El fiscal general Fabián Fernández Garello avisó que no va a investigar a nadie más arriba de Belmonte en los casos de las licencias truchas de Tránsito. Ahora se sabe que hubo un precedente: una denuncia por otorgar carnets sin pagar las multas pendientes que, sin embargo, no prosperó.
Aquellas fueron las palabras del fiscal general Fernández Garello, refiriéndose a la imposibilidad de que la investigación sobre la corrupción en la Dirección de Tránsito avance más arriba del funcionario Juan Carlos Belmonte. A esta altura es evidente que hubo complicidad de quienes, desde el más alto rango, no sólo hicieron caso omiso del manejo y las ventajas económicas de los carnets de favor, sino que además usufructuaron sus sitios de poder para ellos mismos o para beneficiar a sus amigos. El fiscal avisó que no. Que los vecinos de la ciudad podían ir perdiendo las esperanzas de llegar a la verdad. Dijo precisamente “de Belmonte para arriba, no esperen más”. Es decir que ni loco se va a poner en el lugar de escarbar un poco más arriba, porque,como es vox pópuli en los tribunales, todos los que tienen un fragmento de poder han hecho uso de los mismos contactos, y han mandado su sobrecito con el monto requerido para que el carnet les llegue directamente a su despacho.
Como ya se ha detallado en estas páginas, era de esperarse que nadie en todo el Poder Judicial quisiera llegar al hueso en los casos de corrupción que salpicaban demasiado. Ya tienen dispuesto el chivo expiatorio y suficiente.
En el número anterior, estas páginas detallaron la manera en que el secretario municipal Marcelo Artime concurrió a realizar su licencia para conducir a la sede central, aunque no se ha podido verificar si la gestionó de manera legal o ilegal. Afirman que, concluido el trámite, se le indicó que el carnet demoraría de 7 a 10 días, y llegaría por Correo Argentino a su domicilio. Pero como estos plazos resultaban incómodos para el funcionario, debido a sus tareas, se le confeccionó un carnet municipal, la credencial de color amarillo que cualquiera recordará, que de hecho ya no estaba en vigencia.
El trámite municipal ya derogado desde noviembre de 2011 se habría realizado por orden de terceros, cuando el único carnet habilitado era el plástico nacional de color blanco y azul. Bastante similar es el recorrido que se narra para la obtención de renovación del carnet realizado por Martín Aiello, titular del área de Desarrollo Social, alrededor de un mes después.
Pero hoy Belmonte es el principal sospechoso de las irregularidades en la entrega de licencias de conductor, y también de otorgar registros ilegales, sin llevar adelante las pruebas médicas requeridas. Indican las denuncias que se salteaban las pruebas de manejo, aun en personas efectivamente imposibilitadas para conducir o que no sabían hacerlo.
El costo oscilaba entre los 500 y 800 pesos, y la trama mafiosa del recurso involucró a 25 personas, de los cuales 17 son empleados municipales. Una vez detenidos, los implicados fueron trasladados por personal de Prefectura Naval en el marco de una causa que los imputa por asociación Ilícita, falsificación de instrumentos públicos, defraudación de la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Son Daniel Mostaza, Eduardo Caccivilliani, Sabrina Soria, Brenda Burgos, Leda Araya, Sabrina Morel, Verónica Benedetti, Raúl Hernández, Viviana Beatriz Pared, Fernando Eduardo Peña, Guillermo Castellanos, Carlos Cobos, Carlos Bosch, Daniel Celano, Esther Bonfini, Alberto Zelaschi, Esther Machín, Marcelo Beliz, Jorge Rubilar, Luis Belmonte y, por supuesto, Juan Carlos Belmonte.
Implicados
Considerando solamente las llamadas de principios de marzo de este año al celular de Daniel Eduardo Celano, ya puede verificarse que se piden registros automáticos como si se tratara de un delivery. El funcionario cita a la gente en Juan B. Justo y Francia, y agrega que el precio lo conversarán personalmente. Cuando el cliente pregunta si le entregarán un comprobante que le permita circular, Celano agrega que si lo intercepta un operativo de Tránsito, tiene que pedir que lo llamen a él.
Pero quizá más comprometedora es la llamada de Bruzzeta, el caballero de las inspecciones violentas. Llamó a Celano, y le dijo textualmente que le mandaba un muchacho “para hacer la VTV”. Es decir que Celano no solamente vendía registros, sino que además, entre los productos de su carta parece haber obleas de verificación, aunque aun no queda claro cómo llegaban a sus manos.
Pero con tantas evidencias, el fiscal general no tuvo mejor idea que poner techo a la investigación. Confirmó que pasó a Delitos Económicos la causa por cohecho contra 35 persones que pagaron por el carnet. Aunque, “de Belmonte para arriba, no esperen más”, dijo.
Consultado en primer término sobre la aparición de funcionarios o concejales en la causa, Garello señaló: “Aparecieron un montón de tarjetas diciendo mirá Belmonte te mando a Fulano de Tal, a Mengano. Existen pero objetivamente esto para nosotros no es delito. Además no podemos salir a una caza de brujas”. En esa línea agregó: “vamos a ser muy prudentes. El lote que estamos sacando son esos 35 ciudadanos que de alguna manera evitaron realizar el trámite como correspondía, y en algún caso está comprobado que habrían pagado. En función de esto, han cometido el delito de cohecho pasivo”. Finalmente destacó: “de la línea de Belmonte hacia arriba eso está cortado porque son los que colaboraron con la investigación. De Belmonte para arriba no esperen más porque son los que aportaron valiosísima información para la causa, eso lo dije desde un principio”. Es decir que va a proteger a todos los cómplices, pero no a los ciudadanos comunes que compraron la licencia, ya que ellos no merecen la misma impunidad del sistema, por alguna razón que desconocemos.
Pero nada de esto debe de haber tomado por sorpresa a los funcionarios, ya que existía un precedente dado por la Dirección de Sumarios de la municipalidad hace exactamente un año, cuando se intentó investigar una supuesta irregularidad en el otorgamiento de licencias de quienes no habían cumplimentado el pago de las multas pendientes, tal como indica la normativa vigente.
En aquel momento, el agente Miguel Ángel Vidal -único responsable del registro de Infractores de la Dirección de Tránsito- se dirigió a los jueces de faltas y comunicó que él mismo había ordenado una auditoría en el sector a su cargo por haberse detectado certificados ilegales de libre deuda ilegal. Los jueces –Oteiza, Castelao y Maffioni-, por supuesto, comunicaron lo acontecido a la Fiscalía General Departamental, ante la posibilidad de que se estuviera cometiendo un delito de acción pública.
Vidal prestó declaración, y explicó que se desempeña en Mesa de Entradas del Tribunal de Faltas, y que es él el único agente con clave autorizada para inhabilitar a una persona para la obtención del carnet, ya sea por dictamen de la junta médica o por sanción judicial. Es decir que cuando el ciudadano solicita un turno para la obtención de carnet personalmente o vía web, se le informan las contravenciones pendientes. Una vez que ha saldado su deuda, se le emite un libre deuda por mesa de entradas, con un timbrado oficial, con el cual la persona se dirigirá a la División de Licencias de Conducir.
Ahora bien, informa Vidal que estuvo de vacaciones durante enero de 2013, y que se presentaron personas con certificados de libre deuda irregulares, o con firmas falsas atribuidas a él o a sus compañeras de trabajo, lo cual oportunamente informó al subsecretario de Control, Adrián Alveolite, quien le recomendó realizar la auditoría interna.
El agente Vidal ha explicado, además, que los datos pueden migrar en el sistema, es decir que los empleados del área de Licencias pueden ver tales multas. Por lo que, ante una caída del sistema informático deben interrumpir los trámites y no otorgar ninguna licencia.
Los responsables del sistema informático afirmaron que tales fallas serían muy eventuales, pero en cambio los empleados dijeron que el sistema se caía permanentemente. Por esa razón, la cuestión era preguntarle sobre estas y otras cuestiones al Director General de Transporte, Guillermo Iglesias, que simplemente nunca se presentó a declarar. Así nomás.
Por supuesto que sí se presentaron los empleados del área en cuestión. Y todos ellos fueron contestes en decir que las fallas en el sistema eran frecuentes, y que Belmonte había consultado a sus superiores sobre qué hacer en tales casos. Las respuestas de Guillermo Iglesias, del subsecretario de Control Adrián Alveolite, y en algunos casos del secretario de Gobierno Marcelo Artime, habrían sido idénticas: dieron la orden verbal de continuar con los trámites aunque no pudieran ver en pantalla las multas impagas, porque de lo contrario al día siguiente se juntarían demasiadas personas con trámites pendientes. Esto permite cualquier estafa.
Obviamente que hubiera sido necesario que la Dirección de Transporte se presentara con la documentación pertinente para evaluar todos los dichos anteriores. Y también que la declaración de su responsable permitiera deslindar las responsabilidades expresadas en el intento de sumario, pero tal cosa nunca sucedió. Iglesias nunca vino.
Por esa razón, la abogada instructora del área de sumarios de la comuna debió dictar el sobreseimiento provisorio de todos los empleados implicados en la posible irregularidad, y dar por terminado el trámite en octubre pasado. Pero a nadie escapa que tales fallas en el sistema pueden no ser casuales, y que de esa manera ellos mismos, los funcionarios, podrían darle el carnet a quien quisieran.
Una más, otra más. Ellos saben que sabían. Todos lo saben. Encima existía el antecedente del intento de sumario cuando se sabía que nada estaba claro, y un empleado denunció certificados de libre deuda cuya firma es falsa. Pero no quisieron ver, porque a nadie le convenía. Finalmente, el único que dice la verdad termina siendo Fernández Garello. Él dijo, claramente: “No esperen más”. Y va a cumplir.