Viajaron de Santa Fe a un country de Pilar donde vivía Luis Medina, ejecutado en diciembre. Intentaron entrar a la casa sin orden judicial y fueron demorados por la Bonaerense. Le dijeron a la jueza que sólo cumplían órdenes.
El fusilamiento de Luis Medina y de su novia lejos estuvo de cerrar otro capítulo sangriento de la disputa a muerte por los dividendos de la droga en Rosario. Lo que hizo fue inaugurar una sucesión de presuntas irregularidades y encubrimientos durante la investigación del doble homicidio. La última: la presencia de tres policías en la casa del empresario sospechado de narco en Pilar sin orden judicial y la no menos extraña justificación ante la magistrada que instruye el expediente. “Cumplíamos órdenes”, dijeron.
El jueves, los agentes de la División Judicial de la Unidad Regional II Néstor Chazarreta, José Luis Ramonda y Miguel Giordano negaron ante la jueza Alejandra Rodenas haber querido entrar a la vivienda de Medina sino que pretendieron realizar una “verificación de información” en una causa penal, anterior al crimen del empresario, para la cual habían sido invitados a prestar colaboración.
Los policías manifestaron que cumplieron una orden de actuación impartida por el jefe de la División Judicial a la que pertenecen, Cristian Romero, que dejaron sus intenciones al descubierto y que nunca se apartaron de la legalidad.
En ese sentido, Rodenas ya citó a Romero a dar explicaciones pero el jefe policial presentó una nota detallando que desde el 8 de enero al 5 de febrero inclusive, está de licencia, con lo cual la magistrada lo volvió a citar para el día 6.
El último escándalo comenzó el sábado 4 de enero, alrededor de las cinco de la tarde, cuando los tres policías acompañados por Gustavo Rodolfo Pérez Castelli, padre de Justina Pérez Castelli, la novia de Medina asesinada junto a él, se presentaron en la entrada del country Haras del Pilar, situado en el kilómetro 46 de la autopista Panamericana, y pidieron hacer una constatación en la casa del empresario. La guardia privada les franqueó el paso pero un custodio les indicó minutos después que debían retirarse si no exhibían una orden judicial.
Los policías rosarinos fueron incapaces de presentarla y el vigilante no dudó en marcar 911 en su teléfono. En pocos minutos efectivos de la DDI de Pilar llegaron al lugar, provocando la demora de los santafesinos en la comisaría de la zona hasta que pudieron aclarar la situación. Sin embargo, las explicaciones no impidieron que el fiscal Gonzalo Acosta, de la UFI II de Pilar, los imputara por abuso de autoridad.
Frente a la jueza, los policías juraron que estaban realizando una investigación sobre Medina desde antes de su asesinato, de la cual tenía conocimiento el juzgado de Instrucción Nº 5, y que había comenzado en el marco de la causa que seguía el accionar de “Los Monos”.
“Ellos explicaron que nunca fueron al country con una orden específica, ni verbal ni escrita, de la jueza Rodenas. Estaban investigando dónde quedaba la casa, fueron a tomar fotos y a recolectar información, y eventualmente, si se confirmaba un dato, solicitar algún allanamiento o medida concreta. No fueron allí para entrar a la propiedad”, explicó Eduardo Campisciano, abogado de los tres policías involucrados.
En tanto, ayer, la jueza Rodenas le tomó declaración al padre de Justina, quien deberá dar su versión de lo que sucedió aquel sábado.
Medina fue asesinado de 14 balazos, la mayoría en la espalda; mientras que su pareja recibió dos. El hecho ocurrió en la mañana del domingo 29 de diciembre, cuando volvían de bailar de la disco La Fluvial a bordo de Citroën DS3 color rojo. La pareja fue interceptada y acribillada a altura de Ayolas y Avenida Circunvalación cuando iban camino al Hotel Pullman, donde se alojaban desde hacía dos días.
Procesan a Delfín Zacarías
La Sala A de la Cámara Federal de Rosario confirmó los procesamientos de Delfín David Zacarías, su entorno familiar, un operador de la remisería que Zacarías tenía en Granadero Baigorria y un mecánico como miembros de una organización delictiva dedicada a la fabricación, tráfico y comercialización de estupefacientes. Sólo el ex novio de la hija de Zacarías fue beneficiado por la resolución que revocó el fallo en su contra. A su vez, la Sala dispuso la realización de una serie de medidas probatorias para profundizar la investigación, vinculadas a pericias telefónicas, contables, averiguaciones sobre bienes secuestrados y la posible connivencia con personal policial.
La causa contra Zacarías y su familia surgió de una investigación que descubrió un búnker de drogas ubicado en inmediaciones de Boedo y Ghiraldo, en el barrio La Cerámica de Rosario, presuntamente regenteado por una mujer apodada “La Tata”.Con