El abogado José Magioncalda explicó la presentación judicial contra empresas de la flota gallega que operan desde Vigo y las Islas Malvinas. Sostuvo que utilizan licencias otorgadas por la administración británica del archipiélago para extraer mercadería del mar argentino sin pasar por la Aduana y reclamó investigar también la actuación de los gobiernos durante los últimos años.
El abogado José Magioncalda explicó en la 99.9 los fundamentos de una denuncia penal vinculada con la actividad de empresas españolas de la flota gallega que pescan en aguas argentinas bajo licencias otorgadas por la administración británica de las Islas Malvinas. Según planteó, la presentación busca encontrar una tipificación penal para una situación que, hasta el momento, no cuenta con una figura específica en la legislación argentina.
“Lo que hemos trabajado nosotros es tratar de encontrar alguna tipificación penal que abarcara este tipo de situaciones, dado que no hay una norma específica para esta situación en particular”, explicó. En ese sentido, señaló que la denuncia se sustenta en que se retira mercadería del territorio argentino “porque ese mar es el mar argentino” y que esos productos no pasan por la Aduana nacional.
Para Magioncalda, la utilización de una licencia de pesca emitida por una autoridad británica en las Islas Malvinas constituye un elemento central. “Es una licencia de pesca otorgada por una autoridad usurpadora”, afirmó, y sostuvo que, bajo ese mecanismo, podría configurarse un delito de contrabando. “Entendimos que en ese contexto podríamos estar ante un delito de contrabando y así lo denunciamos”, precisó.
El abogado también remarcó que la presentación pretende determinar cuál fue la conducta de los distintos gobiernos argentinos frente a esta situación durante los últimos años. “Nosotros estamos pidiendo que se investigue cuál fue la actitud de los gobiernos durante los últimos años, si esto se persiguió o no de alguna manera”, indicó.
Magioncalda reconoció que la interpretación jurídica puede ser discutible y que será la Justicia la que deberá determinar si comparte el criterio planteado en la denuncia. Sin embargo, consideró que incluso un eventual rechazo de la postura podría generar un antecedente relevante para el Congreso. “Si no fuera así, creo que ese precedente va a ser muy importante para el Poder Legislativo”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que existe la posibilidad de avanzar con una legislación específica que contemple sanciones penales para este tipo de actividades. “Espero que quieran introducir algún tipo de sanción penal, además de las administrativas, para que tipifiquen esto como un delito especial, no sólo contra las potestades aduaneras de nuestro país, sino también contra la soberanía”, afirmó.
El abogado también se refirió a la posibilidad de que el Estado argentino reclame por los eventuales daños provocados por estas operaciones. Ante el planteo sobre el perjuicio que podría generar una flota que no está sometida a los mismos controles que los barcos que operan bajo jurisdicción argentina, Magioncalda señaló que la presentación de un reclamo por daños corresponde al Estado.
“Nosotros obviamente no tenemos legitimación para eso, porque no somos el Estado, pero el Estado argentino se podría presentar en esta causa o en cualquier otra similar”, explicó. En ese marco, sostuvo que el Estado no sólo podría constituirse como querellante, sino también reclamar una reparación económica por el perjuicio ocasionado al patrimonio nacional.
La denuncia pone así el foco en una actividad que vincula a empresas españolas con operaciones pesqueras en aguas bajo jurisdicción argentina y con licencias otorgadas por la administración británica de las Islas Malvinas. Para Magioncalda, el objetivo es que la Justicia determine si esa operatoria puede encuadrarse penalmente como contrabando y, al mismo tiempo, abrir un debate legislativo sobre la protección de las potestades aduaneras y de la soberanía argentina.