El intendente Pereyra acusó en la Justicia al director de una ONG.
El intendente de Florencio Varela, el kirchnerista Julio Pereyra, denunció penalmente a una presunta organización dedicada a planificar tomas “sistemáticas” de tierras , a la que vinculó con el avance del narcotráfico en ese distrito del sur del conurbano.
Pereyra presentó un escrito de 18 páginas ante la jefa de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Florencio Varela (UFI) N° 4, Nuria Gutiérrez, para solicitar que investigue “un armado estratégico y sistemático para tomar tierras” en ese distrito y a “la organización que motoriza estas acciones”.
“En las tomas que se vienen produciendo aparecen siempre los mismos actores. Hay gente vinculada al narcotráfico. Son personas que cometen delitos contra la propiedad y que comercializan lo que usurpan”, expresó Pereyra en diálogo con LA NACION.
El principal acusado por el jefe comunal es el abogado José Luis Calegari, director del Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, una ONG que trabaja con sectores vulnerables en Florencio Varela, que rechazó las imputaciones. “No vamos a callarnos. No somos bandidos. Trabajamos por los pobres y contra las bandas que gobiernan el conurbano”, dijo Calegari, y también relacionó las tomas con “bandas violentas que copan los barrios y captan a los pibes con la droga”.
Pereyra dijo que la semana próxima llevará junto a su colega de La Matanza y presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, su preocupación ante la procuradora de la Suprema Corte bonaerense, María del Carmen Falbo.
En ese sentido Pereyra reconoció que existe una preocupación generalizada entre los alcaldes del conurbano por el avance de las tomas de tierras y la relación entre estas situaciones y el comercio ilegal de drogas. Por ello, aseguró: “Entendemos la protesta social y las demandas sociales. Siempre buscamos soluciones con el Consejo Comunitario para la Tierra y la Vivienda, pero no vamos a permitir y amparar las tomas ilegales de las tierras y sus nefastas consecuencias “, remarcó.
El intendente pidió investigar por asociación ilícita, defraudación, coerción e instigación a la violencia, entre otras figuras penales, a José Luis Calegari y a otro letrado que en la demanda figura como “de apellido Ibarra” y que sería Juan Ibarra, allegado a Calegari. Además, acusa a una tercera persona que, siempre según la presentación, sería “familiar de Ibarra” y habría sido procesada por tenencia de armas durante una toma efectuada recientemente en el barrio Villa Argentina.
Pereyra, que pidió ser considerado particular damnificado en la causa, detalló que la presentación surgió por las “constantes denuncias de vecinos que alertaban sobre la situación y nos llevaron a ir encontrando un hilo conductor en el asunto, ya que había varias investigaciones penales abiertas en forma aislada, que ahora pedimos que sean unificadas”.
El intendente dijo que hacía la denuncia en su carácter de presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y que la presentación expresaba el sentir y el temor de muchos alcaldes del interior, que le habían manifestado su preocupación por esta problemática.
Jorge López, asesor legal del municipio y patrocinante en la demanda, recordó que desde octubre pasado comenzaron a registrarse en el distrito “tomas de tierras con una regularidad semanal, que afectaban predios privados y de dominio público, tanto municipal y provincial como nacional”.
“A medida que estas tomas se iban produciendo fuimos advirtiendo conexiones en la metodología, en la cantidad de gente que participaba, en el origen de quienes protagonizaban las tomas y en la reiterada presencia de supuestos dirigentes sociales que aparecían involucrados recurrentemente en este tipo de hechos y en la circulación de drogas de baja calidad, convirtiendo estos asentamientos en refugio para malvivientes que mantienen en vilo a gente necesitada”, relató López.
Los cruces entre el municipio y la organización liderada por Calegari no son nuevos. Justamente en octubre de 2013, durante una movilización de militantes sociales, se presentó un documento en el cual se acusaba a la comuna de tener vínculos con el narcotráfico. Rezaba uno de los párrafos de ese escrito: “La impunidad en nuestro distrito encuentra una continuidad histórica: la protección política, policial y judicial de las mafias que se apoderan de nuestras comunidades”.
Tras una reunión con autoridades, en la que Calegari fue interlocutor, los manifestantes se retiraron ya que Pereyra no estaba en el edificio para recibirlos y no aceptaron dialogar con otros funcionarios. Tras esa marcha, el secretario de Gobierno de Florencio Varela, Andrés Watson, adelantó que el municipio accionaría judicialmente por aquellas acusaciones.
En la presentación judicial que hizo ahora el municipio, que fue apoyada por todo el arco político que conforma el Concejo Deliberante local, se indica que los acusados hacen gala de “falsas influencias, de abuso de confianza de los necesitados, y esgrimen falsos títulos sobre las tierras, que ofrecen por sumas de dinero que oscilan entre los 1000 y 20.000 pesos” por lote.
Desde el Centro Angelelli, Calegari rechazó enfáticamente las denuncias y contraatacó: “Nosotros hace 20 años que venimos denunciando a los barones del conurbano con negociados, con las mafias de la droga y en connivencia con sectores de la policía”.
“Éste es un vuelto por esas denuncias”, consideró el abogado, que hoy se movilizará a la municipalidad de Florencio Varela acompañado de distintas organizaciones para “repudiar la maniobra difamatoria urdida por el intendente Pereyra”.
Calegari recordó su intervención en la defensa de los familiares de Carlos Fretes, un joven de 22 años asesinado presuntamente por un grupo de narcotraficantes en diciembre de 2011. Ese caso, que llegará a juicio oral dentro de un par de semanas, tiene como principal sospechoso a Claudio Mena, un referente barrial que respondería al director de Integración Comunitaria, Jorge Roldán.
En aquel momento, la comuna informó sobre la apertura de un sumario para determinar si existían vínculos entre Roldán y Mena. Por ese hecho, el vicegobernador Gabriel Mariotto pidió y consiguió la intervención de la comisaría 2» y la separación del subcomisario Tomás Rudakoff y de otros oficiales de la seccional. A pocas horas del hecho, en declaraciones a la prensa, Rudakoff había encuadrado el crimen de Fretes en una “narcobatalla entre dos familias por el control del territorio”.
Ayer hubo una pegatina de afiches anónimos en los que se ve la imagen de Calegari -que entre 1993 y 1997 fue concejal por el radicalismo- sobre una leyenda que reza: “Delincuente instigador de usurpaciones de tierras en Florencio Varela. Sepa que los ciudadanos que no cometemos delitos, como los que usted patrocina, también tenemos derechos”.
VIOLENCIA, ARMAS Y MUCHO MIEDO
LA PLATA.- En la zona La Capilla, en asentamientos como Villa Argentina, Sol de Humahuaca o La Esperanza, entre otros de Florencio Varela, hay testimonios que se repiten, temerosos sobre la existencia de bandas narco que ganan el territorio a fuerza de imponer un régimen violento. Historias que hablan de sujetos armados, algunos hasta uniformados, que controlan predios donde operan aeronaves que transportarían droga. “Hay dos o tres pistas clandestinas que operan a la madrugada y hay terrenos donde se ven caer paquetes”, señaló E., uno de los vecinos consultados que pidió absoluta reserva de su identidad. Según P., que habló bajo las mismas condiciones, “hay una avioneta boliviana que quedó acá secuestrada por algún entredicho entre los traficantes”.