Justicia: la calesita de la impunidad

Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe salir a corregir a la Cámara Federal de Casación Penal —el tribunal penal más importante del país— por una «grosera» violación de las reglas de competencia, el problema ya no es un expediente: es el sistema. Y el sistema, sabido es, rara vez se sienta en el banquillo.

El pasado jueves 19 de noviembre, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron sin efecto, por unanimidad y por considerarlo arbitrario, el fallo de Casación que había enviado la causa por la mansión de Pilar al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Se investiga un presunto lavado de activos en una propiedad de 105.000 metros cuadrados en Villa Rosa, tasada en más de USD 20 millones y a nombre de un monotributista y su madre jubilada, señalados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La causa vuelve a Comodoro Py, al juzgado de Daniel Rafecas.

Al día siguiente, la abogada María Eugenia Talerico —exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera— denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña por presunto mal desempeño y pidió su juicio político. La presentación, que hoy recoge Clarín, sostiene que Barroetaveña presidió el Tribunal de Ética y Disciplina de la AFA hasta diciembre de 2025 y aun así no se apartó del caso, y que Borinsky cambió de criterio sin novedad alguna que lo justificara. Talerico habla de una «calesita judicial» armada a medida de los imputados, que paralizó la investigación casi doce meses, y de «un desvío de poder deliberado para favorecer a la AFA».

Un dato muy fuerte lo aportó en nuestros micrófonos el diputado nacional Alejandro Fargosi, exconsejero de la Magistratura: en veinte años hubo apenas una veintena de remociones sobre un universo de 800 a 900 jueces federales y nacionales. De allí su sentencia, tan brutal como precisa: «No hay ser en la tierra más impune que los jueces argentinos». Fargosi apuntó a una «casta» político-judicial que garantiza impunidad, sostenida por magistrados que, según estimó, perciben unos 25 millones de pesos mensuales.

Por su parte, el exfiscal bonaerense Marcelo Romero recordó, también ante nuestros micrófonos, que las cárceles argentinas «no están llenas de ladrones de gallinas». Tampoco, cabe agregar, de jueces. A comienzos de este mes, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denunció ante el mismo Consejo a cinco magistrados que se niegan a dejar sus cargos en los tribunales internos de la AFA. La promiscuidad entre la toga y la pelota es escandalosa.

Resta saber qué ocurrirá con esta denuncia. Hace menos de un mes, en este mismo espacio, hablábamos de la «lotería de la toga» y advertíamos que el Consejo de la Magistratura y los jurados de enjuiciamiento llegan tarde, y que esa demora funciona como amparo. La mansión de Pilar agrega una variante más oprobiosa: ya no el azar de un sorteo, sino el juez elegido al gusto del imputado —«acá están eligiendo juez», resumió Talerico—, mientras en esa quinta, según su relato, «se reunían jueces y fiscales a tomar champagne a la vista de todos».

Una denuncia no es una condena, y Borinsky y Barroetaveña contarán ante el Consejo con todas las garantías que, según la Corte, su propio fallo vulneró. Pero si frente a un máximo tribunal que habla de violación «grosera» la corporación vuelve a cerrar filas, quedará demostrado que la calesita no se detiene: sólo cambia de pasajeros.

En la Argentina, la toga se juzga sola. Y se absuelve.