Javier Ruiz: “Las medidas cautelares se las van a otorgar”

El abogado marplatense especialista en derecho internacional analizó el planteo argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra la explotación petrolera en Malvinas, anticipó que, a su criterio, se otorgarían las medidas cautelares y se refirió a la situación de la Corte Penal Internacional.

El abogado marplatense Javier Ruiz, especialista en derecho internacional, analizó en la 99.9 el planteo que la Argentina presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por el proyecto de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte, conocido como Sea Lion. El pedido fue anunciado por el canciller Pablo Quirno el 13 de octubre y es la primera vez que el país recurre a este mecanismo por una explotación petrolera en las islas; el Tribunal puede ordenar medidas provisionales mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

Ruiz evaluó de manera favorable la decisión: “Me pareció atinado el planteo”. Aclaró que la incógnita pasa por la estrategia: “No sabemos si el planteo de Malvinas ante el Tribunal Internacional del Mar es solamente el inicio de una estrategia como parte de un plan mayor o si es solamente un hecho aislado”. Detalló que la Argentina pidió cuatro medidas: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, que no utilice en perjuicio del país la información de exploración del área disputada, que no impida a la Argentina cumplir con los artículos 192 y 194 de la Convención del Derecho del Mar, y que se abstenga de toda medida que agrave la controversia.

Sobre el resultado, el especialista descartó los escenarios extremos: “Yo no creo que el Tribunal del Mar se declare incompetente como dicen algunos, ni tampoco creo que falle en contra”. Aunque reconoció que por los propios precedentes del Tribunal la lógica indicaría lo contrario, estimó que “por la forma en que fue planteado y los pedidos que hizo el gobierno argentino, yo creo que sí lo pueden otorgar”. Y fue más allá: “Las medidas cautelares se las van a otorgar”, y podría crearse además una comisión de vigilancia, como la Comisión Administradora del Río Uruguay en el conflicto de las papeleras.

Como antecedentes, mencionó el caso de Ghana, que calificó como “el caballito de batalla de Argentina”, y el de Chagos, que a su entender juega en contra porque en esa causa también estaba en discusión la soberanía y el Reino Unido planteó que ese reclamo debía llevarse a un tribunal internacional, algo que, señaló, la Argentina no hizo todavía con Malvinas. Chequeado recuerda, entre los precedentes del Tribunal, la liberación de la Fragata Libertad retenida en Ghana y la restricción de nuevas perforaciones en una zona marítima disputada entre Ghana y Costa de Marfil.

Ruiz advirtió que la dificultad podría estar en la ejecución de un eventual fallo: “La ejecución de las sentencias del Tribunal del Mar son respecto de los estados”. Explicó que el Tribunal tendría que obligar al Reino Unido, que a su vez debería obligar al gobierno de las islas, y este a las compañías petroleras. Recordó además que existen “dos escuelas y dos formatos” para abordar el tema: sancionar a las empresas, como eligió este gobierno, o cooperar con ellas, como se hizo en los años 90 con las áreas de pesca conjunta. “Este gobierno eligió el primer formato y yo creo que sí, creo que puede funcionar la medida cautelar”, afirmó.

El abogado también valoró la conformación del equipo técnico que viajó a defender la posición argentina: “La situación ameritaba equipos técnicos, pericia técnica y sobre todo gente con experiencia”. Ante el comentario del conductor sobre la pesca y la presencia de grupos empresarios vinculados a Vigo con empresas en las islas y en territorio argentino, coincidió en que “hay que ponerlo en la mira”.

En la última parte de la entrevista, Ruiz se refirió a la Corte Penal Internacional, ante la que ejerce la defensa. Afirmó que “la Corte sigue funcionando casi con normalidad”, a pesar de las sanciones a fiscales y jueces de Estados Unidos, y señaló que existe una amenaza atribuida a Marco Rubio de sancionar a toda la institución a partir del 8 de abril del año próximo si no cumple determinadas condiciones. Para el abogado, “esta política norteamericana es incompatible con el derecho internacional”. Como medidas de contingencia, contó que el tribunal dejó de utilizar Microsoft, reemplazado por un mecanismo holandés-alemán, y que paga a los jueces mediante una línea de débito del Banco Central Europeo en euros, sin pasar por bancos norteamericanos.