El fiscal describió una investigación sobre una organización criminal que operaba desde cárceles bonaerenses y coordinaba estafas telefónicas y robos domiciliarios. Cuestionó que los presos sigan teniendo acceso a celulares y advirtió que el Estado destina recursos a investigar delitos que podrían prevenirse con la prohibición de esos dispositivos.
El fiscal Mariano Moyano reveló detalles de una investigación que permitió detectar una organización criminal que operaba desde unidades penitenciarias bonaerenses y coordinaba maniobras de estafa y robos en distintos puntos del país. “En este período de tres meses estamos hablando de más de 10 mil llamados que se hicieron a todos los puntos del país”, señaló durante una entrevista en la 99.9, en la que volvió a cuestionar el uso de teléfonos celulares por parte de personas detenidas.
La investigación comenzó a principios de julio, a partir del robo sufrido por una mujer de 80 años en Mar del Plata. Según relató Moyano, la víctima recibió un llamado de una persona que se hizo pasar por comisario y le aseguró que su hijo estaba detenido por haber atropellado a una mujer embarazada. Para recuperar su libertad, le exigieron 16 millones de pesos. Durante la comunicación, otro sujeto simuló ser el hijo de la mujer y le pidió entre llantos que entregara el dinero, mientras un tercer individuo se presentó como fiscal y anunció que enviaría a un representante a retirar la suma.
“De manera coordinada se hicieron presentes al menos cinco sujetos en el domicilio de la señora”, explicó el fiscal. Cuatro de ellos ingresaron a la vivienda cuando una vecina se acercó al lugar y sustrajeron dinero, elementos de valor y un teléfono celular antes de escapar. A partir de ese episodio y de la detección de maniobras similares, la fiscalía comenzó a solicitar información a las empresas telefónicas para reconstruir las comunicaciones.
“En un primer listado, que abarcó un poco más de un mes, desde un mismo número de abonado se hicieron 5.400 llamados. Todos los llamados provenían de la unidad carcelaria de Olmos, cambiando el número de abonado en las líneas telefónicas”, detalló Moyano. Un segundo relevamiento, correspondiente a un período similar, permitió identificar más de 5.000 comunicaciones adicionales, dirigidas no solamente a Mar del Plata, sino también a otras ciudades bonaerenses y localidades de todo el país.
La investigación derivó en procedimientos en distintas unidades penitenciarias, entre ellas las unidades 44 y 15, donde se secuestraron teléfonos celulares. El fiscal también solicitó la detención de un hombre alojado en Olmos, quien registra una condena no firme de 30 años de prisión por delitos graves. “Entiendo yo que es uno de los jefes de esta asociación ilícita, que está operando y hacía llamadas y coordinando con estas células para que irrumpan en las casas de las víctimas”, afirmó.
Moyano explicó que ahora la investigación debe avanzar sobre el destino del dinero y la identificación de todos los participantes. “La investigación inicia una nueva etapa a partir de los aparatos de telefonía celular, para ver si podemos efectuar una trazabilidad de todas estas maniobras. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Dónde fue? ¿En beneficio de quién fue?”, planteó. Advirtió que reconstruir las operaciones demandará tiempo y recursos, debido a la cantidad de comunicaciones y a la extensión territorial de las maniobras.
En ese contexto, el fiscal volvió a cuestionar que los internos tengan permitido utilizar teléfonos celulares, una medida excepcional que se implementó durante la pandemia. “Esto fue otorgado de manera excepcional en la pandemia, hace más de seis años que finalizó la pandemia y seguimos asistiendo a la comisión de delitos de coacciones, defraudaciones, extorsiones, robos y estafas”, sostuvo.
Para Moyano, la solución requiere una decisión de las autoridades competentes. “Esto se soluciona con una resolución que establezca la prohibición del uso de estos aparatos de telefonía celular. No le encuentro mayor complejidad a lo que estoy diciendo”, afirmó. Y cuestionó la contradicción entre permitir el acceso a esos dispositivos y luego movilizar recursos policiales y judiciales para investigar los delitos cometidos a través de ellos.