Un contrato suma pruebas del andamiaje político que armó el fondo Elliott en los Estados Unidos en la disputa por la deuda argentina. El republicano Connie Mack actuó a la medida de Paul Singer en el Parlamento y recibió financiación para su campaña y la de su esposa. Cuando dejó la banca, creó una firma que tiene un único cliente: el think tank buitre ATFA.
Los fondos buitre reforzaron su equipo de lobbystas en su disputa por la deuda argentina con el ex diputado republicano Connie Mack IV y evidenciaron el andamiaje político afianzado en los últimos años para operar al interior del Congreso norteamericano. Durante sus mandatos legislativos (2005-2013) el republicano devenido lobbysta impulsó iniciativas a la medida del dueño de NML, Paul Singer, quien en 2012 financió su fallida campaña para pasar de Diputados al Senado, y en los últimos meses le pagó U$S 160 mil para que continúe su trabajo de influencias desde el costado privado. Desde su banca, también esgrimió fuertes posiciones anti-Argentina.
Mack comunicó en enero de este año que descartaba la posibilidad de volver a candidatearse para el Congreso en las elecciones de noviembre y que elegía dedicarse al trabajo de lobby –legal en EE UU– a través de la marca Mack Strategies. Luego de ocho meses de actividad oficial, el 94% de sus ingresos declarados corresponden a los servicios que le presta a la American Task Force Argentina (ATFA), organización que agrupa a los buitres liderados por el mismo hombre para el que trabajaba indirectamente cuando era político. También representa a la corporación de casinos Las Vegas Sands, pero esta solo le aportó U$S 10 mil dólares.
Su trabajo lobbysta durante el primer semestre estuvo apuntado en particular al proyecto Judgement Evading Foreign States Act, descripto como una legislación que busca mantener vigente la responsabilidad de los países por sus deudas con acreedores de Estados Unidos y “defender las sentencias judiciales en contra de estas naciones”.
Cornelius Harvey McGillicuddy IV (nombre original del republicano) supo ser una suerte de punto de apoyo para los intereses buitres dentro del Congreso y, además de encargarse de las relaciones públicas con sus colegas, impulsó proyectos para cerrarle a la Argentina la posibilidad de obtener cualquier tipo de financiamiento en suelo norteamericano.
El más claro ejemplo estuvo en la Judgment Evading Foreign States Accountability Act, que sponsoreó en 2011 y 2012. En ese último año fue la única iniciativa en la que trabajó al interior del Subcomité de Asuntos Extranjeros en el Hemisferio Norte, comisión que presidía. “Obama cree que Argentina es amiga de los Estados Unidos y le da la espalda a los intereses estadounidenses en el exterior (…). Invito a mis colegas en el Congreso a unirse al intento de evitar que las naciones como Argentina generen mayores daños financieros a EEUU y sus ciudadanos”, expresó en una carta al resto de los diputados.
Con estos antecedentes, no es casualidad que durante la campaña con la que buscaba renovar su banca en 2012, Elliott Management haya sido el segundo aportante con U$S 46,997.
Las ayudas económicas no terminan ahí, sino que en el mismo año la organización American Unity (también financiada por Singer) destinó U$S 423 mil para la campaña legislativa de Mary Bono Mack, que en ese momento era esposa del lobbysta. Esta se candidateaba para mantenerse en la Cámara de Representantes después de 15 años de mandatos seguidos, pero perdió la elección y al año siguiente se divorció de Mack.
Los lazos entre Singer y la familia Mack fueron aprovechados por Bill Nelson, el demócrata que derrotó al alfil de los buitres en la elección de Florida. Con anuncios de televisión que denunciaban a Connie de hacer “favores para beneficiar” a Singer en el Congreso, el competidor puso al republicano en una situación incómoda. La respuesta de Mack estuvo repleta de ataques a la Argentina pero no aclaró la naturaleza de su relación con el dueño de Elliott Management.
“Es sorprendente –absolutamente chocante– que Bill Nelson emita un anuncio de televisión atacándome por defender los intereses comerciales norteamericanos de las acciones dañinas e ilegales de la dictadura de Argentina”, sostuvo Mack públicamente.
INFLUENCIA. Con los U$S 730 mil que ATFA gastó en lobby declarado durante 2014, la cifra total de los fondos destinados a influenciar congresistas en los últimos siete años supera los U$S 5 millones.
En Estados Unidos el lobby es una actividad institucionalizada que cuenta con una red compleja de reglas y limites que son difíciles de demarcar. Los grupos de presion deben registrarse a partir de la Ley de Divulgacion del Lobby (LDA, por sus siglas en inglés) y el flujo de dinero tiene que ser informado al Estado, que luego comunica los resultados oficialmente a traves de la Oficina de Registros Públicos del Senado.
Aunque de esta forma se blanquean nombres y estrategias de aquellos que buscan influir en la elaboracion de leyes y reglas, la industria del lobby guarda una dinámica que no se condice con las cifras oficiales. En los papeles está desapareciendo rapidamente, con caídas en el gasto global y la cantidad de lobbystas registrados, pero como apuntó el analista Lee Fang en el semanario The Nation, “no esta muriendo, sino que simplemente esta pasando a la clandestinidad”. Segun Lee Drutman, un experto en lobby de la Sunlight Funtadion, en general se gasta al menos el doble de lo que es oficialmente reportado.
Los nombres de los otros “consultores” y “relaciones publicas” que trabajan en las firmas contratadas por ATFA muestran que la búsquedfa de antecedentes políticos está en el centro del interés de los buitres.
Robert Raben, fundador del grupo de lobby Raben Group y a su vez cabeza de ATFA –la organizacion le paga a la consultora de su propio titular– fue fiscal general adjunto del Departamento de Justicia durante la presidencia del demócrata Bill Clinton. La dirección de ATFA también cuenta con Robert Shapiro, asesor de Clinton durante la campaña y subsecretario de Comercio durante el gobierno, y con Nancy Soderberg, que durante la misma gestión alcanzó el rango de embajadora como representante suplente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.
Los nombres y conexiones con altos niveles de la política alcanzan también a varios de los hombres que el estudio Covington & Burlin puso a trabajar en los intereses de ATFA. Por caso, el abogado Stuart Eizenstat fue embajador de EE UU ante la Unión Europea entre 1993 y el 96 y subsecretario del Tesoro entre 1999 y 2001.
Celebró la muerte de Hugo Chávez.
Mack no sólo tuvo posiciones anti Argentina en el Parlamento estadounidense. También marcó la cancha ante los que consideró “enemigos de los Estados Unidos”. Tanto es así, que se atrevió incluso a celebrar el fallecimiento del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. “Por años, Hugo Chávez utilizó el miedo, la demagogia y la fuerza para destruir la libertad, la esperanza y los sueños del pueblo venezolano. Hizo alianzas militares y económicas con los peores enemigos de Estados Unidos. Nacionalizó negocios y robó la riqueza del campo. Intentó embarcar a Latinoamérica a una era de despotismo y tiranía”, dijo horas después de su muerte. En la misma línea, el republicano concluyó: “Hoy no penamos la muerte, sino que celebramos la posibilidad de que Venezuela pueda volver a nacer como nación libre, segura y próspera a nivel democrático”.
Albright, otro cuadro.
Otra de las políticas que reclutó el fondo buitre NML fue, hace poco más de un mes, Madeleine Albright.
Según publicó en aquel entonces en el diario estadounidense The New York Post, Singer incluyó en su equipo de operaciones contra Argentina a la firma Albright Stonebridge Group, encabezada por la ex secretaria de Estado de Bill Clinton.
Albright, nacida en la vieja Checoslovaquia y quien tuvo fuertes intervenciones en el conflicto de la ex Yugoslavia, tiene en su empresa a otros funcionarios de administraciones americanas anteriores. Entre ellos el ex secretario de Comercio de George Bush y CEO de la alimenticia Kellog Carlos Gutiérrez; y el ex encargado de Seguridad de la misma administración, Samuel Berger.