Una nueva ley prevé que las empresas paguen una cantidad por kilómetro al trabajador que use el vehículo de pedales.
Anfitriona de la próxima conferencia internacional mundial sobre el clima (COP-21), en diciembre de 2015, Francia emprende medidas de imagen. La ley sobre la Transición Energética para el Crecimiento Verde, aprobada el lunes día 13 por la Asamblea Nacional, incluye un plan de movilidad para las empresas de más de cien empleados. Aún por concretar, el plan baraja incentivos fiscales para las empresas cuyos trabajadores acudan al trabajo en transporte público y en bicicleta. Las empresas pagarían a los trabajadores un tanto por kilómetro recorrido en bici para llegar al trabajo y, a cambio, las empresas recibirían ventajas fiscales.
La Federación Nacional de Asociaciones de Usuarios del Transporte, que ha analizado el proyecto, que aún debe pasar por el Senado, estima que se ha minimizado lo referente al desarrollo del transporte alternativo, desde el coche compartido hasta la bici.
Las ciudades francesas, y en particular París, no destacan por sus favorables condiciones para el tráfico ciclista, aunque se está haciendo un esfuerzo. El Gobierno incentivará también económicamente a quienes cambien su vehículo diésel, el más contaminante, por otro eléctrico.
El gran objetivo de la ley es la reducción de la cuota nuclear en la producción de energía del 75% actual a un 50% en el año 2025. Como horizonte se contempla la reducción a la mitad del consumo de energía en el 2050.
La ministra responsable, Ségolène Royale, afirma que esta ley francesa -que va muy por detrás de sus análogos alemanes- va a ser “referencia para Europa y el mundo en cuanto a reconciliación entre crecimiento y ecología”, dos términos considerados antagónicos por la mayoría de las organizaciones de defensa del medio ambiente.