El abogado explicó el proyecto de ley que impulsa para que los delitos de abuso sexual infantil sean imprescriptibles y para que ninguna causa prescriba mientras el imputado esté prófugo. Cuestionó el criterio vigente, anticipó la oposición del kirchnerismo y la izquierda, y criticó a jueces y fiscales por priorizar al imputado por sobre la víctima.
El abogado Fernando Soto detalló en la 99.9 el proyecto que busca modificar el régimen de prescripción del Código Penal. “En nuestra legislación, a diferencia de lo que pasa en Europa y en muchos países del mundo, el tiempo no beneficia a la víctima sino que beneficia al delincuente”, afirmó. Como ejemplo, recordó el caso de una niña de 9 años abusada durante años por su padrastro, que se fugó, estuvo 14 años con identidad falsa y, cuando lo ubicaron, un juez declaró cerrada la causa: “En vez de mirar el Código Penal, miró el almanaque”.
Según explicó, la iniciativa tiene dos principios básicos. El primero es que los delitos de abuso sexual infantil, pornografía infantil, prostitución infantil, grooming, ciberacoso y exhibiciones obscenas “no van a prescribir jamás”. El segundo es que, para cualquier delito, la causa no prescriba mientras el imputado esté prófugo: “Pase un año, dos, 50 años, no va a prescribir. El tiempo no va a beneficiar al imputado prófugo”. Además, el proyecto amplía los plazos de prescripción y modifica los artículos vinculados con ese beneficio.
Soto señaló que el criterio actual proviene de una tradición jurídica diferente a la del common law anglosajón, basada en que una causa no puede permanecer abierta de forma permanente porque eso pesa injustamente sobre el imputado. Sin embargo, aclaró que la propuesta alcanza solo a quienes eluden la acción de la Justicia: “El prófugo es el que decide voluntariamente eludir la justicia. Esa actitud no puede estar premiada por el transcurso del tiempo”. Recordó que intervino, en representación de la familia, en el caso del policía asesinado en Mar del Plata cuyo autor se presentó después de más de veinte años prófugo, justo cuando se cumplía el plazo de la prescripción.
El abogado sostuvo que el principal protagonista de un proceso penal debe ser la víctima y no el imputado, y consideró que el criterio actual “estaría muy bien para hace 100 o 150 años, hoy de ninguna manera”. En ese sentido, explicó que el proyecto vuelve a un principio del Código Penal de 1921, que establecía que el prófugo no se beneficiaba con el paso del tiempo, con una diferencia técnica: antes era una causal de interrupción y ahora sería de suspensión. “Interrupción es poner el contador a cero. En el proyecto que presentamos, mientras esté prófugo, nunca va a correr el reloj”, graficó.
Sobre las posibilidades de aprobación, Soto anticipó resistencias políticas: “No tengo ninguna duda de que el peronismo kirchnerismo se va a oponer en bloque, y la izquierda también”. Afirmó que, en su opinión, existe una protección a ese electorado y sostuvo que, en elecciones nacionales, el kirchnerismo ganó por una amplia diferencia en las cárceles.
Al referirse a las consecuencias de los delitos, remarcó que el impacto sobre las víctimas se prolonga mucho más allá del hecho. “Un robo violento hace que una persona tenga estrés postraumático por mucho tiempo y que el hecho impacte emocionalmente para toda la vida. Eso no está contemplado en la ley penal, y los jueces penales, por lo menos una gran mayoría, se preocupan más por el imputado que por la víctima”, señaló.
Finalmente, cuestionó el uso de los juicios abreviados, en especial en la provincia de Buenos Aires. Aclaró que no hay que generalizar, pero dijo que “una enorme mayoría” de los fiscales no quiere trabajar: “Es mucho más fácil hacer un juicio abreviado que un juicio oral. Hacen un dibujo para bajarle la pena y hacerlo encajar en la ley del juicio abreviado, y se evita una condena que debería tener por delitos graves”. Y agregó que, a la víctima, “ni la citan, cuando es ley en la provincia de Buenos Aires” que tiene derechos en el proceso.