Martín Ferrá participó como abogado defensor en los allanamientos por trata de personas que se realizaron en las últimas horas. Esta mañana habló con la 99.9 y denunció irregularidades en los procedimientos. “La situación es gravísima, porque estamos en un Estado democrático”, agregó.
Durante el fin de semana, se dieron a conocer operativos de lucha contra la trata de personas. Esta mañana en la 99.9, el abogado Martín Ferrá se refirió al tema como defensor de algunos de los moradores de los domicilios allanados. “El sábado a las 3.30 recibí un llamado a mi celular de los moradores de un inmueble en Colón y 20 de septiembre, donde varias personas moran, y me requerían asistencia profesional urgente porque estaban sufriendo un allanamiento con intervención del Juzgado Federal y la Prefectura”, explicó.
Al momento de llevar adelante su tarea, comenzaron los problemas: “cuando llegué al lugar, me encontré con una consigna uniformada en la puerta del inmueble. Hace más de 10 años que he tenido intervenciones de este tipo, y voy advirtiendo distintas irregularidades. Una cosa es si hay delito o no, y otra es el procedimiento de las fuerzas del Estado para intentar probar ese delito”, aclaró.
“Me identifiqué con mi credencial, manifesté con nombre y apellido quién me había llamado y le informé al efectivo la facultad que tenía de asistir al control de la legalidad del procedimiento. Se comunicó con el oficial a cargo, pero no me dejaron ingresar, al menos hasta que finalice el proceso”, contó Ferrá, aún absorto por la decisión tomada.
Ante su insistencia, comenzaron las comprobaciones telefónicas, yendo cada vez más alto en la escala de responsabilidades, hasta que recibió una respuesta definitiva: “llegaron a consultarle al juez Santiago Inchausti, y me negaron la posibilidad de controlar el procedimiento. Esto constituye una flagrante violación al derecho de defensa de las personas que requirieron la defensa; es, también, una violación a mi derecho a trabajar en mi profesión. La situación es gravísima, porque estamos en un Estado democrático”.
Lejos de quedarse tranquilo, comenzó a mover otros hilos: “documenté esta violación de derechos. Fui hasta la Seccional Segunda de policía y radiqué la denuncia penal por abuso de autoridad, y pedí que se comunique de manera urgente a la fiscal Andrea Gómez que estaba de turno. Volví al lugar y pedí de nuevo que me permitieran ingresar, ante la negativa pedí un testigo y, como si fuera poco, también radiqué la denuncia al 911”.
Cuando todavía estaba tratando de resolver ese problema, se encontró con otro casi idéntico: “en esos momentos, recibí un llamado de otro allanamiento similar ubicado en Viamonte y Castelli. Me trasladé hacia allí, me encontré con un cuadro muy parecido y, al querer ingresar, otra vez se me negó el acceso. Había algo que no querían que yo controle, pero no lo puedo entender”.
Sabiendo que no le podían negar su derecho a trabajar, el abogado centró su crítica en el hecho específico y la comprobación de la trata de personas: “de las personas que había en el allanamiento, declararon solo cinco. Todas manifestaron estar allí por su propia voluntad. Hay dos de las testimoniales que cuando se les pregunta cuánto ganan por mes, respondieron entre 9.000 y 10.000 pesos por mes. No hay situación de vulnerabilidad si están trabajando por decisión propia ganando ese dinero. Se estira demasiado la norma. La ley de trata es en esencia muy buena, pero con la ambigüedad de los términos es peligrosa”.
Por último, continuando con el detalle de las grandes irregularidades que presenció, Ferrá dedicó un párrafo al arribo de las psicólogas: “se apropiaron de las testigos, prácticamente. Insistieron en una entrevista psicológica donde no se les informa previamente que la entrevista no es obligatoria y que se pueden negar. Esa entrevista se torna un interrogatorio donde sacan información respecto de su actividad en el ejercicio de la prostitución, y luego son citadas en calidad de testigos de cargo ante el juzgado”.