El registro oficial de población indígena en Costa Rica aumentó un 40%. Siguen siendo una minoría marginada y desfavorecida, pero tener 40.000 miembros más es un paso significativo en este país de piel menos morena que en el resto de la región centroamericana.
En el censo del año 2011 había más de 100.000 indígenas, después de los 64.000 que se reportaron en el Censo Nacional del año 2000. Los indígenas ya no son el 1,7% de la población costarricense, sino el 2,4%, y eso es bueno, según sus dirigentes y las organizaciones que trabajan contra su marginación.
Cualquier explicación que se dé al incremento resulta ser una buena noticia. Si la población aumentó en solo 11 años es bueno por el peso de un grupo que, por su tamaño exiguo, ha quedado excluido de las decisiones generales del país. Si lo que aumentó fue el registro, aún mejor, porque significa que ahora hay más personas que se declaran indígenas y que hace unos años no estaban dispuestas a hacerlo. También resulta positivo que las instituciones capitalinas hayan podido al fin llegar hasta cada choza escondida en las montañas para saber cómo viven.
En cualquier caso, Costa Rica está descubriendo a sus propios indígenas. Esa ha sido al menos la conclusión de la oficina local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que mantiene un proyecto permanente de promoción del diálogo con comunidades autóctonas. Se evidencia incluso en los medios de comunicación radicados en San José, lo que demuestra una mayor conciencia de la presencia de las poblaciones autóctonas en el desarrollo general, según la representante del PNUD en Costa Rica, Yoriko Kasukawa
“Ser una minoría tan pequeña es una desventaja en comparación con otros países cercanos, pero esta es una democracia que respeta a las minorías. Ahora queda seguir trabajando en ir más allá del respeto. La visibilización es un paso y por supuesto el siguiente es la atención de todas sus necesidades básicas y el acceso al desarrollo desde su cosmovisión”, declaró Kasukawa, quien intenta promover en suelo tico algunos métodos de organización indígena que conoció en su anterior estancia en Bolivia.
Además del impulso del PNUD, a tono con la tendencia internacional de promoción de poblaciones originarias, hay coyunturas locales que han obligado a los gobernantes a dedicar atención a un grupo que está creciendo en número. La más notable y sensible es el poder que poseen los indígenas sobre territorios otorgados por ley a estas comunidades, en zonas para proyectos de interés nacional, como el desarrollo de energía eléctrica. El proyecto estatal El Diquís es el principal de ellos y requeriría inundar parte de poblados indígenas en la zona sur del país para construir un embalse de 6.800 hectáreas, el más grande de Centroamérica. Por ello, la Relatoria especial de la ONU para Derechos de Pueblos Indígenas obligó en 2012 a un diálogo con estas comunidades.
Este proyecto, pensado para producir 630 megavatios para abastecimiento nacional y exportación, con una inversión de 2.100 millones de dólares, obligaría al reasentamiento de caseríos de Térraba, una de las 24 reservas intransferibles creadas por ley, en las que vive solo la mitad de la población indígena y donde uno de cada cuatro habitantes no pertenece a este grupo demográfico, como se demostró con el último registro del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
