¿Indispensables?

Los trabajadores de salud bajo la órbita provincial no la están pasando nada bien, en un clima que genera muchos reclamos… algunos un poco más justificados que otros.

Hace apenas seis años, en lo peor de la pandemia, los trabajadores de la salud eran aplaudidos desde los balcones y nadie dudaba en llamarlos indispensables. Pasado el fervor, el sistema volvió a ser lo que siempre fue: guardias desbordadas, sueldos que no alcanzan, vacantes que no se cubren y decisiones que se toman a cientos de kilómetros de distancia. En ese clima, los reclamos se multiplican. Algunos tienen sobrados motivos. Otros… vienen flojitos de papeles.

Esta semana, en nuestra ciudad, convivieron varios de ellos. Los residentes del INAREPS se manifestaron frente al instituto, sobre la Ruta 88, para exigir que se les devuelva la condición de trabajadores. Los trabajadores del Hospital Materno Infantil anunciaron una protesta por la falta de personal. Y puertas adentro del HIGA Alende, los números y algunos papeles muestran que ser personal de planta en un hospital bonaerense tampoco es, precisamente, un privilegio.

El reclamo

Roxana Destefano es jefa de residentes de Trabajo Social del INAREPS, el instituto nacional de rehabilitación que funciona sobre la Ruta 88. En una entrevista para la FM 99.9, explicó que tanto ella como los residentes que ingresaron el 1 de septiembre quedaron bajo la Beca Nacional de Residencias de la Salud, creada por la Resolución 542/2026 del Ministerio de Salud de la Nación, que define a la residencia como una instancia estrictamente formativa, que no configura relación laboral ni empleo público. «Eso implicó que perdiéramos todos los derechos que se fueron adquiriendo hace ya más de 20 años. Nosotros para el Estado Nacional ya no somos considerados trabajadores formales como lo éramos hasta el año pasado», sostuvo.

Entre esos derechos, enumeró los aportes y el aguinaldo. A eso se suma el recorte de cupos: «Tenemos dos compañeras de primer año porque nos redujeron un cupo en trabajo social y en otras disciplinas también. Y eso implica más trabajo no solo para las residencias, sino para todo el personal, porque tenemos menos gente», señaló. En segundo año directamente no quedó nadie: según contó, las tres residentes renunciaron a mediados de este año por las condiciones de trabajo. Eran chicas que venían de otras localidades y no pudieron sostener un alquiler en Mar del Plata.

Hasta ahí, un reclamo atendible. El problema es la premisa. La propia Destefano lo dijo con claridad: «Nosotros hacemos esta residencia que es un posgrado». Una residencia es una etapa de formación, en el INAREPS, en el HIGA y en cualquier hospital del mundo, y en ningún lado equivale a ser personal de planta. Si el Estado le reconociera a un residente todos los atributos de un empleo efectivo, ese residente dejaría de serlo: pasaría a ser planta apenas obtiene el título, y el esquema de las residencias, tal como existe en todo el sistema, dejaría de tener sentido.

Consultada sobre ese punto, la respuesta de Destefano fue, cuando menos, contradictoria. Por un lado, aclaró: «La idea no es poder lograr ser igual que la persona de planta, pero bueno, nosotros trabajamos de la misma manera, ponemos el cuerpo día a día». Por otro, sostuvo que «el estatus lo teníamos de trabajador» y que los residentes trabajan «a la par» del personal de planta y de los contratados. Al final, terminó concediendo: «Sí, sí, entiendo que es así».

Nadie discute que los residentes trabajan, y mucho. Pero reclamar las condiciones de un trabajador estable durante una etapa formativa es pedirle al sistema algo que no le da a nadie. Y, sobre todo, es un reclamo que suena extraño para quienes sí son planta y conocen de primera mano lo que eso significa hoy en un hospital público. Destefano lo mencionó al pasar: los residentes de medicina de su instituto hacen el primer año en el HIGA. Vale la pena, entonces, mirar qué pasa ahí.

Los números

El Sistema de Atención Médica Organizada —SAMO— permite a los hospitales públicos bonaerenses facturarles a las obras sociales, a las prepagas y a las aseguradoras las prestaciones que brindan a los pacientes que tienen cobertura. Lo que se cobra se reparte: el 50% va al personal como bonificación, el 40% queda en el hospital para insumos, equipamiento y mejoras, y el 10% va a un fondo solidario que administra el Ministerio de Salud provincial. En los papeles, es un incentivo para el trabajador y un ingreso extra para el hospital. En la práctica, según datos del sistema a los que accedió este medio, el panorama del HIGA Alende entre enero y octubre de este año es bastante menos alentador.

En esos diez meses, el hospital facturó más de $3.500 millones y cobró unos $2.140 millones: poco más del 60%. El resto se acumula. La deuda actualizada de las coberturas con el hospital pasó de $1.877 millones en enero a más de $3.340 millones en octubre. Creció casi un 80% en nueve meses y ya equivale prácticamente a todo lo que se facturó en el período. Cada peso que no se cobra es un peso menos para insumos y, también, un peso menos en el bolsillo de los trabajadores.

Porque del total que efectivamente ingresó, al personal le correspondieron unos $980 millones en diez meses, a repartir entre casi 1.500 agentes. El promedio: alrededor de $65.000 por mes por trabajador. En el mejor mes, abril, la bonificación rondó los $87.000. En octubre, cuando el hospital cobró apenas $53 millones, fue de poco más de $13.000. Es decir: el plus que debería premiar a quien sostiene el hospital público no alcanza, en el mejor de los casos, ni para llenar el tanque del auto.

Puertas adentro

Si los números son poco alentadores, el clima interno no ayuda. Hace pocos días, el Ministerio de Salud bonaerense rechazó un pedido de acceso a la información sobre la estructura y las autoridades del HIGA Alende. El argumento fue que el solicitante no había acreditado un interés legítimo y que los nombramientos ya se publican en el sistema oficial de normas de la Provincia. La disposición lo plantea sin ambigüedades: lo que se deniega es «la entrega de documentos por parte de la Administración que no se encuentren publicados en canales oficiales». En otras palabras: la información pública está a disposición de cualquiera, siempre y cuando ya sea pública.

Tampoco parece estar en su mejor momento el área que debería cuidar ese clima. En una nota fechada en el mes de septiembre se solicitó un sumario para un integrante del comité que el hospital tiene, justamente, para prevenir y abordar la violencia y los conflictos laborales. El encargado de apagar incendios, investigado por avivar uno.

Mientras tanto, según fuentes reservadas, habrían pasado a planta becados del 2020 y/o personal de planta transitoria; no está claro si todos o solo algunos. La puerta de la planta permanente, esa que los residentes nacionales pretenden abrir a fuerza de protestas, en la Provincia parece abrirse en silencio para algunos, mientras otros esperan una autorización que no llega.

De eso, precisamente, se quejan en el Hospital Materno Infantil. El martes 24, a las 11, los trabajadores se concentrarán en las escalinatas del hospital, acompañados por ATE, para reclamar que se incorpore personal de Enfermería y de Maestranza. Hay aspirantes con los expedientes listos que esperan que el Ministerio autorice su ingreso. Mientras tanto, a los licenciados en Enfermería se les pidió que hicieran jornadas adicionales con el compromiso de pagárselas como guardias, y denuncian que lo liquidado no coincidió con lo prometido. Un cambio en el régimen horario de las licenciadas recargó a otros trabajadores con más fines de semana y feriados; algunos recibieron memorandos para cambiar de sector o de horario; y describen un clima de tensión con la dirección y situaciones de maltrato cada vez que reclaman. Todo, con sueldos tan bajos que muchos enfermeros necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes. ATE pide que el Ministerio de Salud bonaerense intervenga.

¿Indispensables? Hace seis años los aplaudíamos. Hoy, reclaman y reclaman, y parece que nadie los escucha.