El abogado de Usina de Justicia advirtió que no existen cifras oficiales actualizadas sobre los prófugos de la justicia, que circulan estimaciones que van de 45.000 a 200.000 y que tampoco se sabe quién los busca ni cómo. Planteó la necesidad de incorporar mediciones científicas al sistema judicial.

El abogado Daniel Roggero, integrante de la organización Usina de Justicia, planteó en la 99.9 una pregunta incómoda: cuántos prófugos hay en la Argentina. Explicó que no existe un registro público y actualizado, y que las cifras que circulan, incluso en documentos oficiales, se contradicen entre sí. Aclaró que habla desde la perspectiva de las víctimas y que se mantiene en el plano descriptivo, sin hacer juicios de valor sobre responsables.
“Hay números oficiales de hasta 200.000, 105.000, otro informe de 100.000, otras declaraciones de 45.000, incluso en algún documento oficial, y no se actualizan, por lo menos en el acceso a la información pública. No se sabe cuántos hay. Y segunda pregunta: no se sabe quién los busca. Y tercera: ¿cuál es el sistema institucionalizado de buscarlos? Entre la carencia de números, que no se sepa ese registro y que no se sepa quién los busca y cómo los busca, hay una combinación que nos llama la atención”, sostuvo.
Roggero consideró que la falta de datos no es solo un problema estadístico, sino también ético. “La falta de datos o el error en los datos también es un tema ético, no es solamente un tema abstracto, estadístico, numérico. Nosotros hablamos desde la perspectiva de las víctimas: se cometen delitos y no se resuelven”, afirmó. Según indicó, solo unos 4 de cada 100 delitos denunciados reciben condena efectiva, y en los homicidios el grado de impunidad ronda el 40%. “Todo eso, para las víctimas, lo podemos definir en una palabra: se llama impunidad”, resumió.
Sobre la eficiencia del sistema, el abogado indicó que quien busca a los prófugos, en sentido genérico, es la justicia, pero que esa eficiencia no se mide. “Lo poco, lo poquísimo que se mide realmente demuestra a todas luces el grado de ineficiencia, ineficacia, el costo que eso implica, las consecuencias que eso implica”, señaló.
Roggero propuso, finalmente, que el derecho incorpore mediciones y criterios científicos, y comparó la situación con la de la medicina de hace un siglo y medio. “Si uno se desplaza cien años atrás, ciento cincuenta como máximo, era casi una medicina de superstición. No se sabía nada, no se medía nada, era absolutamente ineficiente. Y se animaron a dar pasos, incorporar elementos de la ciencia. El sistema jurídico en general, el sistema judicial en particular, se mantienen casi de manera análoga a lo que era el siglo XIX. Se siguen dictando leyes, resoluciones, reglamentaciones, decretos”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó que un expediente por homicidio, el caso más grave, tarda en promedio cinco años y medio según un estudio que citó. “Imaginémoslo: es una carrera universitaria para resolver un expediente”, graficó. Advirtió que, sin un enfoque basado en la tecnología y la ciencia, “vamos a seguir con palabras, ocurrencias, teorías, doctrinas, jurisprudencia”, y que eso se traduce en ineficiencia, como en el caso de los prófugos.