El analista internacional Sebastián Maril advirtió sobre las consecuencias de no atender los fallos firmes contra la Argentina y señaló que los acreedores ya cuentan con herramientas para intentar embargar activos en el exterior. También cuestionó el costo de postergar las negociaciones y sostuvo que el incumplimiento de decisiones judiciales impacta sobre el riesgo país y la llegada de inversiones.
El analista internacional Sebastián Maril analizó en la 99.9 la situación de distintos juicios y arbitrajes que la Argentina perdió y que cuentan con sentencias firmes, a partir de la autorización otorgada por una jueza de Nueva York para que los beneficiarios de un fallo vinculado con Aerolíneas Argentinas puedan avanzar en la búsqueda de activos susceptibles de embargo.
“Argentina siempre patea la pelota y deja que estos casos finales e inapelables se compliquen”, sostuvo Maril. Según explicó, el fallo del CIADI por la expropiación de Aerolíneas Argentinas continúa sin ser atendido y los beneficiarios recurrieron a una corte neoyorquina para obtener autorización para cobrar mediante embargos. “La jueza lo autorizó, motivo por el cual, a partir del lunes pasado, en cualquier día, cualquier momento, podíamos esperar algún tipo de pedido de embargo”, afirmó.
Maril consideró que el Gobierno conoce la situación y mencionó que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una partida de 1.100 millones de dólares para afrontar determinados juicios. Sin embargo, advirtió que la demora puede incrementar el costo de las obligaciones. “Yo no creo que lleguemos a un punto en el cual se embargue, pero si continúan ignorando los llamados telefónicos, posiblemente los beneficiarios del fallo no sean pacientes y comiencen a embargar”, señaló.
El analista también puso como ejemplo el caso de los tenedores del cupón PBI y sostuvo que otros acreedores extranjeros están evaluando mecanismos similares para intentar cobrar sus sentencias. “Públicamente te están diciendo: ojo, nosotros también estamos buscando activos para embargar en Nueva York”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el problema no se limita a un único juicio y que existen distintas obligaciones judiciales que la Argentina deberá afrontar.
Para Maril, una de las alternativas posibles es sentarse a negociar con los acreedores y alcanzar acuerdos que permitan reducir el costo final de las sentencias. “Hoy mismo un fallo de, por ejemplo, cupón PBI, 2.000 millones de dólares, se sientan, negocian un descuento importante y cobran con bonos o con efectivos de bonos emitidos en el mercado internacional. Nunca, nunca jamás se paga una sentencia firme y final. Siempre se sienta a negociar”, explicó.
El problema, según planteó, es que el paso del tiempo juega en contra de las finanzas argentinas porque los intereses continúan acumulándose. “Cada día que pasa, el contador de los intereses sigue sumando dinero nuestro que no tenemos. El piso es 2.000, pero mañana es 2.005, pasado mañana es 2.010, la semana que viene 2.100. Entonces seguimos elevando el piso de negociación, cuando podríamos haberlo considerado como un techo hace dos años”, sostuvo.
Maril recordó que el fallo relacionado con el cupón PBI es definitivo desde 2023, mientras que el de Aerolíneas Argentinas lo es desde 2018. “Yo entiendo que tenemos otras prioridades, pero tarde o temprano estos problemas nos vuelven a pegar a todos nosotros en el bolsillo”, afirmó.
Otro de los puntos que destacó fue el impacto que tienen estos incumplimientos sobre la imagen de la Argentina frente a los inversores internacionales. “El FMI en sus últimos informes, los famosos staff reports, ya dijo que todo fallo final e inapelable es considerado deuda. Ya dejó de ser una contingencia legal a formar parte de la deuda externa argentina y los contabiliza como tal”, explicó.
En esa línea, relató que representantes del Gobierno argentino recibieron cuestionamientos durante una exposición del sector energético realizada en Londres. “Les preguntaron qué van a hacer con estos fallos, porque ustedes vienen acá a Europa a buscar inversiones y diciendo que somos un país confiable, cosa que lo somos, pero no estamos respetando las leyes de los países, las órdenes judiciales de los países a donde vamos a buscar esas inversiones”, contó.
Para Maril, esa contradicción termina teniendo consecuencias concretas. “Esa falta de acción habla más alto que las palabras que dice el presidente y los funcionarios cuando salen a buscar y decir que somos un país confiable, pero al mismo tiempo no estamos cumpliendo con los fallos de sus propias cortes”, sostuvo. Y agregó que, tarde o temprano, esa situación “vuelve como un boomerang y eso se refleja en riesgo país”.
Finalmente, el analista se refirió al caso Libra y cuestionó el tratamiento que recibió públicamente durante el último año. Tras el cierre del caso en una corte de Nueva York, sostuvo que las presentaciones no habían aportado elementos suficientes para sostener el proceso. “Cuando se cae el caso Libra, no es portada de diario. Motivo por el cual siempre tenemos que ver lo que leemos, lo que escuchamos. Tomémonos con dos pinzas, porque muchas veces hay una connotación política que tal vez no sea saludable”, concluyó.