El abogado, uno de los impulsores de la reforma del régimen penal juvenil, destacó la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y explicó los principales cambios de la nueva normativa. También cuestionó el funcionamiento de la Justicia bonaerense, reclamó mayor protagonismo de las víctimas y remarcó la responsabilidad civil de las familias por los daños provocados por menores.
La nueva ley de responsabilidad penal juvenil comenzó a regir con uno de sus cambios más importantes: la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de los 16 a los 14 años. El abogado Fernando Soto, uno de los profesionales que trabajó en la reforma, explicó que, más allá de esa modificación, el nuevo régimen incorpora distintas herramientas para abordar los delitos cometidos por adolescentes y evitar que la única respuesta sea la prisión o la ausencia de sanción.
Soto recordó casos como el ocurrido en Rosario en 2024, cuando un adolescente de 15 años fue señalado como autor material de asesinatos vinculados al narcotráfico. Cuestionó que, bajo el régimen anterior, frente a situaciones de ese tipo el juez pudiera disponer que el menor regresara a su casa. “Como si tener 15 años implicara no saber que matar y robar está mal”, sostuvo, y remarcó que la nueva normativa alcanza una franja etaria en la que también se registran delitos graves y violentos.
Uno de los principales cambios, según explicó, es la incorporación de penas alternativas. La prisión ya no necesariamente será la primera respuesta para todos los casos y podrán establecerse restricciones para frecuentar determinados lugares, acercarse a determinadas personas o desplazarse por ciertos ámbitos. Además, los adolescentes deberán completar sus estudios secundarios como parte de las obligaciones que contempla el nuevo sistema.
“Un menor va a tener que responder como mayor, pero va a tener una contemplación distinta, porque es un menor y puede recuperarse”, explicó Soto. En ese sentido, sostuvo que la sanción debe existir, pero también debe contemplar que muchos adolescentes pueden ser recuperados mediante un proceso adecuado. A la vez, planteó que los jóvenes detenidos deben ser diferenciados según sus antecedentes y la gravedad de los delitos cometidos, evitando mezclar a quienes recién comienzan a delinquir con aquellos que ya acumulan hechos violentos.
Otro de los puntos que destacó fue la mayor participación de las víctimas en el proceso penal. “La víctima es el principal eje de la justicia penal”, afirmó Soto, quien señaló que debe ser escuchada antes de que los jueces adopten decisiones vinculadas con una sentencia, una libertad o la aplicación de una pena alternativa. Para el abogado, se trata de una modificación central frente a un sistema en el que muchas veces quienes sufrieron el delito quedan relegados.
En ese contexto, Soto apuntó especialmente contra el funcionamiento de la Justicia bonaerense. “La provincia de Buenos Aires tiene el 80% de todos los delitos del país”, afirmó, y cuestionó que sea, según su mirada, uno de los distritos que menos ha aplicado las reformas impulsadas a nivel nacional para fortalecer la protección de las víctimas.
El abogado sostuvo que existe una responsabilidad de los distintos actores del sistema para que las leyes se cumplan y cuestionó particularmente determinadas decisiones judiciales. “Los jueces matan con las lapiceras”, afirmó, retomando una expresión de Diana Cohen Agrest, titular de Usina de Justicia, para graficar el impacto que pueden tener las decisiones de los magistrados sobre las víctimas y la seguridad de la sociedad.
Soto también destacó una modificación vinculada con la responsabilidad civil de las familias. Según explicó, los padres deberán responder económicamente por los daños provocados por sus hijos cuando estos cometan delitos. Consideró que las víctimas deben exigir la aplicación de esta herramienta y reclamó que los tribunales dispongan embargos e inhibiciones para garantizar que, aun cuando actualmente no existan bienes, los responsables no puedan evitar indefinidamente el resarcimiento.
“Van a tener que responder civilmente”, sostuvo, y cuestionó la idea de que frente a un menor que delinque la única reacción sea considerar que se trata de un “pobrecito”. En su opinión, cuando las familias conocen las conductas delictivas de sus hijos también deben asumir las consecuencias correspondientes.
Finalmente, Soto vinculó la discusión sobre la nueva ley con un problema cultural más amplio y cuestionó la naturalización de la delincuencia entre determinados sectores. Recordó casos de jóvenes que incluso exhiben en redes sociales los objetos obtenidos durante robos como si fueran un logro. “Lo lucen, es una cucarda robar, matar incluso a una ancianita”, afirmó, y advirtió que uno de los principales desafíos será recuperar valores vinculados con la educación, el trabajo y el respeto por las normas.