El CEO de Lisicki, Litvin y Asociados analizó los anuncios del Gobierno nacional para aliviar la situación fiscal de las pequeñas y medianas empresas. Destacó la suspensión de embargos hasta junio de 2027, la ampliación de los planes de pago y la posibilidad de compensar saldos a favor. También reclamó una reforma tributaria integral y cuestionó los impuestos de Sellos e Ingresos Brutos.
César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin y Asociados, consideró que las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, representan un alivio para las pequeñas y medianas empresas que atraviesan dificultades financieras. En diálogo con la 99.9, destacó especialmente la suspensión de los embargos fiscales hasta junio de 2027, una disposición que ya fue publicada en el Boletín Oficial. “Las pymes normalmente en esta coyuntura no la están pasando bien. Esta medida les va a dar un respiro”, afirmó.
El especialista explicó que las empresas que no pueden cumplir en término con sus obligaciones tributarias quedan atrapadas en una situación que se agrava con el paso del tiempo. “Si no pudieron pagar en término el impuesto, después se les va formando una bola de nieve y, con una ejecución fiscal y un embargo, lo que va a pasar es que nunca más van a poder pagar”, advirtió. Por eso, consideró que la suspensión de esas medidas de ejecución permitirá que las firmas con deudas fiscales puedan sostener su actividad sin sumar nuevas dificultades.
La segunda disposición destacada por Litvin es la extensión del plan de facilidades de pago de ARCA. Mientras que inicialmente se podían incluir obligaciones vencidas hasta junio, ahora el plazo se amplió hasta el 31 de octubre, con la posibilidad de cancelar las deudas en 18 cuotas. “Aquellos que no pudieron pagar obligaciones con ARCA las van a poder pagar en 18 cuotas. Estas dos medidas, de alguna manera, les quitan presión a las pymes para poder seguir respirando sin la asfixia del Estado y de las obligaciones fiscales que tienen que pagar rutinariamente”, sostuvo.
También valoró la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas con saldos a favor por exportaciones puedan utilizarlos para cancelar obligaciones aduaneras. “Si tienen un saldo a favor con el fisco, significa que son acreedores del fisco, y si son acreedores deberían poder compensar. Esta medida permite esa compensación, así que me parece que va en el buen sentido”, señaló.
Otro de los anuncios que destacó fue la invitación a las provincias para derogar el impuesto de Sellos, una iniciativa que calificó como una señal positiva. “Es un impuesto totalmente arcaico, de la Edad Media”, expresó. Recordó que ese tributo alcanza operaciones como escrituras de compraventa de inmuebles, transferencias de automotores y contratos, y cuestionó su vigencia en una economía digital. “Un impuesto que viene de tantas décadas anteriores no debería existir. Además, molesta más de lo que recauda”, afirmó.
Litvin consideró relevante que el Gobierno nacional se comprometa a compartir con las provincias la pérdida de ingresos que implicaría esa derogación. Sin embargo, advirtió que el desafío tributario más importante todavía está pendiente y debería abordarse después de las elecciones. “La gran asignatura pendiente es la reforma tributaria integral, donde habrá que hacer un acuerdo de coordinación entre provincias, municipios y la Nación”, planteó.
En ese marco, apuntó especialmente contra Ingresos Brutos, al que definió como el peor de los impuestos. “Las provincias vienen cobrando en exceso y por anticipado, y eso les quita capital de trabajo a las empresas en un momento en el que se les está exigiendo competitividad”, explicó. Y agregó: “Si parte de su capital de trabajo lo tienen las provincias con un impuesto tan malo, que además se recauda anticipadamente y en exceso, esa es la gran asignatura”.
Durante la entrevista también coincidió con la necesidad de revisar las facultades que tiene el organismo recaudador para disponer embargos con escasa intervención judicial. Litvin recordó que hace aproximadamente veinte años se modificó el procedimiento y se le otorgó al fisco la posibilidad de acelerar esas medidas. “Esto se hace casi automáticamente. Me parece que hay que volver al origen, donde el juez tiene que impulsar y autorizar el embargo y no sea el funcionario del fisco”, sostuvo.
Para el tributarista, esa modificación podría formar parte de futuras reformas a la ley de procedimiento tributario. Finalmente, al volver sobre el impuesto de Sellos, insistió en que su impacto recaudatorio es reducido frente a las dificultades que genera para las operaciones económicas. “Es muy poca la recaudación que significa y molesta mucho más en las escrituras de compraventa de inmuebles, las transferencias de autos y los contratos. Es un impuesto que no debería existir ya hace muchos años en Argentina”, concluyó.