Fuerte réplica de los acreedores que entraron al canje contra las entidades que trabaron el pago depositado por la Argentina. Los abogados de los tenedores de títulos dicen que leyes de Bélgica y Luxemburgo impiden la aplicación de las decisiones del juez Griesa. Quiénes son los fondos que ponen en jaque el accionar de los fondos buitre.
Los bonistas europeos pasaron al ataque y ya recurrieron al poder judicial de Bélgica con acciones contra las entidades financieras que no procesaron los pagos que realizó la Argentina. En un documento presentado la semana pasada ante el juez Thomas Griesa, el equipo legal de los acreedores advirtió sobre esta decisión y especificó que tanto la ley belga como la de Luxemburgo hacen inaplicable cualquier orden judicial que pretenda restringir la distribución del dinero.
“Los tenedores de bonos europeos iniciaron litigios en Bélgica contra Euroclear y el Bank of New York Mellon Bruselas para obtener una orden que confirme que los mandatos judiciales (emitidos en Estados Unidos) son inaplicables en ese territorio”, planteó Christopher J. Clark, abogado de los bonistas, en la página 16 del documento.
Los fondos involucrados son Knighthead Capital Management, Redwood Capital Management, Perry Capital, VR Global Partners, Monarch Master Funding, Silver Point Capital, QVT Fund, Quintessence Fund, y Centerbridge Partners (cada uno en representación de sí mismo o de un grupo de fondos manejados o aconsejados por estos).
El argumento central utilizado por los bonistas es que el parlamento belga aprobó una ley en 2004 modificando la implementación de un acuerdo continental de 1999 para evitar una situación similar a la actual, pero con los bonos reestructurados en Nicaragua. En esa ocasión la entidad presionada judicialmente también era Euroclear, pero los legisladores de Bélgica fueron más allá y elaboraron un sistema por el que cualquier otra entidad financiera tanto belga como europea no puede ser limitada en su tarea de distribuir pagos.
“El propósito de la ley belga es salvaguardar la liquidez de los mercados financieros, garantizando que las cuentas de liquidación de los acuerdos estén libres de obstrucciones”, explicó el representante de los acreedores europeos.
En tanto, el abogado del estudio Latham & Watkins también apuntó que la ley de Luxemburgo se pronuncia en el mismo sentido y prohíbe los mandatos judiciales contra la distribución de los fondos por parte de Clearstream. El artículo 15 de la Ley de Valores del país establece que no se puede forzar ningún movimiento con respecto a las cuentas atadas a los bonos protegidos por los acuerdos europeos.
Si la situación no es aclarada, se hará imposible que las entidades financieras cumplan simultáneamente con los fallos judiciales y con sus obligaciones contractuales bajo ley extranjera, con lo que estarían enfrentando litigios adicionales y juicios inconsistentes.
“Esta corte puede evitar esas complicaciones clarificando que Euroclear, Clearstream, BoNY Bruselas y BoNY Luxemburgo están excluidos del ámbito de aplicación de las acciones judiciales, y dejando en claro que estas no están dirigidas al procesamiento del pago de los eurobonos que sólo involucran partes extranjeras, moneda extranjera y tienen lugar fuera de los Estados Unidos”, agregó el abogado.
Además sostuvo que avanzar en este sentido no disminuirá el poder de las decisiones del juez Griesa, ya que las partes que deben avanzar con los pagos de los títulos de bonos bajo ley estadounidense seguirán siendo alcanzados.
ENTIDADES SEPARADAS. Aunque Euroclear mantiene una pequeña oficina en Nueva York para mantener relaciones con los clientes y dar apoyo en diferentes casos, eso no la ata a la jurisdicción de los Estados Unidos según jurisprudencia establecida por la Corte Suprema norteamericana. En esta línea, los holdouts reconocieron en sus presentaciones que las entidades a las que hoy en día quieren forzar no son de EE UU.
La llamada “norma de entidades separadas” establece que “cada sucursal del banco es tratada como una entidad separada (…) sin ninguna relación con las cuentas mantenidas por los depositantes en otras sucursales”. Bajo esta doctrina “el mero hecho de que un banco tenga una sucursal en Nueva York es insuficiente para implicar cuentas que se encuentran fuera de Nueva York”. El documento elevado por los eurobonistas cita un párrafo de un texto de los buitres en el que señalan que “[Las órdenes] específicamente nombran entidades – Clearstream Banking SA, Euroclear Bank SA/NV, The Bank of New York Luxembourg (…) que no son son corporaciones americanas.”
El abogado de los acreedores apuntó además que en un caso previo manejado por la misma corte involucrada hoy, el juez reconoció que no tenía jurisdicción sobre Euroclear y Clearstream denegando medidas cautelares contra estas entidades. “No tengo jurisdicción sobre propiedad que están únicamente en un país extranjero. No la tengo, punto. No puedo avanzar con el pedido sobre los bonos ubicados en Bélgica y Alemania”, sostuvo Griesa en su momento en el caso Seijas v. Argentina.
NEGOCIACIÓN. Para mostrar su voluntad de continuar cobrando normalmente como hasta el momento, en una de las notas al pie de su documento los bonistas subrayaron que apoyan la negociación entre la Argentina y los holdouts supervisada por el auxiliar judicial Daniel Pollack. “Los bonistas europeos creen que una solución negociada va a ser beneficiosa para todas las partes y que la cláusula Rights Upon Future Offers (RFIO) no es un impedimento para llegar a un acuerdo”, sostuvieron.
En esta línea agregaron que de todas formas entienden que este acuerdo puede llevar tiempo hasta ser alcanzado, y que esa es una de las razones por las que creen fundamental que se aclare que ninguna orden judicial puede trabar sus fondos.
Las claves del caso
Nuevos juicios: “Los tenedores de bonos europeos iniciaron litigios en Bélgica contra Euroclear y el Bank of New York Mellon Bruselas para obtener una orden que confirme que las órdenes (emitidas en Estados Unidos) son inaplicables en ese territorio”, planteó el abogado Christopher J. Clark en la página 16 del documento presentado ante Griesa.
Bélgica: El argumento central utilizado por los bonistas es que el parlamento belga aprobó una ley en 2004 modificando la implementación de un acuerdo continental de 1999 para evitar una situación similar a la actual pero con los bonos reestructurados en Nicaragua. .
Luxemburgo: En tanto, el abogado también apunta que la ley de Luxemburgo se pronuncia en el mismo sentido y prohibe los mandatos judiciales contra la distribución de los fondos por parte de Clearstream. Separación: La llamada “norma de entidades separadas” establece que “cada sucursal del banco es tratada como una entidad separada (…) sin ninguna relación con las cuentas mantenidas por los depositantes en otras sucursales”
Apoyo a la negociación: “Los bonistas europeos creen que una solución negociada va a ser beneficiosa para todas las partes y que la cláusula Rights Upon Future Offers (RFIO) no es un impedimento para llegar a un acuerdo”, sostuvo el abogado de los bonistas.