La directora del Círculo de Políticas Ambientales advirtió que la fiscalización a bordo de los buques pesqueros cayó un 25% en los últimos cinco años, mientras aumentaron los viajes de pesca. También reclamó transparencia sobre las empresas, los permisos y las cuotas, y explicó que impulsa un proyecto de ley para identificar a los beneficiarios finales de la actividad.
La directora del Círculo de Políticas Ambientales, Consuelo Bilbao, advirtió en la 99.9 sobre la falta de controles y transparencia en el sector pesquero argentino. A partir del relevamiento realizado en la investigación Sin azul no hay verde, señaló que la fiscalización a bordo disminuyó mientras aumentaban los viajes de pesca. “Un sector que está aumentando el ingreso de divisas está disminuyendo su control”, afirmó.
Bilbao explicó que la inspección física a bordo es actualmente la principal herramienta de control en la Argentina, a diferencia de otros países que cuentan con cámaras de monitoreo en los buques. “En los últimos años ha disminuido en un 25% ese control. Hoy han aumentado las mareas, los viajes de pesca, pero al tiempo que aumentan las mareas disminuye el control, porque están disminuyendo los inspectores que pueden hacer el control”, sostuvo.
La directora del Círculo de Políticas Ambientales remarcó que los inspectores deben controlar una cantidad de viajes muy superior a la de años anteriores y que tampoco se cumple plenamente con las exigencias para determinadas embarcaciones. “Hoy un inspector tiene el doble de mareas para controlar que hace cinco años atrás”, señaló. Además, recordó que la normativa establece que los buques de 33 metros de eslora o más deben contar con un inspector a bordo, pero indicó que los niveles de cumplimiento se ubican apenas entre el 50 y el 56%.
Las cifras que expuso sobre las principales pesquerías también reflejan la magnitud del problema. “El calamar el año pasado estuvo cerca del 9% de control, o sea que más de nueve buques salen sin control a pescar”, afirmó. En el caso del langostino, situó la fiscalización en torno al 20%, mientras que para la merluza indicó porcentajes cercanos al 30%, dependiendo del año.
“Cuando hablamos de la pesca, hablamos de un bien de dominio público, que es un bien que es de todos los argentinos”, recordó Bilbao. En ese sentido, reclamó que la expansión comercial de la actividad esté acompañada por controles efectivos y acceso a la información. “Está bienvenido que la pesca se abra al mundo, que se le dé visibilidad, pero también nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil estamos pidiendo que esa competitividad esté acompañada por la transparencia pesquera y por un mejor monitoreo de un recurso que es de todos los argentinos”, sostuvo.
Otro de los ejes de su planteo es la falta de información pública accesible sobre quiénes operan en el sector y cómo se distribuyen los permisos y las cuotas de pesca. “A diferencia de todos los países de la región, como Chile, Perú, Ecuador, Brasil o Uruguay, nosotros como ciudadanos no tenemos acceso a la información de cómo se distribuyen los derechos de pesca, las autorizaciones o las cuotas”, cuestionó. Y agregó que los datos aparecen dispersos en resoluciones y actuaciones administrativas, en lugar de estar disponibles de manera clara y centralizada.
Bilbao también se refirió a empresas que, según explicó, mantienen vínculos con buques señalados por realizar actividades de pesca ilegal o ingresar sin autorización en la zona económica exclusiva argentina. Recordó que el artículo 27 bis del Régimen Federal Pesquero establece restricciones para los vínculos económicos o societarios entre empresas con permisos en el país y otras que operan sin autorización, y que el artículo 28 prevé la caducidad de permisos ante determinados incumplimientos.
Para avanzar sobre estas situaciones, el Círculo de Políticas Ambientales impulsa un proyecto de ley en el Congreso que busca transparentar la titularidad de las empresas y sus beneficiarios finales. “Lo que establece ese proyecto es justamente identificar a los beneficiarios finales y que tengamos información que hoy el Estado tiene, tiene el monopolio de esa información, de ese dato que es público”, explicó.
La iniciativa también apunta a conocer qué buques operan en aguas argentinas, quiénes son sus propietarios, qué permisos poseen y qué cuotas o autorizaciones tienen para acceder a los recursos. Para Bilbao, esa información resulta especialmente relevante cuando una misma estructura empresarial podría tener intereses en la zona económica exclusiva argentina y en áreas de conflicto vinculadas con Malvinas.
“Hay datos que tienen que estar publicados de manera oficial y tienen que estar institucionalizados, porque es un derecho de la ciudadanía, es un derecho de todos”, concluyó. Y reclamó que las autoridades cumplan con su obligación de informar quiénes están explotando los recursos pesqueros argentinos.