
Algo huele (muy) mal. Algo pasa con la planta de Comarpes en la zona del puerto, ya que su operatoria genera olores que se vuelven insoportables. Si quisiéramos ser mal pensados, podríamos aventurar que alguien está mandando a trabajar a la gente los fines de semana a propósito para arruinarles la experiencia a quienes visitan Bendu. La cuestión es que la firma ya se comió otra acta, pero parece no escarmentar, lo cual no es nada extraño dado el historial de insportable pasividad por parte de las autoridades que deciden sobre cuestiones de medioambiente y de la Justicia Federal, con causas que están abiertas hace años y no mueven. No hace falta hacer lo que sugiere Cheppi y mudar todo al Parque Industrial, el accionar de Agustiner demuestra que se puede perfectamente llevar adelante la misma actividad sin consecuencias nocivas para el medioambiente. ¿Habrá animosidad? Desde acá, seguiremos el tema muy de cerca.
Disputas en el fuero. Fue un varapalo fuerte que el juez de Garantías de La Plata Agustín Crispo decidiera apartarse de la causa de billeteras virtuales involucradas en la investigación por lavado de dinero proveniente del juego clandestino. Más aún que la fiscal Betina de Lacki no objetara dicho apartamiento, que busca remitir todo lo actuado a la justicia federal. Esta situación deja en un limbo a los sujetos a investigación y al proceso penal en curso.
Una respuesta. Crispo se apartó y Lacki no lo objetó porque, como los imputados y las maniobras se repiten, la causa podría terminar en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte. Si se unifican, sería el expediente más grande sobre juego clandestino online, con más de 2 billones de pesos. Rodríguez Ponte es el juez de Sur Finanzas: procesó a Ariel Vallejo, a otras 17 personas y a 9 empresas por asociación ilícita, lavado de activos y evasión fiscal, y ordenó embargos por más de 215.000 millones de pesos. Las dos causas ya estaban conectadas: la pista del juego clandestino en Sur Finanzas salió del expediente de Lacki.
Dado que insiste. Desde la clandestinidad, se ha dirigido a este medio Catriel Taubenschlag. Lo que pide es incomprensible, dado el estado público de su situación procesal. Escribió: «Quisiera comentarles que encontrar mi nombre vinculado a estas noticias y saber que cualquier persona puede acceder fácilmente a ellas a través de internet me genera una enorme angustia y preocupación. Es una situación muy difícil de sobrellevar, especialmente porque sus consecuencias no recaen únicamente sobre mí, sino también sobre mi familia. Las noticias han repercutido en mi tranquilidad, en mi bienestar emocional y en mi entorno laboral. Me preocupa que esta exposición continúe condicionando mi vida y, sobre todo, que las personas que quiero tengan que seguir atravesando las consecuencias de una situación que también les afecta. Asimismo, quisiera señalar que hasta la fecha no existe una sentencia condenatoria firme en mi contra, por lo que me genera especial preocupación que mi identidad permanezca públicamente asociada a los hechos mencionados. Respeto el trabajo periodístico que realizan y no pretendo cuestionar la información publicada ni desconocer el interés informativo que pudo haber motivado su difusión. Sin embargo, quisiera pedirles de corazón si podrían tener en consideración mi situación y contemplar la posibilidad de anonimizar (sic) mi nombre y apellido, reemplazándolos por mis iniciales, C. T.». No ignoramos el padecer de familiares y allegados, pero los hechos definen el texto periodístico.
Cruces y oportunidad. Fue en el medio digital de Canal 8 donde Federico Sturzenegger volvió con su peculiar visión de la política pesquera argentina. Es literalmente un disparate lo que plantea. Lleva todo a un viejo decreto de Juan Carlos Onganía que ya no representa nada de nada de lo que es la pesca hoy. Debiera poner su poder en ver el doble rasero de la pesca española que opera desde Malvinas y puertos patagónicos: mismos grupos empresarios con distinta sociedad formal.