El Estado mexicano de Michoacán es uno de los lugares más peligrosos del país. De hecho, está en estado de guerra. Allí operan los cárteles Caballeros Templarios, Zetas, Familia Michoacana, Jalisco Nueva Generación y demás criminales que aprovechan la situación de crisis para hacer de las suyas.
La situación en Michoacán se agravó tanto que algunos municipios vecinos armaron guardias comunitarias para defenderse de los cárteles que asesinan, secuestran y extorsionan imponiendo cuotas para dejarlos en paz.
El incremento de armas en manos de los civiles llevó a que los ciudadanos tomaran la decisión de combatir a los delincuentes por su cuenta. Pero los cárteles tiene armas mucho más importantes, por lo que habitualmente se ven enfrentamientos sangrientos.
El gobierno federal ignoró durante mucho tiempo el problema existente en Michoacán. Por tal motivo, los expertos en seguridad alertan que es inminente el estallido social ante los niveles de armamento y violencia. El Dr. René Jiménez Ornelas, investigador delIinstituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó : “los enfrentamientos que se suscitaron en Apatzingan podían considerarse un estallido social, por el grado de furia que se da en esos encuentros. Actualmente, hay dos gobiernos: el del Estado y el del crimen organizado, y el segundo a veces tiene más poder que el primero en algunas regiones”.
A modo de prevención, el gobierno federal envío soldados para a reforzar la presencia de los 2.500 que ya están acuartelados en Michoacán. Además de las fuerzas de policías, la federal, la estatal y la local. Las fuerzas armadas tienen instrucciones de desarmar a ambos grupos y se encuentran con el problema de que los pueblos no están dispuestos a entregar sus armas, que consideran necesarias para su defensa personal.
Toda esta peligrosa situación se suma al factor informativo al que el gobierno federal del PRI tiene que enfrentarse: las redes sociales que circulan a alta velocidad, imposibles de controlar, que comentan o critican las aclaraciones de los gobernantes y evidencian la incredulidad de la población y la gravedad de la situación michoacana.
Como la situación se agrava y aumentan los riesgos en el puerto de Lázaro Cárdenas, el gobierno federal tomó la decisión de que sus fuerza armadas se hagan cargo del puerto. Esto crea una situación jurídica no permitida por las leyes de México, ante el riesgo de un control militar de lo que le corresponde a las autoridades civiles. Por tal motivo, el Secretario de la Defensa recurrió a la Cámara de Diputados para pedir que se creen marcos jurídicos apropiados que les permitan a las tropas hacer lo que se les esté ordenando.
Además, las autoridades también siguen permitiendo paros, obstrucciones de vías de comunicación y asentamientos de maestros disidentes.