Mar del Plata envejece, el cuidado cuesta fortunas y la Provincia no habilita ni controla. En el medio, crece una zona gris donde un geriátrico puede funcionar seis años sin papeles y, luego de una fuerte desgracia, reabrir sólo tres meses después.
Que Mar del Plata es una ciudad que envejece no es ninguna novedad. Lo que sí empieza a quedar a la vista, es lo que ese envejecimiento cuesta, y quién termina pagando la cuenta cuando el Estado mira para otro lado. Las familias que tienen a un padre o a una madre en una residencia saben de cuotas que se cuentan en millones de pesos y de obras sociales —PAMI e IOMA, sobre todo— que no cubren lo que deberían cubrir. Los dueños de los geriátricos se quejan de trámites interminables y de requisitos que cambian según quién los pida. Y en el medio, en esa zona gris que se forma cuando nadie habilita y nadie controla, quedan los que no pueden valerse por sí mismos.
En marzo dábamos cuenta del desastre de IOMA y del reclamo de los familiares de las víctimas del incendio de un geriátrico de La Perla, que había vuelto a abrir sus puertas a menos de tres meses de la tragedia. Ocho meses después, la discusión llegó al Concejo Deliberante de la mano de la concejal Gabriela Azcoitía, que puso el dedo en una llaga real: el Estado provincial no habilita. Pero hay otra mitad del problema que conviene no perder de vista, porque la habilitación no es un sello que se pone para molestar. Es la única garantía de que alguien verificó que adentro no hay una trampa mortal.
La desgracia
La madrugada del 17 de diciembre de 2025, el fuego empezó en una habitación del primer piso de un geriátrico del barrio La Perla. Adentro había 38 adultos mayores, muchos de ellos con dificultades para moverse. Ese mismo día, en la FM 99.9, el secretario de Seguridad de General Pueyrredón, Rodrigo Goncalvez, describió la complejidad del operativo: «Cuando hablamos de evacuación, salir de un lugar confinado a la vía pública para quienes no tienen problemas motores no representa mayores inconvenientes, pero acá estamos hablando de una población muy vulnerable». Trece policías tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo.
Al día siguiente, el fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la investigación, contó en la FM 99.9 lo que había encontrado en el allanamiento: «Se detectaron irregularidades administrativas y edilicias que, a criterio de la fiscalía, influyen en el hecho». La primera, la más elemental, era que el lugar no estaba habilitado. «Existía un expediente iniciado en 2019 en el Ministerio de Salud de la Provincia, pero el trámite nunca se terminó. Esa habilitación quedó inconclusa y hoy el lugar no estaba habilitado para funcionar», explicó. La segunda tenía que ver con el personal: «Había 38 personas alojadas cuando la reglamentación exige entre seis y ocho cuidadores por turno, y en este caso había solo dos».
El resto del relato del fiscal es todavía más crudo. «Una de las víctimas fallece calcinada totalmente en su habitación. Para que eso ocurra, según bomberos, el fuego tuvo que estar activo al menos 15 minutos sin que nadie se diera cuenta», detalló. La hipótesis apuntaba a un cigarrillo o un encendedor en manos de una residente fumadora, y Moure hizo la pregunta obvia: «¿Cómo una persona puede fumar en una habitación de un geriátrico sin que salte un detector de humo? La conclusión es que algunos detectores estaban sin batería y no funcionaban. Eso constituyó una verdadera trampa mortal». La fiscalía imputó a los propietarios y a las cuidadoras que estaban de turno.
Moure dejó, además, una definición que vale para todo el sector: «Cuando alguien abre un geriátrico asume una posición de garante. Si no cumple con las condiciones mínimas de seguridad, puede enfrentar consecuencias penales graves, incluso la detención, además de indemnizaciones civiles». Y remató: «Los geriátricos son necesarios, pero deben funcionar en serio, con habilitación y controles, porque las personas que están adentro no pueden valerse por sí mismas».
Tres meses después, el lugar estaba abierto otra vez. Jorge Pedre, familiar de una de las víctimas, lo contó en la FM 99.9 con una mezcla de dolor e incredulidad: «Esta gente estuvo seis años trabajando sin habilitación. A nosotros nos vendían que estaba habilitado, pero después nos enteramos de las irregularidades». Cuando quiso saber cómo se había resuelto tan rápido lo que durante años no se resolvió, se encontró con un pase de manos: «Consulté con la Municipalidad, con Inspección General, y me dijeron que había una habilitación provincial, pero yo no la vi. Nadie me la mostró y es un documento público». Desde la comuna, además, le explicaron sus propios límites: «La Municipalidad puede hacer un acta o una infracción, pero no puede clausurar porque la habilitación provincial está por encima». Concluyó: «Después de seis años funcionando sin habilitación, en tres meses la consiguieron. Es muy raro».
El mismo engranaje
Hace pocos días, la concejal Gabriela Azcoitía organizó una jornada de trabajo con los distintos actores del sector y después habló en la FM 99.9. Su punto de partida es demográfico: «Mar del Plata envejece cada vez más, al ritmo del mundo en general». Pero lo que la llevó a meterse en el tema fueron las familias: «Están destrozados, están rotos, porque las obras sociales, particularmente PAMI e IOMA, no les cubren lo que debían cubrir». Según explicó, el origen del problema está en la falta de habilitación de los geriátricos por parte de la provincia de Buenos Aires: sin habilitación, PAMI e IOMA dejan de pagar, y la cuota queda a cargo de las familias.
El primer dato que surgió de la jornada alcanza para entender el desorden. Según la Zona Sanitaria VIII, en Mar del Plata hay unos 90 establecimientos, de los cuales faltaría habilitar 11. La cámara que agrupa a los geriátricos, el Instituto de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados y la Inspección General municipal, en cambio, hablan de más de 280. «Ya ahí estamos en un problema gigante, cuando las diferencias de unidades de residencia son tan grandes», planteó Azcoitía. Un Estado que no sabe cuántos geriátricos hay difícilmente pueda saber cuáles funcionan bien.
La concejal también describió cómo trabaja la Provincia: tres inspectores para todo el partido de General Pueyrredón y un circuito que, en los papeles, debería ser sencillo: «Si los tres inspectores vieron que estaba bien, se manda a La Plata y es un trámite digital, con una firma digital. Eso no sucede», señaló. Mientras tanto, hay familias que esperan desde hace un año la habilitación para que la obra social vuelva a pagar, y otras que afrontan cuotas privadas que, según Azcoitía, van de 6 a 11 millones de pesos. «Me pregunto cuántas familias pueden afrontar una erogación de 3 millones y medio de pesos por mes», cuestionó. «Es una bola de nieve que cada vez va a ser peor en Mar del Plata».
A eso se suman requisitos contradictorios entre la Inspección General y la Provincia, que dejan a los dueños de las residencias sin saber «a quién reclamarle», y un personal que, según la concejal, proviene en su enorme mayoría del servicio doméstico y no tiene formación específica. «Nadie les explicó cómo levantar a un viejo de la cama», graficó. Lo que más le llamó la atención, dijo, fue «una falta de articulación tremenda entre los actores»: «Nunca habían hablado, personas que no se conocían y que están dentro del mismo engranaje». Su propuesta es una mesa de trabajo mensual, una capacitación para el personal y un proyecto de ordenanza para crear mesas interinstitucionales.
La iniciativa es buena y el diagnóstico, en buena medida, correcto. La Provincia no habilita, no articula y no controla, y esa ineficiencia la pagan las familias. Pero el planteo tiene un punto ciego.
Caso por caso
Un funcionario público con conocimiento en el tema se refirió al proyecto: «No estamos adheridos a la iniciativa y creo que, desde una banca de concejal, es muy fácil hacer política sobre estos temas sin conocer en profundidad cada expediente ni la realidad de cada establecimiento». Según esta persona, la discusión no admite generalizaciones: «Para hablar con responsabilidad hay que analizar cada caso en particular».
Y puso un ejemplo: «Hay una persona que tiene un expediente iniciado en 2020, nunca terminó de completar la documentación requerida y su establecimiento continúa presentando numerosas infracciones. Incluso tiene una clausura transitoria». El cierre de su planteo fue tajante: «Detrás de cada expediente hay situaciones concretas que no se pueden simplificar con un discurso político».
El caso es delicado, porque este expediente de 2020, con la documentación incompleta, las infracciones y la clausura transitoria, corresponde a otro de los establecimientos que dependen de la misma firma que aún maneja el geriátrico que se incendió. Es decir: el mismo grupo que hizo funcionar durante años, sin habilitación, el lugar donde murieron varias residentes, tenía en paralelo al menos un establecimiento más en la misma situación.
Y ahí está el nudo del asunto: la iniciativa de Azcoitía señala una falencia real del Estado provincial, pero peca de cierta inocencia si supone que la falta de habilitaciones responde solamente a una compulsión burocrática por obstruir. Hay expedientes que no avanzan, sencillamente, porque el establecimiento no cumple. Y en esos casos, el problema es exactamente el inverso: no que la Provincia tarde en habilitar, sino que no tiene la capacidad —o la voluntad— de que el incumplimiento tenga consecuencias.
Ahora, hay una responsabilidad real: si un expediente lleva seis años abierto, con infracciones acumuladas y una clausura transitoria, la pregunta es qué hizo el Ministerio de Salud bonaerense en todo ese tiempo. El gobierno de Axel Kicillof tiene tres inspectores para un partido con cientos de residencias, no sabe cuántas hay, deja esperando un año a quien cumple y permite seguir funcionando a quien no lo hace. Debería ser exactamente al revés: habilitaciones rápidas para el que tiene todo en regla y controles severos, con clausuras que se cumplan, para el que no. Lo que hay hoy, es lo peor de ambos mundos.
Nos gustaría cerrar con la habitual reflexión de qué tiene que pasar para que esto cambie, pero la verdad es que lo peor ya pasó una vez, y no cambió nada de nada.