas a nombre de una de las víctimas —una empleada de limpieza con dos hijos discapacitados— pasaron $172.242.946,68 en el plazo aproximado de un año. La hipótesis fiscal es que ese dinero provenía del juego ilegal: «el casino ilegal funcionaba como una maquinaria de conversión o “licuadora” destinada a captar, blanquear y estratificar flujos monetarios originados, al menos, en el juego clandestino y en maniobras de defraudación». Y aclara que lo detectado es apenas una ventana: «La investigación no revela simplemente un casino ilegal que utilizaba una cuenta prestada. Revela una organización que disponía de su propio sistema de captación, identidad digital, recaudación, conciliación, estratificación y conversión de activos».
¿Trae piedras?
El último tramo de la maniobra es el que llega a Mar del Plata. Sobre los cuatro imputados que operaban como receptores finales, el requerimiento no deja lugar a interpretaciones benévolas: «El avance de la pesquisa permite sostener que la intervención y aporte de Taubenschlag, Marchioni, Campoli Sillero y Scigliano no permite situarlos como meros apostadores ni receptores ocasionales. Constituían el nivel financiero profesional de la organización, indispensable para que las ganancias obtenidas mediante la explotación clandestina y la defraudación abandonaran las cuentas de las víctimas y adquirieran una apariencia compatible con operaciones legales».
El hilo que, según la fiscal, cose a ese estrato con el resto de la red es un detalle de dos dígitos: las transferencias terminaban siempre en «.12 centavos», y eso, dice el escrito, «no puede ser interpretada como una casualidad comercial. Funciona, técnica y procesalmente, como una “marca de agua” o firma de la organización para rastrear la dispersión de fondos dentro de la red». Agrega que la operatoria se nutre también de: «una técnica clásica de lavado de activos que consiste en fraccionar o atomizar una gran suma de dinero de origen ilícito en múltiples operaciones bancarias de bajo monto», el smurfing, que busca mantener cada operación por debajo del umbral que dispara las alarmas del sistema bancario.
El informe del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina que cita el requerimiento detalla que en apenas un mes y medio, las cuentas de Marchioni registraron 118 créditos por $13.574.944.078,14 y 49 débitos por $13.574.944.075,14: «un flujo bruto de $27.149.888.153,28 con diferencia final de apenas $3, explicada por tres microcréditos de $1». Y ahí es donde esta historia se cruza con la otra: la plataforma «bloqueó y suspendió definitivamente la operatoria de Marchioni por un incremento de riesgo asociado a la correlación con hechos del caso “Sur Finanzas”», mientras que «Campoli figura dado de alta en Sur Finanzas desde agosto de 2024».
De Taubenschlag, el informe consigna que «de su operatoria en LB Finanzas registró saldo cero y once movimientos externos exitosos. Los ingresos de terceros totalizaron $1.573.946 y los egresos a terceros $1.263.946», y que «hubo una transferencia exitosa de Ignacio Leonel Marchioni a Catriel Taubenschlag por $150.000, efectuada el 08/05/2023 a una cuenta Brubank individualizada con titular y CUIT coincidentes». A eso se suma el cruce de movimientos migratorios, del que surge «una coincidencia temporal entre Mauro Perrotta y Catriel Taubenschlag en los Estados Unidos de América, constatándose que ambos permanecieron presuntamente en territorio estadounidense de manera simultánea durante aproximadamente ocho (8) días».
Tres de los seis imputados —Perrotta, Scigliano y Taubenschlag— residirían en Mar del Plata, y en la ciudad se pidieron también los allanamientos de tres gimnasios de la cadena RedLine vinculados a Perrotta. La fiscal pidió, además, que se dicte «medida cautelar disponiendo la inhibición general de bienes» de los seis imputados, con oficio al Banco Central y también «a Binance Service Latinoamérica S.A. de C.V. a los fines de inhibir la totalidad de las cuentas o Wallet que se encuentren a nombre de los imputados».
El requerimiento consigna, por último, que «Catriel Taubenschlag el 30 de julio de 2026 salió del país desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino inicial a San Pablo, República Federativa de Brasil, y destino final informado en Johannesburgo, República de Sudáfrica», sin que se haya registrado itinerario de regreso. Para la fiscal se trata de alguien que «cuenta con recursos económicos para evitar regresar al país», y por eso pidió que la eventual orden de detención se incorpore al sistema internacional de INTERPOL, algo que, por ahora, no sucedió.
Por su parte, lo que la defensa de Taubenschlag argumenta es que el indicio de los centavos no alcanza, ya que el importe de una transferencia —y su terminación decimal— lo fija quien la emite, no quien la recibe, de modo que el patrón elegido por un tercero no prueba por sí solo conocimiento ni acuerdo del destinatario. Sostiene, además, que su operatoria de arbitraje con criptoactivos se desarrolla en un marco formal, inscripta ante ARCA y tributando el impuesto cedular correspondiente. Por ahora, el allanamiento que se ordenó esta semana dio resultados negativos, porque se hizo en un domicilio erróneo. La fiscalía, sin embargo, va a pedir contra Taubenschlag la ampliación de la prueba e insistirá con su detención.
Lo cierto es que el nombre de Catriel Taubenschlag sigue apareciendo una y otra vez en diversos expedientes judiciales. El río suena y suena… ¿será porque trae piedras?