El diputado provincial impulsa un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez Alejandro López, cuestionado por liberar a dirigentes de Camioneros investigados por un conflicto empresarial en la zona de San Pedro. Mateucci advirtió sobre las consecuencias de las decisiones judiciales y denunció prácticas extorsivas del gremio que conduce Hugo Moyano.
El diputado provincial Ignacio Mateucci impulsa un pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez Alejandro López, a quien cuestiona por haber liberado a dirigentes de Camioneros involucrados en un conflicto empresarial en la zona de San Pedro. En diálogo con la 99.9, sostuvo que la presentación busca que se investigue el desempeño del magistrado y reclamó que los integrantes del Poder Judicial también rindan cuentas por sus decisiones.
“Nosotros respetamos, por supuesto, la independencia de los jueces, pero tampoco son dioses que tienen la verdad revelada y ellos se tienen que someter a un control como nos sometemos todos”, afirmó. Y agregó: “Vos como periodista tenés que rendir cuentas, nosotros como diputados tenemos que rendir cuentas, el intendente tiene que rendir cuentas. Entonces los jueces tienen que hacerse cargo”.
Mateucci recordó que San Nicolás ya había atravesado conflictos con el gremio de Camioneros y mencionó un antecedente en el que, según relató, se intentó impedir el ingreso de alimentos y medicamentos a la ciudad. En el caso más reciente, sostuvo que los dirigentes sindicales buscaban bloquear la entrada y salida de mercadería de una empresa y cuestionó que el juez López no encontrara pruebas suficientes, pese a los elementos que, según indicó, había presentado la Fiscalía.
“Cuando la Fiscalía pide 15 o 16 años, el juez entiende, con un concepto garantista y por algún lado político, que no hay ninguna prueba y los libera”, cuestionó. Para el legislador, este tipo de decisiones puede generar consecuencias sobre la seguridad y sobre el funcionamiento de las empresas.
El diputado también apuntó contra lo que considera una reiteración de decisiones judiciales que favorecen a personas con antecedentes penales. “Hace un tiempo atrás hubo un homicidio aquí en la ciudad y la persona que lo cometió ya tenía nueve ingresos por causas penales. Entonces, ¿cómo puede ser que un juez permita eso?”, planteó. Y remarcó: “Yo te puedo entender hasta la primera vez si fue un delito menor, pero no puede ser que tengan nueve ingresos”.
Mateucci señaló que ya había impulsado una presentación contra otra magistrada, la jueza Pascual, por la liberación de menores investigados por un delito, y anticipó que seguirá de cerca el proceso contra López. “No es que ellos tienen una libertad absoluta en la interpretación de las leyes. Las leyes las hacen los legisladores y los jueces lo único que tienen que hacer es hacerlas cumplir”, sostuvo.
En relación con Camioneros, denunció que el gremio recurre a presiones para conseguir la incorporación de trabajadores bajo su encuadramiento sindical, incluso en empresas cuya actividad corresponde a otros sectores. “Es obvio que van a seguir haciéndolo y lo van a hacer más fuerte porque tienen impunidad absoluta”, afirmó. Y describió el mecanismo que, según su denuncia, se repite en distintos rubros: “Si es del gremio de Comercio, igualmente tenés que tomarle dos empleados de Camioneros porque, si no, te paran el negocio”.
El legislador reconoció que el pedido de jury recién comienza y que su avance dependerá del respaldo que consiga en la Cámara de Diputados bonaerense. Según indicó, la Cámara Empresarial acompañará el reclamo y buscará que los legisladores analicen la presentación. Mateucci cuestionó que el oficialismo pueda intentar frenar el trámite por sus vínculos políticos con el sindicalismo, aunque aseguró que seguirá impulsándolo.
“Nosotros lo vamos a impulsar, como lo hicimos con la anterior jueza”, afirmó. También señaló que la empresa damnificada recurrirá la decisión judicial y manifestó su expectativa de que la Corte intervenga dentro de sus atribuciones. El objetivo, sostuvo, es que se investigue el desempeño del magistrado y que las decisiones judiciales estén sujetas a los mismos mecanismos de responsabilidad que rigen para otros funcionarios públicos.