Mientras las terminales santafesinas recibieron casi 11.500 unidades en una jornada fluida, en el sur bonaerense la medida de fuerza de URGARA mantiene a más de 400 camiones varados. La Cámara de Puertos Privados denunció el incumplimiento de la conciliación obligatoria.
La logística del comercio exterior argentino exhibe este miércoles dos postales contrapuestas en sus principales corredores agroexportadores.
Por un lado, el motor productivo del cordón industrial del Gran Rosario muestra un dinamismo pleno, con miles de chasis avanzando hacia las balanzas.
Por el otro, el nodo marítimo de Bahía Blanca atraviesa horas críticas debido a un conflicto gremial que mantiene frenados cientos de transportes a la espera de descargar granos.
En el norte santafesino, la actividad en las rutas y accesos a las terminales se mantiene ágil y constante.
Se registró una masiva afluencia de 11.473 camiones cerealeros distribuidos estratégicamente en las distintas dependencias del complejo agroindustrial.
La terminal de Puerto General San Martín encabezó la recepción con un total de 4198 unidades contabilizadas en la jornada, seguida muy de cerca por San Lorenzo con 3973 camiones y la localidad de Timbúes, que absorbió 3302 vehículos cargados con materia prima.
Esta fluidez operativa que garantiza la llegada constante de materia prima a las terminales del Paraná contrasta de manera directa con lo que sucede sobre la costa atlántica bonaerense.
Freno portuario
La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) presentó una denuncia formal ante la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, solicitando la intervención inmediata de la autoridad laboral y la aplicación de sanciones contra la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA).
La entidad empresarial acusa al sindicato de violar los términos de la Conciliación Obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación a través de la Disposición DI-2026-1035-APN-DNRYRT#MCH.
La tensión en las instalaciones bahienses comenzó a manifestarse mediante medidas de fuerza encubiertas.
Según comunicaron los propios delegados gremiales a las empresas, los trabajadores tomaron la determinación de negarse a realizar horas extraordinarias y de bloquear el reemplazo o la adscripción momentánea de personal entre los diferentes sectores de trabajo.
Aunque la prestación de horas extra tiene carácter opcional según la legislación laboral general, la agroexportación opera bajo un esquema continuo de 24 horas los 365 días del año (enmarcado en el artículo 24 del Convenio Colectivo de Trabajo 639/2011).
Esta modalidad operativa resulta indispensable para sostener el ritmo de recepción, evitar cuellos de botella y cumplir con los plazos de carga de las embarcaciones.
Al cortarse esa dinámica y suspenderse la cobertura de vacantes, el circuito logístico interno quedó totalmente desarticulado.
El impacto de este freno ya se siente con fuerza en las rutas de acceso a Bahía Blanca, donde más de 400 camiones permanecen varados a los costados de la calzada o en las inmediaciones del puerto, sufriendo severas demoras.
La parálisis no solo perjudica de forma directa a los choferes y al transporte de cargas por carretera, sino que también compromete la operatoria agroindustrial y el cumplimiento de las metas de exportación en un momento estratégico para el ingreso de divisas al país.
Desde la CPPC remarcaron que el desacatamiento de la paz social se produce luego de haber presentado una propuesta salarial que supera las proyecciones inflacionarias oficiales.
En la mesa de negociación formal previa a la conciliación, las empresas ofrecieron una pauta de incremento económico del 31,99% para el período enero-diciembre de 2026, cifra que se ubica por encima del 30,20% proyectado por el Gobierno Nacional.
Adicionalmente, el ofrecimiento incluyó una suma extraordinaria de $359.095 para la tercera categoría (proporcional para las restantes) a cancelarse en dos cuotas consecutivas a partir de agosto.
Pese a ese esquema de recomposición del poder adquisitivo, la representación sindical optó por desatender la intimación oficial.
Mientras las rutas del Gran Rosario sostienen el pulso del comercio exterior alimentario, el sur bonaerense espera una resolución urgente de las autoridades para destrabar los ingresos y recuperar la normalidad en el puerto.