Las apuestas y la política en Argentina —y muy especialmente, en la provincia de Buenos Aires— siempre tuvieron vínculos muy fuertes. La trama que destapó la investigación de la fiscal Lacki en La Plata es la historia de un grupito de atrevidos que se metieron en un juego del que desconocían las reglas.
La semana pasada dábamos cuenta del requerimiento con el que la agente fiscal Betina J. S. de Lacki, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de La Plata, pedía la detención de seis personas por asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos agravado. Hoy en la causa ya hay tres detenidos, un hábeas corpus rechazado y una fiscal que empezó a hacerse la pregunta correcta, que es: ¿en manos de quién terminaba la plata?
La causa y la polémica
El pasado 12 de agosto, el juez de Garantías N.º 6 de La Plata, Agustín Crispo, firmó una orden detención contra Albertina Mangini, después de analizar el pedido de la fiscalía y de haberle rechazado, previamente, una eximición de prisión. Se trata de la funcionaria del Patronato de Liberados acusada de ser quien «reclutaba» a personas vulnerables para que, a cambio de un pago de $80.000 accedieran a que les abran cuentas a su nombre. La fiscal había solicitado que los allanamientos y las detenciones se ejecutaran de manera simultánea, para que ninguno de los investigados pudiera avisar a los demás, fugarse, esconder documentación o hacer desaparecer dispositivos. Crispo aceptó ese criterio y fijó los procedimientos para el día siguiente. El 13 de agosto la Policía Federal llegó al domicilio de Mangini y lo allanó.
La defensa, a cargo del abogado Guillermo Espinosa Viale, presentó un hábeas corpus con un argumento puntual: cuando los policías se presentaron en la casa, en el expediente electrónico no había una resolución accesible que permitiera saber quién había ordenado la detención, cuándo y con qué fundamentos. Los jueces María Silvia Oyhamburu, Sofía Rezzónico Bernard y Raúl Dalto rechazaron el planteo argumentando que una cosa es que la defensa no haya podido visualizar la orden en el sistema y otra, bastante distinta, es que la orden no existiera. Lo primero, admitieron, sí podría comprometer la legalidad de una privación de libertad; lo segundo, no convierte en inexistente un acto judicial que efectivamente se dictó. También descartaron el reclamo de que Mangini debía haber sido avisada de antemano sobre el momento de su detención: para el tribunal, la reserva era necesaria.
Mangini es abogada, secretaria de la Fiscalía General Departamental —es decir, del Ministerio Público Fiscal que conduce Julio Conte Grand— y cumplía funciones en la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados, un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Martín Mena, y que preside Aníbal Hnatiuk. Estaba ahí por disposición de la Fiscalía de Cámaras. Es decir: cobraba de un poder del Estado y trabajaba adentro de una dependencia de otro.
De ahí surge la patética polémica que se dio alrededor de este caso: el 18 de agosto, Clarín publicó la primicia de la detención bajo un título que hablaba de una «funcionaria de Kicillof». Al día siguiente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires salió a responder desde su cuenta de X: «En el día de ayer, nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una «funcionaria de Kicillof». La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia». Y siguió: «Pese a la desmentida realizada, eligieron continuar titulando en tapa del diario de hoy de manera ambigua para sostener la mentira. Se nota mucho, Clarín».
La respuesta del medio fue editar la frase «una funcionaria de Kicillof» por «una funcionaria bonaerense», aunque la dirección web del artículo todavía conserva el rastro de la versión original.
Los de acá
Mientras tanto, la cadena de corte y pegue se ocupó en la semana de poner bien en el foco de la atención de los marplatenses la figura de Mauro Perrotta, responsable de la cadena Red Line Gym, quien quedó detenido y también optó por no declarar. Los allanamientos alcanzaron tres gimnasios de la ciudad —en Constitución, Nueva Pompeya y Peralta Ramos Oeste— además de domicilios particulares, y la causa tuvo procedimientos en La Plata, Quilmes, Córdoba y Mar del Plata. Los escribas que rara vez dan en La Tecla hasta llegaron a asegurar que Perrotta mantendría una relación sentimental con Florencia Miconi. Que alguien les avise que le están ladrando al árbol equivocado.
Para la fiscalía, Perrotta es el centro neurálgico de la maniobra: es el que administraba las cajas recaudadoras, operaba los teléfonos, controlaba los accesos y ejecutaba las transferencias hacia el nivel financiero. Bajo su supervisión habrían trabajado varias intermediarias que en el expediente aparecen identificadas con nombres de fantasía —Valentina, Kiara, Lucrecia, Luciana— encargadas de llevar a las víctimas hasta un bar de la zona de Tribunales de La Plata, fotografiarles la documentación y escanearles el rostro. Las cuentas resultantes quedaban atadas a un correo electrónico y a teléfonos registrados a nombre de Perrotta. Sin embargo, para los marplatenses que lo conocen, toda la causa hace demasiado ruido, ya que Perrota nunca se mostró como alguien con el perfil necesario para estar a cargo de una operación de este tipo. En estos días trascendió que el prestigioso abogado Germán Corti se hará cargo de su defensa.
Siempre según la investigación, en el extremo financiero está Ignacio Leonel Marchioni, detenido en Quilmes, quien sí declaró y sostuvo que su actividad es el corretaje y las inversiones. El informe policial que cita la fiscalía consigna que entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023 registró ochocientas cuarenta y nueve operaciones externas exitosas con terceros, correspondientes a quinientos sesenta y nueve CUIT distintos, y que una plataforma de pagos terminó bloqueándole la operatoria por su correlación con la causa Sur Finanzas, la financiera vinculada al entorno de la AFA cuyo dueño, Maximiliano Vallejo, tenía trato con Claudio Tapia. Marchioni ya estaba imputado en aquel expediente y cerró su cuenta en Sur Finanzas después de un reporte de operación sospechosa. Durante los procedimientos se secuestraron millones de pesos en efectivo y un BMW.
Los otros tres imputados siguen en libertad. Crispo entendió que por ahora no hay pruebas suficientes para detener a Juan Ignacio Campoli Sillero, Cristian Alejandro Scigliano y ni a Catriel Taubenschlag, quien negó por comunicado haber cometido delito alguno y sostuvo que su actividad se limita al arbitraje en la compra y venta de criptomonedas.
Lacki, mientras tanto, dispuso nuevas medidas para responder las dos preguntas que le faltan: de quién recibía órdenes Mangini, y quién era el destinatario final de los más de veintisiete mil millones de pesos. Su hipótesis es que ninguno de los seis imputados tenía el dominio absoluto de la maniobra, que cada uno controlaba su propio aporte y que el circuito funcionaba justamente porque cada eslabón cumplía. Analiza pedirle a Crispo que convierta las detenciones en prisión preventiva y le solicitó colaboración al titular de la Unidad de Información Financiera, Matías Alvarez, que hasta el momento no contestó. Sostiene, además, lo que se cae de maduro: que una estructura con esa capacidad instalada podía prestarle servicios de lavado a otros generadores de dinero ilícito todavía no identificados.
El tiempo y la pericia de los funcionarios judiciales terminarán decidiendo si de esta historia finalmente se termina conociendo toda la verdad, o sólo quedan presos por un tiempo un par de perejiles. Lo que por ahora se vislumbra, es que un grupo de atrevidos no entendió que, en Argentina, y en especial en la provincia de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con el juego está inextricablemente entrelazado con la política y que, sin la cobertura adecuada, ninguna de estas aventuras dura demasiado.
Si no, pregúntenle a Insaurralde quien —además de sobre yates, compañeras de alto perfil, y fajos de dólares termosellados— de juego sabe, y un montón.