El diputado provincial presentó un proyecto para regularizar el sistema de radares y fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Propone que el Ejecutivo adecue los dispositivos a la normativa vigente en un plazo de 90 días y que se anulen las multas emitidas por radares que no cumplan con los requisitos legales. Cuestionó la ubicación de los equipos, la tercerización del sistema y la falta de transparencia.
El diputado provincial Andrés De Leo impulsa un proyecto para regularizar el sistema de radares y fotomultas en la provincia de Buenos Aires, al considerar que numerosos dispositivos están ubicados con una finalidad recaudatoria y no de prevención de accidentes. En diálogo con la 99.9, sostuvo que el objetivo es ordenar el funcionamiento de los controles y garantizar que cumplan con las exigencias establecidas por la legislación de tránsito.
“Están ubicados en lugares para recaudar y no para prevenir accidentes, que es la finalidad por la cual tienen que estar los radares”, afirmó. Según explicó, la normativa exige que los dispositivos estén instalados en sitios adecuados, cuenten con tecnología apropiada y tengan las condiciones necesarias para garantizar la validez de las infracciones que registran.
De Leo señaló que uno de los problemas es la falta de señalización suficiente. De acuerdo con los requisitos que describió, los conductores deben ser advertidos de la presencia de los radares con anticipación y recibir indicaciones claras cuando existe una reducción de velocidad. Además, su proyecto busca que todos los equipos estén identificados en una página web de acceso público para que cualquier conductor pueda consultar dónde se encuentran.
“Me llevó una crítica que he recibido, diciendo: ‘Bueno, pero de esa forma la gente produce la velocidad’. Y sí, y es que para eso están, no están para otra cosa”, expresó. Para el legislador, informar la ubicación de los dispositivos permite que los conductores conozcan los controles y respeten las velocidades exigidas, en lugar de convertir los radares en mecanismos de sanción sorpresiva.
La iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo provincial tenga un plazo de 90 días para regularizar el sistema. También propone anular las fotomultas realizadas por dispositivos que no cumplan con las condiciones previstas en la ley. “Estamos pidiendo que se anulen todas aquellas fotomultas que se han realizado en radares que no estaban cumpliendo con las exigencias que establece la ley”, explicó.
Como antecedente, De Leo mencionó el caso de Río Negro, donde, según relató, se aprobó una iniciativa similar y se regularizó el sistema de radares en un plazo de 90 días. El diputado sostuvo que allí fueron anuladas 460.000 fotomultas y que, después de los cambios, disminuyó considerablemente la cantidad de infracciones sin que aumentaran los accidentes. Para De Leo, ese resultado permite cuestionar si los dispositivos anteriores estaban cumpliendo efectivamente una función preventiva.
Otro de los aspectos que puso en discusión es la tercerización de los controles. Según el legislador, la participación de empresas privadas en la gestión de las fotomultas puede generar incentivos para aumentar la cantidad de infracciones, ya que parte de los ingresos queda en manos de quienes administran el sistema.
“Hay un sistema medio extraño, yo me animo a decir oscuro si se quiere, en el cual este sistema está tercerizado, por lo cual evidentemente las empresas están muy interesadas en que haya multas, porque a partir de ahí recaudan”, afirmó. En ese sentido, reclamó que se revise cuánto dinero generan estos mecanismos, qué proporción corresponde al Estado y cuánto se destina a infraestructura y políticas de seguridad vial.
Para De Leo, la política de tránsito debe concentrarse en reducir los siniestros y sus consecuencias, con inversiones en infraestructura, capacitación y controles adecuados. Cuestionó el deterioro de las rutas y consideró insuficiente una estrategia centrada en cobrar la VTV y aplicar multas sin resolver los problemas que afectan la seguridad de quienes circulan.
El diputado también diferenció los radares que controlan el cumplimiento de la velocidad máxima de aquellos ubicados en sectores donde se exige una reducción. “La mayoría de los radares no están ubicados para la velocidad máxima, sino que están ubicados en lugares donde usted tiene que hacer reducción de velocidad. Y ahí es donde se produce la trampa”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó un dispositivo en la zona de la costa de Mar del Plata que, según dijo, había observado durante una visita reciente y cuya ubicación consideró inadecuada.
Al referirse a los conductores que acumulan multas durante meses sin obtener respuestas a sus descargos, De Leo cuestionó también que las infracciones queden asociadas al vehículo y no se dirijan necesariamente a quien cometió la falta. Sostuvo que el procedimiento administrativo debería ser más rápido y permitir que las personas puedan ejercer su defensa de manera efectiva.
“El sistema de multas que se implementa, en lugar de ir hacia la persona que labró la infracción, termina en el auto. Es un mecanismo de un Estado recaudador bobo, pero que molesta y pesa mucho”, expresó. Además, recomendó revisar los plazos de prescripción en los casos de multas antiguas y remarcó la importancia de contar con mecanismos claros para presentar descargos.
Finalmente, De Leo insistió en que la propuesta busca una revisión integral del sistema provincial y no la eliminación de los controles de velocidad. “Me parece que esta ley justamente lo que pide es un ordenamiento del sistema de radarización de la provincia de Buenos Aires”, afirmó. Y concluyó con una pregunta que resume el planteo de su iniciativa: “En la provincia de Río Negro lo pudieron hacer, ¿por qué no vamos a poder nosotros hacerlo en la provincia de Buenos Aires?”.