El abogado Jorge Vitale cuestionó duramente el fallo por el caso Sueños Compartidos y sostuvo que la investigación dejó afuera a empresarios, intendentes y gobernadores que, según su análisis, tuvieron participación en el manejo de los fondos. “Acá lo que estamos demostrando es cómo hay una protección muy especial para los funcionarios”, afirmó.
El abogado Jorge Vitale calificó como “una verdadera vergüenza” el fallo en la causa Sueños Compartidos y cuestionó especialmente la actuación del Tribunal Oral Federal N°5. En diálogo con la 99.9, recordó que la investigación comenzó a partir de una denuncia que presentó en mayo de 2011 y sostuvo que desde el inicio hubo maniobras destinadas a limitar el alcance de la causa.
“Esta causa empezó muy mal”, afirmó Vitale, quien cuestionó que durante años se haya intentado circunscribir la responsabilidad a Sergio y Pablo Schoklender y a algunos empresarios. Según explicó, su planteo siempre fue que el caso debía analizarse como un entramado mucho más amplio, con participación de distintos actores políticos y económicos.
Uno de los puntos centrales de su crítica fue el monto de dinero involucrado. “No fueron 200 millones de pesos, que es lo que se está investigando, fueron 1.200 millones de pesos”, señaló. Vitale explicó que primero se entregaron cerca de 800 millones y luego otros 450 millones destinados al pago de indemnizaciones, por lo que, según su reconstrucción, el Estado terminó desembolsando alrededor de 1.200 millones de pesos.
El abogado también cuestionó el destino de los fondos y la calidad de las viviendas construidas a través del programa. “La famosa Meldorek es la empresa con la cual iba a construir ese tipo de viviendas que eran de plástico de tergopol, que no resistieron al análisis de las pocas que se hicieron”, sostuvo. Afirmó que, de acuerdo con su información, “de cada cinco se hizo una” y que esas construcciones tampoco habrían logrado mantenerse en el tiempo.
Vitale consideró que la investigación tampoco profundizó suficientemente sobre el rol que tuvieron funcionarios y autoridades locales. “Los gobernadores que fueron a declarar y los intendentes que fueron a declarar reconocían que no se hicieron las viviendas”, afirmó. Para el abogado, el hecho de que distintos funcionarios hayan sido inicialmente investigados y posteriormente quedaran fuera de la causa constituye uno de los aspectos más cuestionables del proceso.
En particular, señaló que en algunos de los lugares donde se concentró el mayor volumen de fondos existían mecanismos de distribución y control que debían ser analizados. “Vos para construir necesitás planos, necesitás planeamiento urbano y necesitás control. Cada uno de los intendentes y gobernadores sabía si se estaban destinando los fondos a lo que se estaban destinando”, explicó.
Vitale también cuestionó la duración de la investigación. Recordó que el expediente tuvo una instrucción de alrededor de 15 años y sostuvo que no era necesario semejante período para determinar qué había sucedido con los fondos públicos. “¿Cuántas viviendas tenías que hacer? ¿Cuántas quedaron de pie? ¿Tanto se necesita para hacer eso? Bueno, pero no se quiso hacer igual”, planteó.
Sobre el futuro de la causa, el abogado puso sus expectativas en una eventual revisión en la Cámara de Casación. “Esperemos que ahora en Cámara pase algo”, expresó, al considerar que existen posibilidades de que una nueva instancia judicial tenga una mirada diferente sobre los hechos investigados.
En ese marco, dejó una de las frases más contundentes de su análisis sobre el resultado del proceso: “Hay que robar mucho para que la condena sea muy poca”. Para Vitale, el fallo demuestra la existencia de “una protección muy especial para los funcionarios” y marcó una diferencia entre el tratamiento que recibiría un ciudadano común y el que, a su entender, tuvieron los funcionarios involucrados.
El abogado también sostuvo que Sueños Compartidos no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un entramado mayor. “Los mismos personajes que intervienen en el caso Boudu, en la Ruta del Dinero K, son los mismos personajes”, afirmó, y mencionó además distintas empresas offshore y vínculos que, según su interpretación, deberían haber sido investigados con mayor profundidad.
Vitale insistió finalmente en que detrás del programa de viviendas existió una estructura política y económica que excedía ampliamente a los hermanos Schoklender. “No fue un nivel medio bajo, no fue una organización delictiva que tomó el gobierno para hacerse beneficencia”, sostuvo. Y concluyó que los fondos destinados a sectores vulnerables terminaron formando parte de una trama cuya dimensión, a su entender, todavía no fue completamente esclarecida.