Vaciamiento y defraudación. Una resolución judicial ordena intervenir la empresa pesquera Antonio Barillari S.A., que fuera virtualmente vaciada por algunos de sus herederos, en perjuicio de los demás. Una denuncia penal busca establecer las responsabilidades sobre los delitos. La nueva administración buscará salvar lo que quede del patrimonio.
La historia se refiere a la megasucesión de una de las grandes empresas pesqueras de la ciudad, Antonio Barillari S.A., y de los desmanes que comenzaron en cuanto José Barillari murió en un accidente automovilístico en el sur del país. A partir de ese momento, según se relata, comenzó una etapa oscura, en la cual ha sido imposible no solamente saber a cuánto asciende el capital de la firma, sino también cuántos son los dividendos que arrojan las acciones comerciales que realiza, que deberían ser repartidas entre los herederos.
No se han presentado los balances necesarios, y la firma está en convocatoria de acreedores desde 2008, cuando contaba con 14 barcos, 146 vehículos y tres plantas pesqueras: una en Mar del Plata, una en Comodoro Rivadavia y una más en Caleta Olivia. Un imperio que comenzó con un calabrés que vendía pescado en Buenos aires, que fue feliz cuando pudo comprarse un carro de caballos, y casi no dormía. Él era Antonio Barillari; hoy, los herederos dan vergüenza.
Según informó en entrevista concedida a la emisora 99.9 el abogado Horacio Caruso, letrado representante del heredero Luis Leonardo Barillari, considerando sólo el último año antes de la convocatoria, la exportación de langostino a España realizada por la firma ascendió a un monto de treinta millones de dólares. Pero ese dinero nunca ingresó al país, y menos que menos a la distribución entre los herederos que forman parte del proceso sucesorio. Desde allí, no hacen falta demasiados datos más para comprobar la malversación de fondos que afecta a todos los herederos, que han visto deteriorado su capital en un virtual vaciamiento de la empresa.
Caruso informó que este proceso de investigación ha llevado un año y medio, y que afortunadamente ahora han sido beneficiados con la decisión de la jueza en lo Civil y Comercial Patricia Juárez, quien determinó nombrar a una de las herederas, Alejandra Barillari, como administradora. Ella será quien ejecute la intervención judicial, tras revocar el poder de administración de Francisco Barillari, socio mayoritario sobre quien recaen las sospechas de malversación. Ha sido él quien no ha permitido siquiera que se pueda establecer cuál es el patrimonio actual de la empresa, y por lo tanto a cuánto asciende el 20% que corresponde a los ahora reclamantes.
El camino del vacío
Según se relata, los bienes de la empresa vienen desapareciendo desde el 2004; no hay un balance ni inventario, y desde el 2001, los dividendos que se han depositado a cuenta de los demás integrantes de la firma representan cifras que la jueza considera insignificantes en proporción al capital estimado y los volúmenes de su operatoria en la exportación de pescado.
En aquella fecha se produjo la dimisión de la entonces administradora Dra. Bibbo, quien había ordenado un depósito de $900.000 a nombre de los herederos, lo cual nunca se llevó a cabo.
Ya en 2007, el abogado Zarlenga Solá -en representación de los herederos de José Barillari- había denunciado que no se estaban distribuyendo las utilidades de la empresa entre los herederos, pero la única respuesta fue la convocatoria de acreedores, que empeoró la situación, y data de 2008.
Ahora la acción judicial pretende imponer medidas cautelares que protejan lo que queda de la firma y su patrimonio, ya que, según se denuncia, la mayoría de sus bienes han desaparecido, transferidos a nombre de terceros que son obviamente testaferros en el proceso de malversación y administración fraudulenta. Pero el abogado Caruso considera que estas operaciones son fácilmente rastreables, ya que en todas ellas ha quedado la “huella digital” de sus autores.
De Franciso Barillari se dice además que llegó a comprar las acciones que pertenecían a la hermana y su marido, pero utilizando para ello dinero de la empresa y no el suyo propio. De comprobarse esta operación, esas acciones pertenecerían al total de los herederos, y dejarían de integrar el patrimonio personal del exadministrador, que lo ubicaba como socio mayoritario.
Según afirma Caruso, el objetivo de la gestión es volver a “parar” la empresa -en sentido figurado, volver a ponerla de pie-, en la medida en que sea posible recuperar los bienes. En la actualidad, dice Caruso, su cliente y heredero de la firma está “prácticamente en la calle”, cuando debería participar de una sucesión millonaria, que importa un mínimo de treinta millones de dólares de capital, más allá de las utilidades. De ahí que resulte fundamental que la jueza haya decidido el nombramiento de la nueva administradora, Alejandra Barillari, de profesión despachante de aduana, cuyas tareas han quedado delimitadas en el dictamen:
a) Tendrá las más amplias facultades para revisar los libros contables y administrativos y los registros informáticos de la empresa, tomar nota y fotocopiarlos, y recabar información de los estudios profesionales que han llevado adelante la contabilidad de la empresa, para lo cual podrá ser asistida por la contadora Dina P. Sacchet.
b) Tendrá derecho a acceder a la información y documentación que requiera sobre cada uno y todos los bienes -materiales e inmateriales- que conforman el patrimonio de la empresa, como al contacto directo con las instalaciones, muebles e inmuebles para conocer su estado.
c) Para realizar esta tarea deberá recibir la colaboración inmediata de directores, contadores, síndicos, gerentes y dependientes de la empresa, bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial y puesta a disposición del renuente a la justicia penal.
d) Deberá, en el lapso de un año, realizar un inventario y hacer una estimación del valor de los bienes, sin perjuicio de la obligación de verificar el estado actual del paquete accionario, en el lapso de treinta días.
e) Participará en las reuniones de directorio como representante y administradora del sucesorio con los derechos, obligaciones y responsabilidades que le otorga tal calidad, sin que ello importe el desplazamiento de los restantes directores en ejercicio, y sin perjuicio de sus derechos como accionista.
Las funciones serán ejercidas por el lapso de un año a partir de la puesta de posesión en el cargo por parte del Oficial de Justicia; siempre que se promuevan las acciones societarias correspondientes, sea de remoción de administrador, impugnación de asambleas o rendición de cuentas, dentro del plazo de 30 días.
Además de esto, el abogado Caruso presentó una demanda de carácter penal, la cual abarca a Francisco Barillari, Roberto Alfredo Muguillo, María Teresa Muguillo, Gabriela Ana Barillari, Domingo López, el presidente de empresa de Combustibles Zona Común S.A, Marcelo Duarte, Mario Daniel Celasco, Gustavo Mario García, Roberto Hugo Fernández, Carlos Lorenzo Choco, Fernando Horacio Vasto y Juan José Deluglio, por los cargos de abuso de confianza, defraudación , administración fraudulenta, estelionato y desbaratamiento de derechos. La acusación cae sobre Roberto Alfredo Muguillo en su carácter síndico suplente y apoderado legal de la sociedad Antonio Barillari S.A., presidente de las asambleas ordinarias de esta sociedad y accionista de Pesquera Meridional S.A., vinculada a aquélla. También María Teresa Muguillo, síndico y apoderada legal de la sociedad Antonio Barillari S.A. y también accionista de Pesquera Meridional. Gabriela Ana Barillari, en su carácter de tenedora del 6,58% de las acciones de la sociedad, y Domingo López, como ex accionista al momento del concurso de la sociedad Barillari, e integrante del Comité de Vigilancia de Acreedores de dicho proceso falencial. Además se implica a quien resulte ser presidente de empresa de combustibles Zona Común S.A., Espigón 1, Banquina Puerto, Mar Del Plata Sur, por fallecimiento del presidente anterior, en su carácter de integrante del Comité de Vigilancia de Acreedores del concurso preventivo.
Se menciona a Marcelo Duarte, en tanto fue presidente de la sociedad Antonio Barillari, a Mario Daniel Celasco, que fue vicepresidente, y Gustavo Mario García, como contador. Se agregan Roberto Hugo Fernández, auditor y Carlos Lorenzo Choco, en su carácter de asesor económico contable del directorio. Fernando Horacio Vasto y Juan José Deluglio, ambos síndicos de la sociedad hasta hoy.
Parece mentira. Antonio Barillari, el fundador, vino a nuestro país, como inmigrante de Calabria, con su profesión de pescador como único capital, en el año 1949. La esposa e hijos menores llegaron en 1951. Se radicó en la zona de Lomas del Mirador, del conurbano bonaerense, en la casa de una hermana que lo alojó por cinco años, y así comenzó a revender pescado fresco, comprado en el viejo mercado Spinetto de la Capital Federal, en el barrio de Caballito.
Debía realizar todos los días su periplo de compras en un carro con caballos, cuyo trayecto realizaba diariamente desde las 0 hasta las 4 de la madrugada, para luego salir a comercializar su producto en la feria de Mataderos durante la mañana.
Simultáneamente, la esposa explotaba un puesto de frutas en la misma feria desde las 4 de la madrugada de cada día. Luego de 5 años, pudieron adquirir -en compensación de ese sacrificio de trabajo- su propio terreno en Villa Insuperable, donde construyeron su casa propia con la mano de obra de toda la familia, inmueble que aún hoy se encuentra en el activo de la sociedad.
Con tiempo y sacrificio, comenzó a escalar una mejor posición económica. Alquiló un puesto en un mercado en Mataderos y continuó comprando el pescado en el mismo lugar, pero ahora en una chata Chevrolet de 1928. Por supuesto que este proceso fue lento y les llevó varios años obtener ese avance en su situación económica. Pero lo hizo.
Hoy, años después, sus nietos herederos se muerden entre hermanos, se estafan y malversan los bienes que recibieron. Se portan como comadrejas, y tiene que venir una jueza a detener la rifa que terminaría con el imperio del abuelo. Algo está tan mal, que da pena contarlo.